Desde la Sección Sindical de CCOO, queremos desearos todo lo mejor para esta Navidad.

 

La ley de interinos pasa sin cambios por la comisión del Senado

 El proyecto de ley de reducción de la temporalidad en el sector público ha sido aprobado sin cambios por la Comisión de Función Pública en el Senado, en una sesión en la que los grupos de la oposición han coincidido en pedir cambios y en resolver la "inseguridad jurídica" que provocará la normativa. Así lo han advertido estos lunes representantes de estos grupos, que han reconocido no obstante que el texto -que ya había recibido el visto bueno del Congreso- recoge mejoras respecto a versiones anteriores.

FUNCIÓN PÚBLICA

Así afecta a los interinos la nueva ley aprobada en el Congreso

El documento ha salido adelante con 16 votos a favor, 13 abstenciones y ningún voto en contra, y ha sido aprobado sin incluir ninguna de las 109 enmiendas propuestas. La ley, que desarrolla un real decreto, pretende reducir la temporalidad del sector público al 8 %, desde el 30 % actual, lo que conlleva un proceso de estabilización que podría afectar a más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024.

Plazas fijas sin oposición

A lo largo del trámite parlamentario se ha establecido que las administraciones convocarán por el sistema de concurso, sin oposición, las plazas ocupadas "con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016", es decir permite a interinos con esta antigüedad optar a plazas fijas sin oposición sino vía concurso de méritos.

La senadora del PP Esther Basilia del Brío ha lamentado el rechazo de los grupos que apoyan al Gobierno a las enmiendas, y ha incidido en que el texto adolece de una mayor participación por parte de comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones.

Ha atribuido esta actitud a la necesidad de encontrar una "solución rápida" debido a que forma parte del conjunto de medidas que el Gobierno se comprometió con Bruselas a aprobar en el marco del Plan de Recuperación.

"La ley puede convertir al Gobierno en la Empresa de Trabajo Temporal (ETT) más injusta de España", ha defendido la senadora, cuyo grupo también ha advertido de la "litigiosidad" que creará la legislación sino se resuelve los problemas de "inseguridad jurídica" que plantean, en su opinión, algunas partes del texto.

También José Luis Muñoz, de Ciudadanos, ha advertido de los conflictos judiciales que se abrirán una vez aprobada la ley si no se introducen mejoras y ha citado como ejemplo que no recoja la concesión de una indemnización a aquellos interinos que lleven más de tres años en esa situación.

"La ley recoge avances respecto al 'Icetazo' -en alusión al proyecto planteado inicialmente por el ministro Miquel Iceta-", ha admitido el senador del Partido Aragonés Clemente Sánchez-Garnica, quien ha recordado que España tiene "abiertos dos procedimientos sancionadores" por parte de la Unión Europea (UE) por incumplir sus obligaciones en materia de empleo público.

Las críticas también han llegado desde el grupo parlamentario Izquierda Confederal (que agrupa a Compromís, Más Madrid, Geroa Bai y En Comú Podem, entre otras formaciones), cuyo portavoz, Carles Mulet, ha pedido al Ejecutivo "respeto" al Senado y le ha instado a tener en cuenta las enmiendas de los grupos para mejorar el documento.

"El margen para que prosperen es nulo. Es una práctica que mina la confianza que tenemos en el actual Gobierno (...) Les pedimos que rectifiquen, porque hablamos de mejorar la situación de muchísimas personas", ha esgrimido Mulet, quien, no obstante, ha reconocido que el texto final está "más cerca" de su posición de partida que la que tenía el Ejecutivo en un principio.

Por el contrario, el senador socialista Santiago José Castellà ha defendido que el proyecto de ley sí ha sido consensuado y ha recalcado que el problema de la interinidad se concentra en ayuntamientos, diputaciones y gobiernos regionales, ya que "la Administración General del Estado cumple con creces el mandato de cuotas de temporalidad".

Cómo superar el síndrome de estar quemado

Es un mal que afecta a muchos y se conoce como ‘burnout’. Las señales son aislamiento, baja autoestima y dudas sobre nuestras capacidades profesionales.

