“El proceso de envejecimiento es positivo pero sus consecuencias tienen que ser respondidas por los poderes públicos”

 Hoy se ha presentado en rueda de prensa el Observatorio de las Personas Mayores

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados, Juan Sepúlveda, y el director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo, Pedro J.Linares, han presentado esta mañana en rueda de prensa el “Observatorio Social de las Personas Mayores”, un estudio del sindicato de difusión, de análisis y de incidencia en los elementos esenciales que influyen en la población mayor en España. Entre sus conclusiones, Bravo ha destacado que en nuestro país el proceso de envejecimiento es positivo pero sus consecuencias que tienen que ser respondidas por los poderes públicos.

Así, ha señalado que hay necesidades crecientes en relación con el sistema sanitario, el Sistema de Servicios Sociales, el Sistema de Atención a la Dependencia y el Sistema de Pensiones. “España no puede seguir con un 6,4% de inversión en la Sanidad Pública porque tenemos problemas en la atención primaria, en el gasto farmacéutico y en la atención especializada”. “Espero que seamos capaces de corregirlo antes de que llegue con toda su intensidad a la atención hospitalaria, que ya ha aparecido durante la pandemia, y que puede volver a ocurrir”.

Carlos Bravo ha advertido que “tenemos que ir hasta el 7,5% de financiación del Sistema Público y dedicar un 25 % del presupuesto sanitario a la atención primaria”. Nuestro país tiene que abordar la atención a la dependencia, a los servicios sociales y aunque en esta legislatura se ha recuperado parcialmente, la aportación actual es de más de dos tercios a cargo de las comunidades autónomas, menos de un tercio a cargo del Estado y un 10% en sistemas de copagos que en muchas ocasiones “son difícilmente soportables para la población que tiene que beneficiarse de estos de estos servicios” y ha pedido que se llegue hasta 1,5 puntos del PIB para contar con servicios profesionales. 

Los datos del informe concluyen que aunque la atención especializada registró en 2020 un cierto refuerzo de personal con respecto al año anterior, la atención primaria mantiene los mismos niveles que en 2019, lo que pone en evidencia, no sólo las diferencias entre la atención especializada y la atención primaria sino además la necesidad de reforzar el personal destinado a la atención primaria, que haga posible garantizar de forma efectiva el derecho a la salud de las personas, que en el caso de las personas mayores es de vital importancia.

Por ello, Carlos Bravo cree que es imprescindible que nuestro país emprenda una reforma fiscal, “que parece ser que no se producirá en esta legislatura, pese al informe de la comisión de expertos que conocimos en marzo del año pasado, que plantea que España tiene que mejorar la eficiencia y la equidad del sistema tributario para conseguir una financiación suficiente para abordar estas necesidades”.

Además, se ha referido al sistema de revalorización de las pensiones que gracias al acuerdo firmado por CCOO este año ha sido de un 8,5% y ha matizado que no se han perdido derechos, como algunos afirman, ya que la paga de regularización que se aplicaba anteriormente no se produce debido a que la fórmula que se está aplicando es el IPC promedio, “una revalorización desde el primer día del año por el IPC real”. 

Las condiciones materiales de las personas mayores de 65 años están determinadas, en buena medida, por la evolución de los precios de bienes y servicios básicos, siendo especialmente relevantes, la alimentación y suministros básicos de la vivienda (luz y agua).

En 2021, la evolución del IPC arroja una variación interanual del 3,1% con respecto al año anterior, lo que supone el mayor aumento de precios desde 2011, año en el que se registró un incremento del 3,2%. 

Este fuerte aumento de los precios es explicado, en buena medida, por el fuerte aumento de los precios de la energía. Concretamente, el precio de la luz se ha incrementado un 26,3% en 2021, mientras que los alimentos lo han hecho un 1,6% y el agua un 0,6%. 

Si observamos la evolución de los datos de los primeros meses de 2022, la tendencia de los precios continúa al alza, sobre todo de la luz. En 2022, el índice agregado del IPC ha registrado incrementos interanuales superiores al 6%, llegando hasta el 10,8% en el pasado mes de julio. En el caso de la luz, ésta llegó a crecer hasta un 80% en el mes de marzo, mientras que los alimentos han llegado a registrar un incremento del 14,1% en agosto del 2022. El agua es el suministro básico que menos ha crecido a lo largo de los últimos meses, su mayor variación interanual (1,9%) se registra en junio del 2022.

