Los gobiernos de Brasil y España defienden un modelo de gestión económica que funciona y que construye sociedades más justas y prósperas
Una de las ideas zombi que más veces resucita pese a haberse demostrado falsa es que los gobiernos de derecha son buenos para la economía y los de izquierda están condenados a la ineficiencia. La razón es una concepción limitada de la economía que ignora las múltiples dimensiones de la sostenibilidad o la distribución del crecimiento. La experiencia neoliberal en muchos países aumentó el déficit público, profundizó las desigualdades, generó crisis recurrentes y dejó economías más frágiles. Con frecuencia han sido los gobiernos progresistas quienes ordenaron las cuentas que la derecha dejó debilitadas. No obstante, una parte de la izquierda ha caído en la trampa de entregar a la derecha la bandera del crecimiento, la sostenibilidad fiscal y el control de la inflación pese a que la evidencia mostraba que los había defendido mejor. Esto ha debilitado su credibilidad ante los ciudadanos que simplemente quieren trabajar, emprender y mejorar su vida.
Los gobiernos de Brasil y España impulsan dos proyectos políticos con el bienestar compartido como brújula, donde el PIB no es un fin en sí mismo sino el bienestar de las familias en su día a día. Los hechos pesan más que los discursos. Los buenos resultados de estas políticas en nuestros países demuestran que hay un modelo progresista de gestión económica que funciona y que construye sociedades más justas y prósperas.
En Brasil, retomamos la senda de responsabilidad fiscal con justicia social que fue abandonada por el gobierno anterior. Aumentamos la transparencia y redujimos beneficios tributarios que favorecían desproporcionadamente a grandes grupos económicos, ampliando las políticas sociales. El resultado es un desempleo en mínimos históricos, la renta de los hogares creciendo y millones de personas saliendo de la pobreza.
En España, logramos compatibilizar una de las mayores tasas de crecimiento entre las grandes economías avanzadas por tres años consecutivos con la caída del déficit a su nivel más bajo en dos décadas, ocupación récord — generamos cinco de cada diez nuevos empleos de la zona euro — y reformas estructurales que ya mejoran la calidad del empleo, la productividad y la innovación. La lección es la misma. Responsabilidad fiscal, crecimiento y desarrollo social no se contradicen, sino que se refuerzan, pero requieren políticas valientes y ambiciosas.
Este es el camino alternativo que el mundo necesita ante el resurgimiento de un modelo económico que antepone el interés del mercado al colectivo. La promoverá el Consejo Global sobre la Nueva Economía del Siglo XXI, un foro de destacados economistas que formulará políticas económicas progresistas que respondan a la rápida transformación de la economía mundial. El Consejo, cuyo anfitrión inicial será España, celebrará su primera reunión presencial en octubre en un paso clave para dejar atrás la ortodoxia económica que ha fallado a la mayoría.
Las tres grandes transiciones que el mundo enfrenta —demográfica, ecológica y digital— ofrecen una oportunidad para construir economías más productivas, justas, resilientes y soberanas. La transición demográfica tensiona los sistemas de protección social en ambas orillas del Atlántico. Mientras que España tiene una de las pirámides poblacionales más envejecidas del mundo, Brasil comienza a ver cerrarse el bono demográfico que impulsó su desarrollo. La respuesta conservadora que recorta prestaciones y eleva la edad de jubilación traslada el coste a quienes menos pueden soportarlo. Nuestra apuesta es aumentar la productividad y construir sistemas tributarios más justos y progresivos. Brasil acaba de aprobar una reforma del impuesto sobre la renta que exonera a 15 millones de trabajadoras y trabajadores de renta media-baja e impone una contribución mínima efectiva a quienes perciben rendimientos muy elevados. En paralelo, España gravó los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y bancarias para financiar la respuesta a la escalada inflacionista tras la invasión rusa de Ucrania, y fue pionera con un impuesto a las grandes fortunas.
La transición ecológica constituye la base del desarrollo del siglo XXI. Brasil posee activos estratégicos sin parangón, como la mayor selva tropical del mundo, las mayores reservas de agua dulce y una matriz eléctrica renovable. El presidente Luiz Inácio Lula ha hecho de la protección de la Amazonia un pilar de la política exterior brasileña, porque protegerla no es renunciar al desarrollo, sino garantizar que sea duradero. España, donde la transición verde es uno de los ejes centrales de la política económica, se ha transformado en un referente mundial en energías limpias. Las renovables generan más de la mitad de su electricidad y el país es el segundo destino mundial de nueva inversión en el sector. La menor dependencia de los hidrocarburos ha amortiguado el impacto de la guerra en Irán sobre los hogares y abaratado la electricidad para sus industrias.
La transición digital decidirá las condiciones de vida de las próximas generaciones. Hoy unas pocas empresas controlan la infraestructura tecnológica sobre la que operan nuestras economías y democracias. Como señaló el papa León XIV, esta concentración entraña riesgos serios de deshumanización, porque esas empresas optimizan la rentabilidad de sus accionistas y no la cohesión social ni la integridad democrática. Para afrontar este reto, Brasil combina la regulación de plataformas con el fomento de centros de datos y un marco para la inteligencia artificial (IA) basado en la gestión de riesgos. España, a su vez, ha propuesto prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, exigiendo mayor responsabilidad a las grandes plataformas y contribuyendo al desarrollo de una IA que respete la dignidad, la autonomía y la equidad.
El mundo que tenemos hoy no es el mundo que aspirábamos a construir. Las guerras y el extremismo han regresado y el multilateralismo está siendo desmantelado. Los aranceles unilaterales, el control del acceso a los mercados como instrumento de presión y la sustitución de la diplomacia por la amenaza perjudican a todos. Nuestra responsabilidad como ministros de economía es reafirmar que las diferencias entre naciones se resuelven mediante el diálogo y el derecho. La firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea —el mayor de la historia por PIB combinado— es la expresión más concreta de esa apuesta por el orden multipolar, donde ambos gobiernos tuvieron un papel central.
El presidente Lula ha ejercido un liderazgo diplomático desde esa convicción, manteniendo los canales abiertos con todos los actores, renunciando a los alineamientos automáticos y reafirmando que el Sur Global tiene voz propia. El presidente Pedro Sánchez ha defendido el derecho internacional frente a las acciones unilaterales y una Unión Europea con mayor autonomía estratégica. Ambos gobiernos han demostrado que políticas progresistas no son solo positivas para la economía, sino que también construyen sociedades más estables y justas.
Frente a la lógica de la fuerza, la lógica del derecho. Frente a la fragmentación, la gobernanza multilateral. Frente a la concentración tecnológica, la soberanía digital al servicio de las personas. Y frente a quienes reducen el progresismo a un ejercicio de identidad y de banderas, una convicción más exigente. El progresismo no se mide en los discursos, sino en las vidas que transformamos. En si las personas trabajan en mejores condiciones. En si pueden pagar el alquiler a fin de mes. En si sus hijos tienen acceso a una educación que les abra oportunidades reales.
Eso es lo que estamos construyendo. Eso es lo que defendemos. Y eso es lo que el mundo necesita ver demostrado, hoy más que nunca, por gobiernos que están del lado de su pueblo.