 PILAR JERICÓ

09 DIC 2021 - 02:29 CET

Uno no se da cuenta de repente. Es un proceso que te va envolviendo poco a poco. Se empieza por el desconcierto, no sabes qué te pasa, por qué te cuesta levantarte o por qué no tienes ganas de ir a trabajar. No puedes descansar por las noches, porque la cabeza se enreda con los problemas del trabajo. Empiezas a ser pesimista. Ves las cosas peores de lo que realmente son y surgen problemas cuando antes eran simples incidencias. Todo ello te hace estar de mal humor y lo pagas con los que te rodean. Poco a poco, te vas aislando, tu autoestima personal se cae a los suelos y comienzas a dudar hasta de tus propias capacidades profesionales”.

Con estas palabras explica un afectado por el síndrome del trabajador quemado o burnout, como se le conoce en inglés, el proceso por el que atraviesa. La Organización Mundial de la Salud lo definió en 2019 como estrés crónico en el puesto de trabajo con tres claras consecuencias: sentimiento de agotamiento profundo, una actitud negativa hacia el trabajo y una reducción de la eficacia profesional. La covid-19 ha acentuado esos síntomas. “Nos hemos sentido más vulnerables por los acontecimientos y somos más proclives a quemarnos en nuestro trabajo”, reflexiona Antonio Pamos, doctor en Psicología y profesor de la Universidad Camilo José Cela.

El burnout no es un problema solo de quien lo sufre, sino de la organización y de la sociedad en su conjunto. Según Jennifer Moss, autora del libro The Burnout Epidemic, las consecuencias de este síndrome suponen la pérdida de un billón de dólares en productividad anual en todo el mundo, un gasto de 190.000 millones en atención médica y la muerte de 120.000 personas al año solo en Estados Unidos a causa del agotamiento. Estamos hablando de un problema realmente serio que daña a muchas personas, que trasciende del ámbito laboral y que afecta no solo a quienes trabajan dentro de una organización, sino a otro tipo de profesionales, como autónomos o empresarios. Incluso a familiares y amigos que conviven con alguien que se encuentra quemado.

Para remediarlo, tanto las organizaciones como los propios afectados deben tomar medidas. “Caer en este síndrome lleva tiempo; salir, también. En algunos casos necesitamos apoyarnos en especialistas y en otros podemos autorregularnos si actuamos a diferentes niveles: el fisiológico, el emocional y el mental”, explica Pamos.

El primer paso consiste en reconocer que estamos quemados. Todos podemos sufrir este síndrome, pero parece que existen personas más proclives. Quienes son vocacionales o altamente dedicados pueden sufrir las consecuencias con más intensidad. Así sucede con profesores, enfermeros o profesionales del mundo de las ONG. Según la investigación de Sharon Maylor, de Walden University, algunos rasgos del carácter nos hacen ser más vulnerables a sufrir burnout. Los perfeccionistas, los introvertidos o aquellos que son muy analíticos, más sensibles a los posibles riesgos, poco impulsivos o asumen un exceso de responsabilidad de lo que sucede tienen más posibilidades de padecerlo. Por tanto, si deseamos reducir el impacto del burnout en nuestra vida, necesitamos mejorar en nuestro autoconocimiento; es decir, aprender a identificar lo que nos sucede.

Uno de los niveles sobre los que hay que trabajar es el fisiológico. “Debemos tratar de eliminar la ansiedad a través de técnicas de relajación, mejorar la respiración o mindfulness, por ejemplo”, sostiene Pamos. Para eso es importante dedicar tiempo a cuidarse, como ha demostrado una investigación. Según el análisis realizado por Yu Tse Heng y Kira Schabram, de la Universidad de ­Washington, las personas que dedicaron 10 minutos al día a cuidarse, con técnicas de relajación, cocinar alimentos sanos o, incluso, echarse una siesta, reducían su percepción de agotamiento al día siguiente. Además, practicar la compasión hacia los demás conseguía reducir el cinismo derivado del burnout.