Por su parte, el director de la Fundación 1º de Mayo, Pedro J. Linares, ha destacado que el objetivo del informe es poner de manifiesto la situación de las personas mayores en España y sus condiciones de vida revisando sus necesidades y los retos futuros.

Según el estudio en las próximas décadas nuestro país va a tener que abordar las distintas estrategias y prioridades de las políticas públicas para garantizar la calidad de vida de las personas mayores en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y los cambios en su composición social.

El informe muestra los últimos datos disponibles de Eurostat, que señalan que en 2021 la población de más de 65 años representó el 19,8%, un porcentaje algo inferior a la media europea (UE-27), que se sitúo en un 20,8%. Dentro del ámbito europeo destacan países como Italia (23,5%), Finlandia (22,7%), Grecia (22,4%), Portugal (22,4%) o Alemania (22%). En todo caso, España destaca dentro del grupo de países europeos con mayor porcentaje de población mayor de 85 años, concretamente, un 3,3% sobre el total, lo que hace que se sitúe en cuarta posición, por detrás de Italia (3,7%), Grecia (3,6%) y Francia (3,4%), respectivamente. 

Además, este envejecimiento es mucho mayor en los municipios con menor población. Aquellos que tienen menos de 100 habitantes reflejan una edad media más alta. Entre 2021 y 2022, los municipios de más habitantes incrementan en mayor medida su edad media que los de menor tamaño: en los de más de 100 mil habitantes, la edad media se incrementa tanto para hombres (0,22 años) como para mujeres (0,24 años), mientras que en los de menos de 100 habitantes, los hombres apenas incrementan su edad media (0,1 años) y las mujeres la reducen (0,17 años).

Por otro lado, la pandemia de la COVID-19 supuso una ruptura en la prolongación de las expectativas de vida de la población en España, que venía registrándose a lo largo de la última década. En 2021, la esperanza de vida se incrementa en casi un año de vida con respecto a 2020 (0,73 años), situándose la media estatal en 83,06 años de edad.

Por último, ha intervenido el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados, Juan Sepúlveda, que ha abordado la brecha digital de las personas mayores para señalar que “es un problema insalvable para las personas jubiladas porque todo se hace por Internet” y ha pedido que desde las administraciones públicas se oferten cursos de formación gratuitos para paliar este problema.

Sepúlveda se ha referido al tema de los cuidados, que normalmente realizan mujeres con bajos salarios y ha destacado “la importancia del Salario Mínimo Interprofesional para estas personas” al tiempo que ha denunciado que muchas empresas no pagan a sus trabajadores, muchas empresas que tienen concesiones públicas. 

Por último, ha querido recordar las muertes que se han producido en las residencias, mayoritariamente públicas, que siguen esperando a que las fiscalías actúen.

https://www.ccoo.es/a010662fda79a5bef0441318876a5833000001.pdf

CCOO pide al Gobierno cambios realmente transformadores en Ley de Función Pública de la AGE

 CCOO  y UGT han presentado las mejoras introducidas en el Anteproyecto de la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, de manera previa a la apertura mañana de la Mesa General de Negociación. Anticipan que el trabajo bilateral con el Gobierno, firmado dentro del Acuerdo marco para una Administración del siglo XXI, debe continuar avanzando para que ambas organizaciones puedan avalar la norma que regirá las condiciones laborales del personal público de la Administración General del Estado en los próximos años.

Los sindicatos destacan el trabajo lento y sosegado que se viene llevando a cabo y que ha supuesto 250 modificaciones en el texto hasta el momento, alcanzando a 88 de sus artículos, un 63 % del total. Advierten, sin embargo, de que se mantienen artículos que limitan derechos ya consolidados para el personal público reglamentariamente o mediante acuerdos en el diálogo social, siendo imprescindible su modificación no solo para garantizar las condiciones laborales, sino también por la influencia directa de estas sobre la sociedad y la aplicación de las políticas públicas y sociales desarrolladas por el Gobierno.

Entre los contenidos con mayores mejoras, destacan la evaluación del desempeño, en la que se ha eliminado gran parte del carácter limitador de derechos en favor de un enfoque que valora los resultados positivos. CCOO y UGT consideran que este cambio dirige los esfuerzos del personal al cumplimiento de objetivos, y no al miedo a la sanción, por lo que se refuerza su función de cara a los derechos de la ciudadanía. Sigue pendiente el reconocimiento de la participación sindical en la evaluación, como garantía para las plantillas a las que representan, y mayor concreción en los criterios del sistema y el complemento retributivo asociado.

