El Gobierno aumenta la presión sobre los reticentes al obligar a los empleados a acreditar que están inmunizados o someterse a una prueba diagnóstica cada dos días. El incumplimiento acarreará multas y suspensión de empleo y sueldo
DANIEL VERDÚ
Roma - 16 SEPT 2021 - 18:49 CEST
Italia es ya el primer país del
mundo occidental que obligará a sus ciudadanos a vacunarse para ir a trabajar o
prestar servicios a domicilio, ya sea en la empresa privada o el ámbito
público. En realidad, los empleados deberán tener en regla su certificado
verde, que básicamente acredita la inmunización a través de la vacuna o la
realización en los últimos dos días de una prueba con resultado negativo. Esta
opción, sin embargo, no es viable para utilizarla a diario con fines
profesionales, por lo que las imposiciones del Ejecutivo son más bien una
fórmula técnica destinada a convencer a la población de vacunarse y terminar
definitivamente con las resistencias. Italia ya fue pionera en Europa al
introducir el pasado abril la obligatoriedad de vacunarse para los trabajadores
sanitarios. Hace unas semanas dio un paso más e implantó el uso obligatorio del
certificado covid también para los profesores.
El salvoconducto será a partir
del 15 de octubre obligatorio para todos los trabajadores, un sector que abarca
a 23 millones de personas. Da igual si son autónomos, si se trata de servicios
a domicilio como el fontanero o las cuidadoras, si trabajan en multinacionales
o son funcionarios de la Administración. Solo los autónomos que trabajan en su
domicilio han quedado eximidos. En el caso de los empleados, el trabajador será
enviado a su casa si no tiene el certificado. Si no lo presentase en un plazo
de cinco días, se le suspenderá de sueldo y podrá ser multado con hasta 1.000
euros. La posibilidad de despedirlo, que también estaba sobre la mesa, ha
quedado descartada por considerarse inconstitucional. Son los empleadores
quienes deberán organizarse creando alguna figura que se dedique a controlarlo.
Si no lo hicieran, también se expondrán a las mismas sanciones. “Esto es algo
que no se ha visto en ningún lugar de Europa”, lanzó el ministro de
Administraciones Públicas en una rueda de prensa en la que también participaron
los responsables de Justicia, Sanidad y Asuntos Regionales.
Sevilla/14-07-2021: Sanitarios
administran la vacuna de Pfizer en el centro de vacunación instalado en el
Estadio Olímpico de Sevilla.
FOTO: PACO PUENTES/EL PAIS
Casi la mitad de los españoles
cree que la vacunación contra la covid debería ser obligatoria
La medida, sin embargo,
trasciende a Europa y no tiene parangón en el mundo occidental. EE UU impuso
hace una semana la obligación de vacunarse a 100 millones de trabajadores. Se
trataba de aquellos empleados en empresas con plantillas superiores a 100 personas
y a trabajadores federales. Pero en ningún caso se llegó al extremo que ahora
impondrá Italia, que solo dejará fuera de esa norma a quien realice teletrabajo
o a quien no pueda vacunarse por razones médicas (en ese caso servirá el test
de antígenos realizado, como mucho, dos días antes). De hecho, el mismo decreto
obliga a bajar los precios de las pruebas: cero euros para quien no pueda
vacunarse, ocho para los menores y 15 para los mayores de edad, hasta el 31 de
diciembre. La idea de la extensión del certificado es persuadir a los
antivacunas y a unos tres millones de trabajadores que se encuentran indecisos
ante la necesidad de recibir el suero.
El certificado covid o pase
verde, como se conoce en Italia, se ha convertido ya en una herramienta imprescindible
para la vida cotidiana. Se trata, en suma, de una obligación general de
vacunación para la población. Pero sin recurrir a una medida cuya
constitucionalidad sería algo dudosa y que todavía genera reticencia entre
algunos sectores. “El certificado es un instrumento para tutelar los espacios
de libertad que hemos conquistado con mucha fatiga”, señaló tras el Consejo de
Ministros la titular de Asuntos Regionales, Maria Stella Gelmini. Se exige ya
para comer en el interior de los restaurantes, para entrar en teatros, museos,
cines y gimnasios o viajar en trenes de larga distancia. En Italia cerca del
65% de los 60 millones de habitantes del país ha recibido la pauta completa de
vacunación y el 73% se ha inmunizado con al menos una dosis. Estas cifras están
ligeramente por encima de la media de la Unión Europea: el 60% tiene la pauta
completa, y un 66%, al menos una dosis. El Ejecutivo ha ido extendiendo de
manera gradual sus usos, no exento de oposiciones. El mero planteamiento de
hacerlo obligatorio solo para los trabajadores públicos ya ha desatado
protestas y conflictos con los sindicatos estos días.
Un agente de policía comprueba el
certificado verde de una mujer en la estación de tren Porta Garibaldi de Milán.
Un agente de policía comprueba el
certificado verde de una mujer en la estación de tren Porta Garibaldi de
Milán.LUCA BRUNO / AP
El principal roce en el seno del
Ejecutivo de coalición se ha producido con la Liga de Matteo Salvini, que hasta
el último momento mantuvo la duda sobre si iba a apoyar la medida. Parte de su
electorado rechaza el salvoconducto y la idea de vacunación obligatoria. Pero
la otra mitad, especialmente aquella que pertenece a la vieja Liga Norte y se
encuentra más cerca del mundo empresarial, como los gobernadores de regiones
como Friuli-Venezia Giulia o Véneto, han presionado para que fuera aceptado.
La concesión supone una nueva
derrota de Salvini, especialmente preocupante para sus intereses cuando sus
votantes más radicales están yendo en masa hacia Hermanos de Italia, el partido
de la ultraderechista Giorgia Meloni, la única formación que ha quedado fuera
del Ejecutivo y que representa ahora de forma más nítida las posiciones
soberanistas. La exigencia del establishment de que modere sus posiciones
contrastan con la falta de un proyecto más centrado. Y las dudas estratégicas
le están creando un enorme problema en los sondeos.
Draghi ha demostrado en los
últimos meses que no se deja influir por el infinito ruido de la política
italiana. Una ventaja evidente para sacar adelante la complicada agenda de
reformas que ha diseñado y llegar al objetivo de la inmunidad de rebaño en
Italia. Pero algunos sectores critican que el Parlamento haya quedado a veces
silenciado por el rodillo que ha aplicado.
En el Gobierno ha habido también
discusión entre ministros de distintos partidos a propósito de las salas
culturales. El ministro del ramo, Dario Franceschini, había pedido que la
obligación del certificado verde para casi todas las actividades públicas,
incluidas el trabajo desde el 15 de octubre, comportase volver a recuperar la
capacidad normal en los recintos culturales. Pero el ministro de Sanidad,
Roberto Speranza, se ha negado y Draghi se puso de su lado. En 15 días, el
Gobierno decidirá si relajar medidas de distanciamiento en lugares de reunión.
Pero de forma orgánica, no solo en salas culturales.
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