Otro de los síntomas de este síndrome es la percepción de aislamiento. La manera de evitarlo es actuar en el nivel emocional; es decir, abrirse a nuevas conversaciones con personas queridas, pedir ayuda para salir del bucle mental en el que nos encontramos y recordar cómo éramos antes de encontrarnos así. No para despertar la nostalgia, sino para comprender que es un estado temporal, no algo inherente a nosotros. Que podemos salir. Como reconoce alguien que sufrió burnout, “tú mismo te conviertes en alguien tóxico porque estás mal y te rodeas de personas igual de tóxicas, que se quejan de todo cuanto sucede”. El objetivo es saber decir no a dichas relaciones y comenzar a rodearse de personas más positivas, con conversaciones más amables.

Por último, el nivel mental consiste en ampliar nuestra perspectiva personal. Es cierto que pasamos muchas horas dedicadas al trabajo, pero el trabajo es solo una parte de nosotros mismos. Valorar lo que ya tenemos, como nuestra familia, la salud o los amigos, nos ayuda a relativizar y a colocar en el sitio justo los problemas laborales y el agotamiento asociado. Lógicamente, alcanzar esta actitud lleva tiempo. A veces hace falta ayuda exterior, en otras ocasiones, tomar decisiones, como cambiar de trabajo o de amistades, pero lo importante es actuar para salir de ese agotamiento por uno mismo y por las personas que nos quieren.

Los interinos con más de 5 años serán funcionarios en 2022 en cualquier entidad pública

 Las Administraciones Públicas convocarán el 1 de junio de 2022 como fecha límite las plazas temporales ocupadas y el 31 de diciembre de 2024 cerrarán el proceso.

Javier Martín

08/12/2021 10:21:27

Actualizado a: 09/12/2021 09:43:11 CEST

El Gobierno quemó la pasada semana otra etapa más en su carrera particular por estrechar el cerco sobre el problema endémico de la temporalidad en el empleo público. El Ejecutivo de coalición PSOE - Unidas Podemos no solo consiguió la aprobación de anteproyecto de la nueva Ley de Empleo, si no también la Ley de Medidas Urgentes de Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.

La misma materializa que los empleados interinos del sector laboral público puedan convertirse en funcionarios por concurso de méritos. En otras palabras, que aquellos que lleven ocupando la misma plaza de forma continuada desde el 1 de enero 2016, es decir, con más de cinco años de antigüedad, puedan conseguir una plaza fija sin necesidad de superar un concurso de oposición, como antes era necesario.

Ha sido una medida polémica que levantó el recelo entre algunos sectores del funcionariado, partidos políticos como VOX o incluso la Abogacía del Estado, que alertaba de su “inconstitucionalidad”. Por ello, el texto remarca como puntual la antigüedad como aspecto clave para determinar el método y las posibilidades de acceso a una plaza fija de funcionario, en cualquier sección de las entidades públicas nacionales.

Plazo para acabar con la temporalidad de los interinos

Un plazo de dos años y medio es el que se ha marcado el Gobierno en su hoja de ruta de acción para tratar de atajar la situación de temporalidad y consecuente indefinición de más de 300.000 trabajadores estatales. Para ellos, el único requisito que contempla el artículo 61.6 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para convertirse en funcionario es el de haber permanecido al menos más de cinco años en el cargo, es decir, llevar desde 2016 en ese puesto. A esto se le añadiría únicamente completar un concurso de méritos, que puede variar su grado de dificultad según las autonomías. Sobre todo en aquellas con segunda lengua oficial.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo ha adelantado una novedad reciente. Los interinos podrán tener acceso a los puestos en los que están desarrollando su actividad laboral actual, donde están labrándose esa antigüedad y méritos, pero también abre la posibilidad a la creación de nuevas plazas para salir a concurso, indistintamente de que todavía no se hubieran convocado. 