Coinciden en la importancia de la introducción de un título completo sobre los derechos y deberes del personal público, donde se recogen garantías como la inamovilidad en la condición de empleado público, y los avances en la carrera profesional e igualdad, entre otras materias.

Sin embargo, apuntan a la necesidad de mantener el ritmo en el trabajo bilateral, para continuar consolidando mejoras en el Anteproyecto, ya que según señalan todavía se mantienen alrededor de 200 enmiendas en discusión.

Entre los aspectos pendientes, recuerdan los derechos en la movilidad, el desarrollo del grupo profesional B, la garantía retributiva, la extensión a la totalidad del personal, la eliminación de la discrecionalidad en la adjudicación de puestos, la reconvocatoria de puestos vacantes en las ofertas de empleo público, la supresión de la movilidad forzosa o asegurar la jornada laboral de 35 horas.

UGT y CCOO confían en el trabajo de la Mesa General de Negociación como palanca de apoyo a las propuestas que vienen realizando en el grupo bilateral, y confían en que el mantenimiento de ambos foros permita que se avance con mayor celeridad en el consenso en torno a las enmiendas pendientes de recoger en el texto. Alertan de la necesidad de reforzar y mejorar los derechos del personal público, como única garantía de que los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía se llevan a cabo bajo los principios de igualdad, transparencia y objetividad, y con criterios de interés público. Concluyen esperando que el compromiso social del Gobierno se concrete en mejoras de la Administración que depende directamente de su acción, superando la mera modificación del Anteproyecto actual.

COMISION PARITARIA CELEBRADA EL 24-1-2023

 

Ayer se celebró en la Diputación de Valladolid la Comisión de seguimiento del Acuerdo-Convenio en vigor y en ella además de presentarse los calendarios anuales se interpretaron diversos artículos del Acuerdo

COMISION PARITARIA CELEBRADA EL 24-1-2023

1.- Habiendo una discrepancia entre el cálculo de jornada anual realizado por el Auditor de Personal   y el cálculo de horas a realizar por parte del Jefe de Personal de los Centros Asistenciales. Situación que ya se produjo el pasado año, el Diputado de personal,  se compromete a aclarar en tiempo breve esta diferencia en la jornada anual entre trabajadores de la misma Diputación. Por lo tanto, los calendarios presentados se dejan en suspenso, hasta aclarar este criterio.

2.- Aceptan la necesidad de realizar un cómputo individualizado de la jornada de cada trabajador/a, para que cada uno/a, realice solamente la jornada exacta y si le sobra que la disfrute y si le falta que la aporte.

3,. Se traslada por la parte social que de  las propuestas anexas al calendario, lo único que se aceptó en la Mesa de Centros fue la propuesta. “Máxima coincidencia de personal de Vacaciones”, pero que no se aceptó: ni la “propuesta de cobertura del turno de noche”, ni la propuesta de “cobertura de fines de semana en Dr. Villacián”, ni la propuesta de “modificación parcial de vacaciones”. Son propuestas que al no haber sido negociadas ni acordadas  en el ámbito correspondiente no pueden llevarse a efecto.

 

En ASUNTOS URGENTES:

a)     Se interpreto el art. 19 de nuestro Acuerdo, a raíz de la modificación del Art. 48 a) del Trebep, modificado por la Ley de Presupuestos del año 2021 “que equipara las intervenciones quirúrgicas ambulatorias que precisen reposo domiciliario (y así este indicado y acreditado por el facultativo) al ingreso hospitalario o a la enfermedad grave.

b)     Y por otro lado se interpretó en relación a este mismo artículo, basado en en el Art. 48.”j” del TREBEP. : Que cuando un trabajador/a se encuentre trabajando y por una situación de urgencia su familiar de primer grado que este al cargo de menores de 12 años o de una persona dependiente deba acudir a urgencias de un hospital, el trabajador o trabajadora podrá ausentarse de su puesto de trabajo por el tiempo indispensable, para hacerse cargo de sus hijos o persona dependiente a su cargo. Siendo sustituido en los centros de trabajo que estén sometidos a un número mínimo de efectivos.  Esta situación se justificará con el parte de urgencias del familiar que ha acudido. En ningún caso esta interpretación sirve para una consulta programada y previsible.

