Luz verde al nuevo paquete de medidas urgentes de ahorro y eficiencia energética. El plan, coordinado por el Ministerio de Transición Ecológica y anunciado el pasado viernes por el presidente, Pedro Sánchez, ha recibido este lunes el visto bueno del Consejo de Ministros. Las nuevas medidas pretenden contener el dispendio de energía en plena crisis de precios y obligarán a comercios, grandes almacenes, cines, hoteles o edificios públicos, entre otros, a limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno. Además, se exigirá a los establecimientos que mantengan sus puertas cerradas para evitar que el frío y el calor se escapen, el alumbrado de escaparates deberá estar apagado a partir de las 22.00 y se elevará la frecuencia en la revisión de las calderas para detectar ineficiencias. Esas medidas estarán vigentes desde el día siguiente a la publicación del decreto hasta noviembre de 2023. Entre septiembre y diciembre de este año también se bonificarán los bonos de Cercanías, trenes de media distancia y el 50% de algunos de alta velocidad.
“No nos podemos permitir perder ningún kilovatio hora”, ha subrayado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros. Las nuevas obligaciones anunciadas recogen y hacen más restrictivos varios puntos del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que afecta a las instalaciones de edificios no residenciales de gran consumo, como los ocupados por las Administraciones Públicas, grandes almacenes o centros comerciales, espacios culturales como cines o centros de congresos y edificios destinados al transporte de personas como estaciones y aeropuertos.
Por ejemplo, de los 26 y 21 grados señalados en este documento para refrigeración y calefacción se pasa a 27 y 19 grados, respectivamente; los cierres automáticos de puertas tendrán que introducirse también en edificios y locales que se climaticen con energía renovable, hasta el momento exentos; deberán incorporarse explicaciones de estas medidas de ahorro a la información que los establecimientos ofrecen sobre temperaturas y niveles de humedad, y se exige adelantar la inspección de eficiencia energética en aquellos edificios obligados que hayan realizado el anterior trámite antes del 1 de enero de 2021.
Ribera ha recordado que cada grado menos supone ahorrar un 7% del consumo y ha detallado que los edificios obligados tendrán una semana desde el día siguiente a la publicación del decreto para modificar su temperatura y adaptarse al horario de apagado ―no solo de escaparates, también la iluminación de edificios públicos que estén desocupados en ese momento―; el sistema de cerrado automático de puertas deberá estar listo para el 30 de septiembre.
El decreto también recoge ayudas al transporte, como la gratuidad de los trenes de Media Distancia, Rodalies y Cercanías de septiembre a diciembre; en el mismo periodo, los títulos multiviaje de los servicios de AVANT (de alta velocidad) se podrán beneficiar de un descuento del 50%. Además, introduce medidas para fomentar la electrificación y las energías verdes, como ayudas para el almacenamiento, nuevas subastas de renovables o la reducción de las trabas para el autoconsumo. En este último ámbito, se rebajan los plazos para autorizar nuevas instalaciones, se considerará que el silencio administrativo es positivo después de dos meses y se prevé que las distribuidoras y comercializadoras responsables de un retraso de más de dos meses en la activación de la instalación de autoconsumo compensen al cliente a través de un descuento. “Es un paquete potente”, ha comentado Ribera, quien ha invitado a las empresas a mantener el teletrabajo, en la medida de lo posible, para favorecer el ahorro energético.
Estas nuevas obligaciones son para el sector privado y público ―“buscamos que las Administraciones seamos las primeras en cumplir”, ha dicho la ministra, antes de anunciar una modificación para adjudicar de forma acelerada contratos que fomenten la eficiencia energética de los edificios públicos―, y suponen un anticipo del gran plan de contingencia que el Gobierno remitirá en septiembre a Bruselas. Un proyecto que será de obligado cumplimiento ante un otoño que amenaza con ser muy caliente por la inflación y los riesgos de cortes en el suministro de gas. El Gobierno ya había adoptado en mayo ―con éxito relativo― un decreto para que los edificios de la Administración General del Estado (AGE) fomentaran medidas de ahorro y eficiencia energéticas, como la reducción de la temperatura o la instalación de paneles solares para autoconsumo.
El ministerio sacará este mismo martes a consulta pública una nueva línea de ayudas para la rehabilitación de edificios del sector terciario, dotada con 100 millones, y amplía con 100 millones adicionales el programa de eficiencia energética en la industria, que se lanzó en 2019 y estará vigente hasta junio de 2023.
El temor de cara al invierno no es baladí. La inflación lleva meses encadenando fuertes subidas, presionada por el encarecimiento de la energía. La subida de precios ya se ha contagiado a una larga lista de productos y ha disparado un 10,8% el IPC de España en junio, la tasa más alta en 38 años ―el alza ha sido del 8,9% en la zona euro—. La invasión rusa de Ucrania no ha hecho que empeorar la situación y añadir incertidumbre sobre un futuro en el que crece el miedo a la recesión, alimentado por una posible suspensión del suministro de gas procedente de Moscú que dejaría a Europa noqueada ―con Alemania e Italia a la cabeza entre las grandes economías del entorno―.
De hecho, el paquete de medidas aprobado este lunes por el Gobierno llega poco después de que Bruselas haya propuesto a los Estados miembros un recorte del 15% en su consumo de gas ―reducción voluntaria que se convierte en obligatoria en caso de crisis en el suministro―, independientemente del nivel de dependencia de Rusia de cada uno. España y Portugal, sin embargo, han logrado una vez más el reconocimiento de la excepción ibérica ―por ser una isla energética debido a sus escasas interconexiones―, limitando el golpe al 7%.
Mientras tanto, el Ejecutivo ha ido ampliando las ayudas para frenar el impacto de la crisis energética en el bolsillo de los ciudadanos, con rebajas fiscales en la factura eléctrica, bonificaciones en los carburantes y el establecimiento de un tope al precio del gas en el mercado mayorista ―también acordado con Bruselas gracias a la excepción ibérica―. Aun así, la energía continúa siendo una losa para los hogares. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la factura de la luz de julio ha sido la segunda más cara de la historia (115,27 euros para un hogar medio), un 12% y un 60% más onerosa, respectivamente, con respecto al mes anterior y a julio del año pasado.
Presupuestos
Los socios de la coalición de Gobierno han mantenido este lunes su primera reunión sobre el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Las cuentas, que serán las últimas de la legislatura, recibieron el pistoletazo de salida la semana pasada, con la aprobación de un techo de gasto récord, después de que en junio se publicara la orden de elaboración que fija los criterios para distribuir las partidas presupuestarias. En ello, el Ministerio de Hacienda señalaba las ayudas a los sectores más golpeados por el encarecimiento de la energía entre los motivos de asignación preferente, además de criterios vinculados a la transición ecológica como la ampliación de la capacidad de interconexión o la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.
En un documento publicado este lunes, que recopila los hitos alcanzados en la primera mitad del año, el departamento dirigido por María Jesús Montero afirma que la elaboración y aprobación de los Presupuestos es uno de los objetivos fijados para el segundo semestre de 2022, así como “las medidas para mitigar el impacto económico de la invasión de Ucrania”. Entre ellas, menciona “la implementación del plan de ahorro y eficiencia energética” de la Administración General del Estado y la tramitación en el Congreso de los dos nuevos gravámenes a banca y energéticas, con los cuales el Ejecutivo prevé recaudar 7.000 millones en dos años.