El calendario marca el 1 de junio de 2022 como fecha límite para ofertar las plazas temporales ocupadas y el 31 de diciembre de 2024 como final del proceso. Habrá convocatoria a nivel estatal, autonómico y de entidades locales. Aunque esta vez se extiende su radio de acción a sociedades mercantiles públicas y a entidades públicas empresariales, así como a las fundaciones y consorcios públicos.

Concurso - oposición para los interinos con menos de 5 años 

Aquellos que no dispongan de esa antigüedad requerida de más de cinco años en el puesto para convertirse en fijos, también tendrán opciones y no estarán excluidos. Al menos los que cuenten con más de tres años. En este caso, sí que tendrán que superar un concurso - oposición además del de méritos. Como contempla el documento que se aprobó la pasada semana, los ejercicios en fase de oposición desde 2017 no serán excluyentes.

De interinos a funcionarios: se mantendrán trienios acumulados

Estos potenciales funcionarios fijos mantendrán los trienios acumulados durante esos años de interinidad. “Los años como interino se tendrán en cuenta de acuerdo con lo dispuesto en la ley de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública”, han confirmado al respecto desde la Función Pública.

Dicho de forma más sencilla, las cuentas evidencian que todo interino que pase automáticamente a ser funcionario tendrá como mínimo un trienio acumulado y en la mayoría de los casos dos. Cada tres años, equivalente a un trienio, la tabla de retribuciones del personal funcionario para 2021 de la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos establece un aumento salarial anual del interino o funcionario de 206 a 618 euros, según su nivel de pertenencia. Esto quiere decir que optarán a ser fijos y se les respetará el aumento de sueldo por antigüedad.

El recorte del teletrabajo irrita a los funcionarios

 

Los trabajadores públicos solo podrán trabajar a distancia un 20% de su tiempo a partir de este mes

ÁLVARO SÁNCHEZ

Madrid - 03 OCT 2021 - 05:45ACT.: 03 OCT 2021 - 05:45 CEST

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Jesús Durán tiene la sensación de que le han arrebatado una de las pocas cosas buenas que ha traído la pandemia. Desde septiembre del año pasado alterna una semana trabajando en casa con otra acudiendo de forma presencial a su puesto de trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Pero esa rutina ha llegado a su fin. El Gobierno ha fijado octubre como el mes de la vuelta a la oficina, y a partir de ahora solo se permitirá como máximo un día a la semana en remoto, con la excepción de los enfermos de cáncer o inmunodeprimidos. Para Durán, de 37 años, eso significa tener que recorrer con mucha más asiduidad los 39 kilómetros que separan su casa de Málaga de la localidad de Álora, donde ejerce como jefe del área de prestaciones. “Sienta mal. Si no hubiésemos respondido se entendería, pero no ha sido el caso. Incluso hemos corrido con los gastos del teletrabajo con nuestros medios personales. Espero que más adelante, cuando se normalice todo de verdad, se flexibilicen las medidas”, afirma al teléfono mientras conduce hacia casa tras terminar su jornada.

El organismo en el que trabaja ha sufrido especialmente las consecuencias de la pandemia. El auge de los ERTE llevó el volumen de trabajo a niveles inasumibles. Esa carencia trató de paliarse con la contratación de 1.500 interinos al empezar la crisis sanitaria, pero no serán renovados. 500 de ellos ya salieron el 30 de junio, y el resto lo hará antes de que acabe el año. Durán lo lamenta porque cree que han hecho un trabajo inmenso, y si algo ha aprendido en los cinco años que lleva en el SEPE es que el trabajo nunca se acaba. “No paran de entrar solicitudes online junto a las presenciales. La falta de personal es obvia y ya existía antes de que empezara la pandemia. Somos seis mil y pico y los sindicatos estiman que deberíamos ser 10.000″. En medio de una labor tan exigente, opina que la distancia, especialmente si tienes hijos a cargo, permite una mejor conciliación. “Ante cualquier problema con los niños, como tener que ir a recogerlos antes, sabes que puedes ir en cualquier momento y luego ese tiempo lo recuperas por la tarde. Si estás en la oficina presencial, ese tiempo no lo recuperas. Eres más eficiente en casa, incluso regalas horas y resuelves más expedientes”.