 

c)      Después de haber solicitado en reiteradas ocasiones que el Servicio de Personal estudie pros y contras de firmar un acuerdo de reciprocidad con la Junta de castilla y León para poder participar en “concursos abiertos” que se convoquen por parte de la Junta de Castilla y León para dar mayores opciones de movilidad a los trabajadores de la Diputación, el Diputado encarga  al Jefe se Servicio de personal que los estudie ya y presente un estudio sobre ello a la Mesa de Negociación de la Diputación.

 

 

                            En Valladolid a 25 de enero de 2023

 

          

Novedades en pensiones para 2023: edad de jubilación, número de años para cobrar el 100%, revalorización IPC, cotización autónomos…

 Entre esas novedades se encuentran el incremento de la edad de jubilación y del número de años necesarios para tener derecho a cobrar el 100% de pensión. Estos dos cambios no han sido recientemente adoptados en el proceso de reforma actual, sino que fueron incluidas en 2011 en la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social , a través de periodos transitorios. Asimismo, entran en vigor el 1 de enero otras nuevas medidas, estas si adoptadas por la reforma de las pensiones durante los últimos 12 meses, como el nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos.

Estas son las principales novedades en materia de pensiones:

Edad ordinaria de jubilación en 2023

La edad legal de jubilación ordinaria viene incrementándose año tras año a través de un periodo transitorio, desde 2013 hasta 2027, a razón de un mes de retraso por cada año transcurrido entre 2013 y 2018, y un retraso de 2 meses por cada año transcurrido desde 2018.

En 2022 la edad legal de jubilación ordinaria ascendía a 66 años y 2 meses en caso de acreditar menos de 37 años y 6 meses de cotizaciones. En cambio, si se acumulaban 37 años y 6 meses o más de cotización, era posible jubilarse con 65 años.

En 2023 la edad legal de jubilación ordinaria se retrasa dos meses respecto a 2022. La edad de jubilación en 2023 serán  66 años y 4 meses cuando se disponga de menos de 37 años y 9 meses de cotización. En cambio, en caso de acreditar 37 años y 9 meses o más de periodo cotizado, es posible jubilarse con 65 años.

A partir del año 2027, la edad de jubilación ordinaria será de 67 años para el caso de personas que hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses, y de 65 años si se hubiese acumulado un periodo de cotización de 38 años y 6 meses o más.

El retraso de la edad legal de jubilación ordinaria, afectará asimismo a la edad mínima de jubilación anticipada voluntaria (es posible jubilarse anticipadamente de forma voluntaria hasta 24 meses antes de la edad legal ordinaria de jubilación) y a la de jubilación anticipada involuntaria (hasta 48 meses -4 años- antes de la edad legal ordinaria):

• Para jubilarse anticipadamente de forma voluntaria en el año 2023 será necesario tener al menos una edad de 64 años y 4 meses en caso de contar con menos de 37 años y 9 meses de cotización. En cambio, será posible acceder a la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 63 años en caso de haber cotizado 37 años y 9 meses o más.

• Será posible acceder a la jubilación anticipada involuntaria en 2023, a partir de los 62 años y 4 meses si se cuentan con menos de 37 años y 9 meses de cotización, o bien a partir de los 61 años si se acumulan esos 37 años y 9 meses o más de cotizaciones.

Número de años requerido para tener derecho al 100% de la pensión

Para tener derecho a cobrar como importe de pensión de jubilación el 100% de la base reguladora con la que se determina la misma, el causante de la pensión debe de haber cotizado un número mínimo de años. Ese número de años requerido también está evolucionando conforme a un calendario progresivo desde el año 2013 al año 2027.

En el caso de haber accedido a la jubilación en el periodo que iba desde el año 2020 hasta el año 2022 (inclusive), era necesario cotizar un mínimo de 36 años para tener derecho al 100% de la base reguladora.

Para aquellos que accedan a la jubilación en el año 2023 (también aquellos que vayan a acceder en 2024,2025 o 2026), será necesario contar con 36 años y 6 meses o más cotizados para tener derecho a percibir el 100% de la base reguladora.

A partir de 2027 serán necesarios 37 años cotizados para acceder a una pensión del 100% de la base reguladora.

Revalorización de las pensiones contributivas para 2023

Desde 1 de enero de 2022, las pensiones contributivas se actualizan cada año de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC) medio de los 12 meses previos al mes de diciembre del ejercicio anterior. Este nuevo método de revalorizarán las pensiones ha sido introducido la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

De acuerdo a esta fórmula, las pensiones en 2023 se revalorizarán en un 8,5%, teniendo en cuenta que la inflación media interanual diciembre 2021-noviembre 2022 se ha situado en un 8,46% (el porcentaje se ha redondeado en un 8,5%).

