El proyecto de ley de reducción de la temporalidad en el sector público ha sido aprobado sin cambios por la Comisión de Función Pública en el Senado, en una sesión en la que los grupos de la oposición han coincidido en pedir cambios y en resolver la "inseguridad jurídica" que provocará la normativa. Así lo han advertido estos lunes representantes de estos grupos, que han reconocido no obstante que el texto -que ya había recibido el visto bueno del Congreso- recoge mejoras respecto a versiones anteriores.
Así afecta a los interinos la nueva ley
aprobada en el Congreso
El
documento ha salido adelante con 16 votos a favor, 13 abstenciones y ningún
voto en contra, y ha sido aprobado sin incluir ninguna de las 109 enmiendas
propuestas. La ley, que desarrolla un real decreto, pretende reducir la
temporalidad del sector público al 8 %, desde el 30 % actual, lo que conlleva
un proceso de estabilización que podría afectar a más de 300.000 plazas
estructurales ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del
31 de diciembre de 2024.
Plazas fijas sin oposición
A lo largo del trámite
parlamentario se ha establecido que las administraciones convocarán por el
sistema de concurso, sin oposición, las plazas ocupadas "con carácter
temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016",
es decir permite a interinos con esta antigüedad optar a plazas fijas sin oposición sino vía concurso de méritos.
La senadora del PP
Esther Basilia del Brío ha lamentado el rechazo de los grupos que apoyan al
Gobierno a las enmiendas, y ha incidido en que el texto adolece de una mayor
participación por parte de comunidades autónomas, entidades locales y otras
instituciones.
Ha atribuido esta
actitud a la necesidad de encontrar una "solución rápida" debido a
que forma parte del conjunto de medidas que el Gobierno se comprometió con
Bruselas a aprobar en el marco del Plan de Recuperación.
"La ley puede
convertir al Gobierno en la Empresa de Trabajo Temporal (ETT) más injusta de
España", ha defendido la senadora, cuyo grupo también ha advertido de la
"litigiosidad" que creará la legislación sino se resuelve los
problemas de "inseguridad jurídica" que plantean, en su opinión,
algunas partes del texto.
También José Luis
Muñoz, de Ciudadanos, ha advertido de los conflictos judiciales que se abrirán
una vez aprobada la ley si no se introducen mejoras y ha citado como ejemplo
que no recoja la concesión de una indemnización a aquellos interinos que lleven
más de tres años en esa situación.
"La ley recoge
avances respecto al 'Icetazo' -en alusión al proyecto planteado inicialmente
por el ministro Miquel Iceta-", ha admitido el senador del Partido
Aragonés Clemente Sánchez-Garnica, quien ha recordado que España tiene
"abiertos dos procedimientos sancionadores" por parte de la Unión
Europea (UE) por incumplir sus obligaciones en materia de empleo público.
Las críticas también
han llegado desde el grupo parlamentario Izquierda Confederal (que agrupa a
Compromís, Más Madrid, Geroa Bai y En Comú Podem, entre otras formaciones),
cuyo portavoz, Carles Mulet, ha pedido al Ejecutivo "respeto" al
Senado y le ha instado a tener en cuenta las enmiendas de los grupos para
mejorar el documento.
"El margen para
que prosperen es nulo. Es una práctica que mina la confianza que tenemos en el
actual Gobierno (...) Les pedimos que rectifiquen, porque hablamos de mejorar
la situación de muchísimas personas", ha esgrimido Mulet, quien, no
obstante, ha reconocido que el texto final está "más cerca" de su
posición de partida que la que tenía el Ejecutivo en un principio.
Por el contrario, el
senador socialista Santiago José Castellà ha defendido que el proyecto de ley
sí ha sido consensuado y ha recalcado que el problema de la interinidad se
concentra en ayuntamientos, diputaciones y gobiernos regionales, ya que
"la Administración General del Estado cumple con creces el mandato de
cuotas de temporalidad".
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