El regreso a la oficina cambiará los hábitos de unos 230.000 empleados públicos de la Administración General del Estado. Carolina Frías, secretaria general de CC OO para dicho sector, sostiene que era necesario. “Aunque se pueden hacer por internet trámites de extranjería, trafico, seguridad social, SEPE o agencia tributaria, no se puede privar a la ciudadanía de su derecho a que le atienda alguien presencialmente. Tenemos una población envejecida y se tiene que mantener la presencialidad en estos servicios”. Sin embargo, estima que debían haberse permitido al menos dos días de trabajo a distancia, y censura que se deje al arbitrio de los jefes la decisión sobre cómo y cuándo quedarse en casa. “Puede llevar a desigualdades. A ti sí y a ti no porque yo lo digo. Es uno de los motivos por los que no hemos firmado esta resolución”.

En organismos como la Tesorería de la Seguridad Social, la mayoría de empleados llevan meses en un sistema de turnos presenciales. Pero hay excepciones. Una de sus trabajadoras, que prefiere permanecer en el anonimato, no ha regresado a la oficina desde que empezó la pandemia debido a motivos personales sobre los que no quiere hablar. Ahora se muestra contrariada ante la tesitura de que puedan pedirle volver. Entre otras tareas, se encarga de modificar datos personales, dar de alta a empleadas de hogar y tramitar altas en la Seguridad Social. Y está convencida de que con el teletrabajo salen ganando tanto usuarios como funcionarios.

Primero porque no cree que su regreso vaya a redundar en una mejora de la atención al público. “Es cómodo contactar con la Administración. Yo resuelvo trámites que a veces me envían el día antes a las doce de la noche. Y el usuario se ahorra el tiempo en la sala de espera, el desplazamiento, y tener que pedir permiso en el trabajo”. Y segundo por su propio bienestar. “Todos vivimos lo que supone ir al trabajo por la mañana. Va todo el mundo acelerado. Tardo casi una hora en metro, con lo que no llego hasta casi dos horas después de haberme levantado. No es lo mismo levantarte fresca con un café que trabajar tras ir en el metro atosigada. Eso sin entrar en cuestiones medioambientales. Nos estamos cargando el planeta”, esgrime. Otra de sus compañeras coincide en que la vuelta es innecesaria. “Casi toda la atención es telemática. Si se volvieran a abrir las puertas de la oficina lo entendería, pero ahora no se atiende a nadie sin cita previa. Vamos a hacer exactamente el mismo trabajo”.

Isabel Pintado, funcionaria del Ministerio de Agricultura próxima a jubilarse, dice haber detectado entre sus compañeros cierta decepción por el recorte de horas a distancia. “Disponer de un día o el equivalente a ocho horas a lo largo de la semana les parece insuficiente. Se han acostumbrado a llevar al niño al colegio y a estar en casa cuando llegan paquetes de Amazon”, relata. En su caso, no lleva tan mal el cambio. “Estoy encantada de salir de casa, quitarme el chándal y desayunar con mis compañeros. Supongo que la Administración ha estudiado los pros y contras aprendidos durante la pandemia, por ejemplo no descuidar la atención presencial a los ciudadanos. Muchos no se llevan bien con internet”. Otras, como Lourdes, tienen razones de peso para hacer el trayecto del hogar al trabajo a diario. Hace un mes empezó en el Ministerio de Educación en un puesto que no tiene nada que ver con el anterior, así que no ha faltado ni un solo día. “Si no estás allí no te enteras de nada, tienes que preguntar a unos y a otros, hay jornadas de formación... ni me he planteado no ir”.

Bandazos del Gobierno

Los sindicatos también han puesto sobre la mesa el argumento sanitario. Miguel Ángel Rozas, delegado de CSIF en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), ve una excesiva relajación. “La pandemia no ha terminado. Parece que con lo del volcán se han olvidado de que hay un virus. ¿Dónde ha quedado eso de que el teletrabajo ha llegado para quedarse? Comer aquí cuesta 13 o 14 euros, la cafetería es muy pequeña y el edificio no está preparado”, critica.