Nuevas medidas de reforma de las pensiones aprobadas en los últimos dos años que han entrado en vigor el 1 de enero de 2023

La mayor las mismas son parte del segundo bloque de medidas de reforma , aprobado durante 2022, aunque otras como el nuevo Factor de Equidad Intergeneracional (MEI), si bien entra en vigor el 1 de enero de 2023, es parte del primer bloque de medidas que fue aprobado a final de diciembre de 2021. Estas son las medidas:

1. Nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos según sus rendimientos netos efectivos

El 1 de enero, ha entrado en vigor el nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia, que se implementará a través de un periodo transitorio que evolucionará progresivamente hasta 2032, año en el que la base de cotización de los autónomos será igual a sus rendimientos netos.

El nuevo sistema de cotización establece 15 tramos de cotización en función de 15 tramos de rendimientos netos (*), contemplando tramos de cotización progresiva desde 2023 hasta 2025. En el año 2025, los tramos de rendimientos netos y cuotas se revisarán de nuevo para los siguientes tres años, y de nuevo se revisarán en 2028 hasta llegar a 2032, año en el que los autónomos deberán estar cotizando por una base igual a sus rendimientos netos.

(*) 15 tramos: 12 tramos de la tabla general y 3 tramos de la tabla reducida.

A inicios de cada año, o en el momento de darse como alta como autónomo, cada autónomo comunicará su previsión de rendimientos netos para el ejercicio, que podrá ir modificando cada dos meses (hasta 6 veces al año). A inicios del año siguiente, y en función de los rendimientos netos anuales efectivos de cada autónomo que le facilite la Agencia Tributaria, la Seguridad Social procederá a regularizar las cuotas, si esos rendimientos fueran superiores o inferiores al tramo que cada persona haya elegido para cotizar.

Leer más Puedes ver en este articulo vinculado los detalles sobre el nuevo sistema de cotización de trabajadores autónomos

Leer más Y en este otro, ejemplos prácticos de funcionamiento del sistema de cotización de autónomos

2. Nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que incrementa las cotizaciones

El nuevo mecanismo, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2023, sustituirá al ya derogado Factor de Sostenibilidad, y a diferencia del anterior (que ajustaba el importe de prestaciones en función del incremento de la esperanza de vida) actúa sobre las cotizaciones.

El MEI será de carácter temporal y tendrá dos componentes. El más inmediato, y que nos afecta ahora, será la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, mediante una aportación al mismo entre 2023 y 2032 (10 años), que se obtendrá de un incremento en un 0,6% de la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, a partir de 1 de enero de 2023. Un 0,5% lo cotizará la empresa y un 0,1% el trabajador. En el caso de los autónomos, el porcentaje completo (0,6%) correrá a cargo del trabajador.

La Comisión Europea ha solicitado al Gobierno español que la aplicación del MEI se prolongue hasta 2050 (no únicamente hasta 2032), petición a la que el Gobierno a fecha de publicación de este articulo no ha aceptado todavía, aunque se espera acepte.

Puedes encontrar el resto de los detalles del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (segundo componente) en este artículo vinculado.

3. Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) está negociando con los agentes sociales, la posibilidad de incremento del número de años considerado para la determinación de la base reguladora con la que se calcula la pensión de jubilación.

La propuesta actual del MISMM, a fecha de publicación de este artículo, ha sido extender progresivamente de los 25 años considerados en la actualidad (desde 2022) hasta 30 años con la posibilidad de elegir los mejores 28 años de cotización entre esos 30 años. Por lo tanto, se descartarían las peores 24 mensualidades. A fecha de publicación de este artículo, todavía no hay acuerdo con los agentes sociales, por lo que el contenido de este párrafo podría sufrir modificaciones

Además, podría aprobarse en su lugar un sistema de contabilización en la base reguladora de las lagunas de cotización más benévolo que el que actualmente se aplica (especialmente en el Régimen de Autónomos).

4. Destope de la base máxima de cotización y de la pensión máxima

Actualmente se está negociando con los agentes sociales esta medida. La última propuesta del MISMM consiste en actualizar la base máxima de cotización entre 2025 y 2050, vinculándola a la revalorización de las pensiones (según el IPC), más un incremento adicional anual de 1,154 puntos.