Los bandazos del Ejecutivo no han gustado a los sindicatos, que no han respaldado la medida. Desde UGT se dicen perplejos por la actitud del Gobierno. “Cada día nos traslada un planteamiento nuevo. Tenemos firmado un acuerdo con [Miquel] Iceta que permite teletrabajar hasta tres días a la semana”, recuerdan. En abril, el entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, firmó ese compromiso que ahora se ha reducido para sorpresa de los representantes sindicales. “La resolución no se corresponde con la filosofía sobre la digitalización, la reducción de emisiones y el ahorro energético que defiende el Gobierno”, lamenta CSIF. Otra cuestión que solivianta a los sindicatos es que mientras se apuesta por la presencialidad para las plantillas, no sucede lo mismo con sus cursos de formación o las mesas de negociación que mantiene con el Ejecutivo.

Entre el coro de malestar, Jesús Durán ve un lado positivo a su mayor presencia en la oficina de empleo. “Imagínate cómo se siente la gente cuando la echan de su trabajo. No están en una situación psicológica buena y mientras los atiendes te lo van soltando. Muchas veces lloran delante de ti y haces de psicólogo”.

Jubilarse dos años antes podrá suponer un recorte de hasta 7.889 euros en la pensión

 

Para una jubilación ordinaria el castigo irá del 2,81% al 21%

Si se accede a la pensión tras un despido, la reducción puede llegar al 30%

El Congreso de los Diputados comenzará en los próximos días a discutir el primer paquete de medidas para la reforma de las pensiones acordado entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos el pasado julio. Este pacto, que ligará las jubilaciones a la evolución de la inflación y contempla un aumento de las bonificaciones por el retraso de la pensión, también incluirá un endurecimiento de las penalizaciones para aquellos que decidan adelantar su retiro profesional.

Este nuevo esquema, que pretende aumentar la vida laboral de los españoles para acercar la edad real de retiro a la legal, incluye una serie de coeficientes reductores en caso de adelantar la jubilación que dependerán del tiempo cotizado: el recorte más agresivo se le aplicará a aquellas personas que adelanten su jubilación y hayan cotizado menos de 38 años y medio (la rebaja oscilará entre el 3,26% y el 21%); en el segundo escalón se encuentran los que hayan cotizado menos de 41 años y seis meses (del 3,11% al 19%); después los que hayan cotizado menos de 44 años y medio (del 2,96% al 17%); y, por último, los que hayan cotizado más de 44 años y medio, que se arriesgarán a un recorte de entre el 2,81% (por adelantarla un mes) y el 13% (por jubilarse dos años antes).

Diferentes supuestos

Estos coeficientes reductores, a su vez, se traducirán en distintas cantidades dependiendo del importe de la pensión. Para una persona con menos de 38 años y medio cotizados, que tenga derecho a una jubilación máxima (cuyo importe anual se encuentra en los 37.567 euros) y que haya decidido retirarse dos años antes, el recorte sería de 7.889 euros, dejando esta pensión en 29.678 euros. Si, por el contrario, esta misma persona decidiese jubilarse un año antes en vez de dos, la reducción sería de 2.066 euros.

Por último, si este trabajador optase por adelantar el retiro tan solo un mes (se aplica una reducción del 3,26%), su pensión perdería 1.224 euros al año. Por su parte, para una pensión mínima (está en 9.569 euros) con una carrera corta (menos de 38 años y medio cotizados), adelantar dos años el retiro costará 2.009 euros anuales. Si este mismo trabajador decidiese retirarse un año antes, el recorte se queda en 526 euros anuales.

Para otro profesional, en este caso una persona con una carrera profesional un poco más larga, de menos de 41 años y medio, que decida retirarse dos años antes, el recorte oscilará entre 7.137 euros (en el caso de una pensión máxima) y 1.818 euros (una mínima). Adelantar el final de la carrera profesional un año costará entre 1.972 y 502 euros.