La base máxima de cotización en 2022 asciende a 49.672 euros y subirá un 8,6% en 2023, pasando a ser de 4.495 euros (54.000 euros anuales), según el incremento recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La pensión máxima, en 2022 está situada en 39.468,52 euros anuales (2.819,18 euros mensuales). Con una revalorización del 8,5%, la pensión máxima en 2023 se ha situado en 3.059,23 euros mensuales (42.829,29 euros anuales).

5. Ley 12/2022 de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo y normativa de desarrollo: deducciones y bonificaciones para las empresas

El 1 de julio de 2022 entró en vigor esta nueva Ley 12/2022 (ver aquí los detalles de la nueva normativa ) , aunque algunas de sus regulaciones han entrado en vigor el 1 de enero de 2023 como, por ejemplo:

• la deducción en el Impuesto de Sociedades del 10% las contribuciones empresariales a instrumentos de previsión social a favor de los trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros (o la parte proporcional de aportación para aquellos con salarios superiores a 27.000 euros).

• La reducción, hasta un límite, de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes que correspondan a sus contribuciones a planes de pensiones de empleo e instrumentos alternativos.

  Asimismo, ha sido aprobado y ha entrado en vigor la primera parte del desarrollo reglamentario de esta Ley de impulso de los planes de pensiones de empleo, el Real Decreto 885/2022, de 18 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, para el impulso de los planes de pensiones de empleo . Este Real Decreto desarrolla la parte de la ley 12/2022 relativa a los fondos de pensiones de empleo de promoción pública (véanse aquí los detalles del mismo).

Queda pendiente de aprobarse el segundo Reglamento de desarrollo, aquel que desarrolle la parte de Planes de Empleo Simplificados (PES). Se espera un borrador del mismo para mitad de enero y su aprobación definitiva en primavera de 2023.

 Finalmente, el ministro de Seguridad Social ha trasladado su intención de negociar con los agentes sociales la mejora de los incentivos a la jubilación parcial y la jubilación activa.

CUIDAR A QUIEN NOS CUIDA

 Artículo de opinión de Yolanda Martín Ventura, secretaria de Mujeres, Igualdad y Políticas Sociales de CCOO Castilla y León.

Hoy en la prensa han publicado el grave problema al que nos estamos viendo expuestos en Castilla y León, ya desde hace tiempo, ante la falta de cuidadores y cuidadoras en nuestra Comunidad Autónoma.

Esta falta de personal que corresponde a las profesiones pertenecientes a las categorías profesionales de cuidadores, auxiliares de ayuda a domicilio y gerocultores, en una Comunidad como la nuestra cada vez más y más envejecida, está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para la Junta de Castilla y León que en estos últimos días ha prolongado el plazo para obtener el certificado de profesionalidad, como así establece la normativa estatal para poder ejercer la profesión, dando un plazo de tres meses a mayores para su obtención e incluso ampliando el plazo de cómputo de la experiencia laboral a los últimos doce años y hasta el 30 de diciembre de 2022.

Aún ampliando y relajando los requisitos está siendo casi imposible encontrar a profesionales, sobre todo para las zonas rurales donde, además, se ha establecido la posibilidad de contratación de personal sin la cualificación profesional necesaria hasta encontrar a quienes sí que la tengan, con el fin de cubrir estas necesidades de cuidado.

Desde Comisiones Obreras y, en concreto, desde la Secretaría de Mujeres e Igualdad y Políticas sociales llevamos tiempo abogando y exigiendo un Pacto Estatal por los cuidados como eje central del estado de bienestar.

Todos y todas vamos a necesitar ser cuidados en algún momento de nuestras vidas y por ende debemos considerar los cuidados como un asunto social y político común. La ciudadanía debemos exigir una mayor inversión en cuidados pero también debemos exigir que estas profesiones sean valoradas como se merecen ya que, desde siempre, este sector ha estado infravalorado y con bajos salarios y además con el problema añadido de ser un sector en el que la temporalidad y la parcialidad campa a sus anchas, siendo además profesiones muy feminizadas que aún agravan más la persistente brecha de género que planea en nuestra sociedad y que destapa otro importante dato: las mujeres, en nuestra vejez, somos la cara visible de la desprotección y la pobreza, pues somos las que cobramos los salarios más bajos con lagunas en nuestra cotización debido a la asunción en mayor medida de los cuidados en el ámbito privado de nuestros hijos e hijas y mayores dependientes y, en consecuencia, con las jubilaciones más bajas y las que vamos a tener mayores problemas a la hora de pagar esos cuidados el día de mañana si desde lo público no se nos ofrece ninguna alternativa .