En el tercer escalón de cotización, para los que no llegan a superar la barrera de los 44 años y medio, el castigo por retirarse dos años antes de la edad legal (que actualmente está en 66 años, pero que irá avanzando de manera paulatina hasta los 67 años en 2027), estará entre 6.389 (para las máximas) y 1.626 euros. Por un año de adelanto, el recorte se reduce a una horquilla de entre 1.878 y 478 euros.

En último lugar, para las carreras de cotización más largas, un adelanto de dos años supondrá una reducción de entre 4.883 y 1.244 euros. Retirarse un año antes, por su parte, acarreará una penalización que oscilará entre los 1.784 (pensiones máximas) y 454 euros (mínimas).

Jubilación tras despido

Otra posibilidad, ya fuera de los anteriores supuestos, es que el trabajador haya accedido a la jubilación tras un despido, la cual en este caso se podría adelantar hasta cuatro años. Dependiendo del tiempo cotizado, retirarse cuatro años antes acarreará un castigo de entre el 30% y el 24% sobre el importe de la pensión; mientras que si el pensionista en cuestión solo se adelanta un mes, la penalización oscilaría entre el 0,63% y el 0,5%.

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS Italia se convierte en el primer país occidental en imponer la vacunación a todos los trabajadores

 El Gobierno aumenta la presión sobre los reticentes al obligar a los empleados a acreditar que están inmunizados o someterse a una prueba diagnóstica cada dos días. El incumplimiento acarreará multas y suspensión de empleo y sueldo

DANIEL VERDÚ

Roma - 16 SEPT 2021 - 18:49 CEST

Italia es ya el primer país del mundo occidental que obligará a sus ciudadanos a vacunarse para ir a trabajar o prestar servicios a domicilio, ya sea en la empresa privada o el ámbito público. En realidad, los empleados deberán tener en regla su certificado verde, que básicamente acredita la inmunización a través de la vacuna o la realización en los últimos dos días de una prueba con resultado negativo. Esta opción, sin embargo, no es viable para utilizarla a diario con fines profesionales, por lo que las imposiciones del Ejecutivo son más bien una fórmula técnica destinada a convencer a la población de vacunarse y terminar definitivamente con las resistencias. Italia ya fue pionera en Europa al introducir el pasado abril la obligatoriedad de vacunarse para los trabajadores sanitarios. Hace unas semanas dio un paso más e implantó el uso obligatorio del certificado covid también para los profesores.

 

El salvoconducto será a partir del 15 de octubre obligatorio para todos los trabajadores, un sector que abarca a 23 millones de personas. Da igual si son autónomos, si se trata de servicios a domicilio como el fontanero o las cuidadoras, si trabajan en multinacionales o son funcionarios de la Administración. Solo los autónomos que trabajan en su domicilio han quedado eximidos. En el caso de los empleados, el trabajador será enviado a su casa si no tiene el certificado. Si no lo presentase en un plazo de cinco días, se le suspenderá de sueldo y podrá ser multado con hasta 1.000 euros. La posibilidad de despedirlo, que también estaba sobre la mesa, ha quedado descartada por considerarse inconstitucional. Son los empleadores quienes deberán organizarse creando alguna figura que se dedique a controlarlo. Si no lo hicieran, también se expondrán a las mismas sanciones. “Esto es algo que no se ha visto en ningún lugar de Europa”, lanzó el ministro de Administraciones Públicas en una rueda de prensa en la que también participaron los responsables de Justicia, Sanidad y Asuntos Regionales.

 

Sevilla/14-07-2021: Sanitarios administran la vacuna de Pfizer en el centro de vacunación instalado en el Estadio Olímpico de Sevilla.

FOTO: PACO PUENTES/EL PAIS

Casi la mitad de los españoles cree que la vacunación contra la covid debería ser obligatoria

La medida, sin embargo, trasciende a Europa y no tiene parangón en el mundo occidental. EE UU impuso hace una semana la obligación de vacunarse a 100 millones de trabajadores. Se trataba de aquellos empleados en empresas con plantillas superiores a 100 personas y a trabajadores federales. Pero en ningún caso se llegó al extremo que ahora impondrá Italia, que solo dejará fuera de esa norma a quien realice teletrabajo o a quien no pueda vacunarse por razones médicas (en ese caso servirá el test de antígenos realizado, como mucho, dos días antes). De hecho, el mismo decreto obliga a bajar los precios de las pruebas: cero euros para quien no pueda vacunarse, ocho para los menores y 15 para los mayores de edad, hasta el 31 de diciembre. La idea de la extensión del certificado es persuadir a los antivacunas y a unos tres millones de trabajadores que se encuentran indecisos ante la necesidad de recibir el suero.

 

El certificado covid o pase verde, como se conoce en Italia, se ha convertido ya en una herramienta imprescindible para la vida cotidiana. Se trata, en suma, de una obligación general de vacunación para la población. Pero sin recurrir a una medida cuya constitucionalidad sería algo dudosa y que todavía genera reticencia entre algunos sectores. “El certificado es un instrumento para tutelar los espacios de libertad que hemos conquistado con mucha fatiga”, señaló tras el Consejo de Ministros la titular de Asuntos Regionales, Maria Stella Gelmini. Se exige ya para comer en el interior de los restaurantes, para entrar en teatros, museos, cines y gimnasios o viajar en trenes de larga distancia. En Italia cerca del 65% de los 60 millones de habitantes del país ha recibido la pauta completa de vacunación y el 73% se ha inmunizado con al menos una dosis. Estas cifras están ligeramente por encima de la media de la Unión Europea: el 60% tiene la pauta completa, y un 66%, al menos una dosis. El Ejecutivo ha ido extendiendo de manera gradual sus usos, no exento de oposiciones. El mero planteamiento de hacerlo obligatorio solo para los trabajadores públicos ya ha desatado protestas y conflictos con los sindicatos estos días.

 

Un agente de policía comprueba el certificado verde de una mujer en la estación de tren Porta Garibaldi de Milán.

Un agente de policía comprueba el certificado verde de una mujer en la estación de tren Porta Garibaldi de Milán.LUCA BRUNO / AP

El principal roce en el seno del Ejecutivo de coalición se ha producido con la Liga de Matteo Salvini, que hasta el último momento mantuvo la duda sobre si iba a apoyar la medida. Parte de su electorado rechaza el salvoconducto y la idea de vacunación obligatoria. Pero la otra mitad, especialmente aquella que pertenece a la vieja Liga Norte y se encuentra más cerca del mundo empresarial, como los gobernadores de regiones como Friuli-Venezia Giulia o Véneto, han presionado para que fuera aceptado.

 

La concesión supone una nueva derrota de Salvini, especialmente preocupante para sus intereses cuando sus votantes más radicales están yendo en masa hacia Hermanos de Italia, el partido de la ultraderechista Giorgia Meloni, la única formación que ha quedado fuera del Ejecutivo y que representa ahora de forma más nítida las posiciones soberanistas. La exigencia del establishment de que modere sus posiciones contrastan con la falta de un proyecto más centrado. Y las dudas estratégicas le están creando un enorme problema en los sondeos.

 

Draghi ha demostrado en los últimos meses que no se deja influir por el infinito ruido de la política italiana. Una ventaja evidente para sacar adelante la complicada agenda de reformas que ha diseñado y llegar al objetivo de la inmunidad de rebaño en Italia. Pero algunos sectores critican que el Parlamento haya quedado a veces silenciado por el rodillo que ha aplicado.

 

En el Gobierno ha habido también discusión entre ministros de distintos partidos a propósito de las salas culturales. El ministro del ramo, Dario Franceschini, había pedido que la obligación del certificado verde para casi todas las actividades públicas, incluidas el trabajo desde el 15 de octubre, comportase volver a recuperar la capacidad normal en los recintos culturales. Pero el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, se ha negado y Draghi se puso de su lado. En 15 días, el Gobierno decidirá si relajar medidas de distanciamiento en lugares de reunión. Pero de forma orgánica, no solo en salas culturales.