El sector de cuidados es un sector que en nuestra Comunidad supone más de 50.000 empleos, la mayoría realizados por mujeres que tradicionalmente hemos sido siempre “cuidadoras innatas”. Ha sido por este motivo por lo que cuidar ha sido considerado como un empleo poco profesional y con una baja remuneración. Es indispensable que esta situación se revierta de manera radical ya que se trata de trabajos esenciales e imprescindibles para toda la sociedad que deben tener el reconocimiento y las condiciones que merece.

Por tanto, parte de la solución al problema es bien sencilla: mejores sueldos, mejores condiciones y una valoración por toda la sociedad acorde a la importancia y relevancia que tiene y ya verán como muchas más personas se animarían a dedicarse a esta profesión que, por otro lado, tiene mucho más de vocacional y de servicio a la comunidad de lo que muchas personas creen.

Cuidemos de quienes cuidan para tener mejores cuidados.

¿Por qué es bueno para ti que haya unos sindicatos fuertes?

 

Los sindicatos suponen protección, apoyo mutuo, poder colectivo y mayor posibilidad de intervenir en las relaciones económicas en condiciones de simetría con la patronal. Los últimos tres años se han convertido en la demostración fehaciente de que nuestra sociedad sería mucho peor para los que menos tienen, si no existieran los sindicatos y, particularmente los sindicatos de clase.

No vamos a tirar las campanas al vuelo ni a ser demasiado efusivos ni autocomplacientes, pero Matrix, como si esto fuera el mundo cinematográfico de las hermanas Wachowski, está cambiando. Acordémonos: Desde que comenzaron a aplicarse las políticas neoliberales, en los años 70 y 80 del siglo pasado, los sindicatos nos convertimos en su principal bestia negra. Por algo sería… El objetivo de tales políticas era recuperar el beneficio del capital y cualquier institución que reforzara el poder negociador de los trabajadores constituía un obstáculo para su puesta en marcha que convenía desactivar o incluso eliminar si resultaba posible.

Todo o casi todo ha valido para instalar en la sociedad la lógica de que lo negativo que ocurre en tu economía y en la sociedad en la que vives es culpa de algún sindicato de clase. Pero ¿qué hay de verdad en esas críticas? ¿Es cierto que la actividad de los sindicatos es para las economías una especie de cáncer que conviene extirpar? ¿Son razones de ciencia económica las que justifican que se limite nuestro poder y actividad? Matrix está cambiando y estamos aquí para demostrarlo… solo hace falta repasar los últimos dos o tres años con la pandemia, la crisis de suministros y la Guerra de Ucrania, y, en especial, el felizmente enterrado 2022 para darse cuenta que de sí, menos mal que estamos. En Gente con clase jugamos a Matrix con María Cardeñosa, secretaria confederal de Finanzas y Administración; y con Unai Sordo, secretario general.

Ya sabes que los términos "píldora roja" y "píldora azul" se refieren a la elección entre la voluntad de aprender una verdad potencialmente inquietante y que cambia la vida tomando la píldora roja o permaneciendo en la ignorancia satisfecha con la píldora azul. Como apuntábamos antes, estos términos hacen referencia a una escena de la película “Matrix” de 1999. Pues bien, aquí y ahora vamos a desmontar mitos que se están cayendo de la realidad de Matrix en la que nos han hecho creer hasta ahora como si fueran verdades incontestables.

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Podcast: sindicatos fuertes

El muro digital de los trámites administrativos deja a los más vulnerables fuera de servicios esenciales

 

Tras la pandemia, solo una de cada diez personas ha mejorado sus habilidades digitales dentro del grupo con poca formación, menos renta y más de 65 años

EMANOELLE SANTOS

15 DIC 2022 - 16:02 CET

Las tecnologías son factores de inclusión y exclusión. La brecha digital en España potencia las desigualdades sociales y aleja a los más vulnerables de los trámites administrativos digitales, por ejemplo. El motivo principal es que, en una sociedad extremamente digitalizada, las personas que no acceden a este sistema quedan cada vez más lejos de poder realizar tareas esenciales para su función personal y social, según muestra un estudio dado a conocer hoy por la Fundació Ferrer i Guardia. Además, el estudio también desmiente la percepción de que la covid-19 ha disminuido esa brecha: solo una cuarta parte de la muestra cree que sus habilidades digitales han mejorado tras la pandemia. Este número desciende a uno en cada diez al fijarse en los grupos vulnerables digitalmente, como los que tienen poca formación educativa, menor renta y son mayores de 65 años.

Sandra Gómez, coordinadora de la investigación, explica a EL PAÍS que no es una cuestión meramente tecnológica o de infraestructura, sino que va más allá y se trata de la capacidad y posibilidad de hacer un uso benéfico de los dispositivos y de la internet. “Hay una serie de cosas que no se pueden ejecutar, y habilidades que no se pueden desarrollar, si la persona no tiene acceso al dispositivo”, afirma la investigadora. El informe concluye que solo un 16% de las personas con ingresos inferiores a 1.100 euros tienen un portátil o sobremesa, un número que asciende a 56% para los que tienen ingresos superiores al los 3.900 euros. Realizada con 2.500 residentes en España a partir de 16 años, la encuesta se llevó a cabo vía teléfono a un nivel estatal y muestra que un 91,6% de la población tiene acceso a la conexión a internet, sea de manera fija o a través de datos móviles. Aun así, la brecha de acceso todavía no está superada.

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Poseer el dispositivo es esencial, pero el punto clave del estudio está en el empleo y aprovechamiento de esos medios, es decir, la capacidad y posibilidad de usar las tecnologías de la información para ejercer diferentes funciones en el día a día, como informarse, efectuar trámites, acceder a servicios, estudiar y trabajar. “Afecta a absolutamente todas las esferas de la vida: las relaciones personales, pedir una cita, hablar con la escuela de los hijos, el tipo de contenido que consume”, ejemplifica Gómez y añade: “Las desigualdades sociales que ya conocemos se reproducen y se retroalimenta en el entorno digital”.

Brechas y brechas

Existe la brecha de género y la generacional. Pero los factores que más inciden son “los niveles de estudios y económico”, según insistió durante la presentación del trabajo el profesor de la Universidad Complutense de Madrid José Manuel Robles. El 68% de las personas que no han completado los estudios primarios nunca ha usado internet, mientras el grueso de personas que disponen de estudios secundarios y superiores la utilizan a diario.

La formación educativa muestra también la capacidad de realizar tareas administrativas: mientras que el 88% de las personas sin estudios no ha realizado nunca o casi nunca trámites como pedir citas y hacer transferencias por sí mismas, alrededor de un 80% de los que tienen estudios secundarios o estudios universitarios sí los realizan esporádicamente. Es el punto dónde se ha producido un gran abismo digital, debido al rápido proceso de transformación digital de las administraciones públicas y otros servicios. Por eso, el estudio concluye que la realización de trámites digitales “constituye el uso digital en el que se ha percibido una mayor necesidad de mejoría”.

La realización de trámites digitales “constituye el uso digital en el que se ha percibido una mayor necesidad de mejoría”

La edad resulta especialmente llamativa al analizar la capacidad de comprobar la veracidad y fiabilidad de la información que encuentra en la red, además de los aspectos relacionados con la formación educativa. El perfil de inclusión digital baja se caracteriza por una mayor presencia de mujeres (63%), con una edad superior a los 65 años (59,5%), jubilados/as (61%); con ingresos inferiores a los 1.100€/mes (32%) y con estudios primarios (35%). En este grupo, casi el 90% no dispone de ninguna de las competencias para resolver problemas a través de la internet; solo alrededor de un 20% pueden comprobar la veracidad y fiabilidad de la información que encuentra; menos de un 10% saben decir si las webs que consulta son seguras; y cerca del 90% no ha usado nunca la tecnología para la ofimática ni han expresado su opinión en procesos participativos (consultas, peticiones, votaciones, etc.) a través de internet. “El ámbito digital aumenta las desigualdades, porque aquellos más posicionados sacan mejor rendimiento del internet, y los menos posicionados sacan menor”, asegura Robles.

Estas dificultades generan sensación de rechazo. El 27% del grupo con menores capacidades considera que se ha sentido excluidas con cierta frecuencia, porque no han sabido, querido o podido utilizarlas en alguna ocasión. Además, un 42% afirma que la mayor dificultad es no tener a alguien alrededor para ayudar en el manejo de las tecnologías.

Del otro lado, el perfil de inclusión digital alta es casi paritaria (53% de hombres); con una edad entre los 30 y los 44 años (40%); con ingresos entre los 1.800 y 2.700€ (22,5%) y con estudios superiores (54%). Son los que, además de emplear de los beneficios de la red, son capaces de entender los riesgos que presenta.