La aprobación del proyecto de Ley de pensiones es un paso más para retomar el consenso político y social

 El pasado mes de julio, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme suscribieron un acuerdo en materia de pensiones que supone la derogación de la reforma de 2013, de manera que incluye una nueva fórmula de revalorización de pensiones ligada al IPC medio registrado que garantiza plenamente el mantenimiento del poder adquisitivo.

Además, junto a ello, se deroga también el factor de sostenibilidad, que suponía la minoración de la pensión inicial en relación a la evolución de la esperanza de vida de los actuales pensionistas. De este modo se devuelve el sistema de pensiones a la garantía de la suficiencia de las prestaciones tanto de los actuales pensionistas como para los futuros jubilados y jubiladas.

El secretario de políticas públicas y protección social de CCOO, Carlos Bravo, cree que la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de Ley pensiones es una “buena noticia, un paso más en la tramitación de una importante reforma que supone retomar el marco de consenso político y social que nunca se debió de abandonar en esta materia”.

Bravo ha recordado que el acuerdo alcanzado en julio da continuidad al amplio acuerdo parlamentario alcanzado en el Congreso en noviembre de 2020 con las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo y, por lo tanto, “confiamos en que sea tramitado y aprobado en los próximos meses, dando con ello lugar a la derogación de la reforma del año 2013 y a que se garantice el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro”.

El acuerdo garantiza una financiación presupuestaria adicional muy importante a la Seguridad Social, que va a dejar de financiar políticas de interés general, de empleo, de igualdad, de apoyo sectorial, entre otras.

Además, reconoce nuevos derechos a los jóvenes, a los cuidadores y cuidadoras de personas dependientes, a los trabajadores y trabajadoras del campo o a las parejas de hecho, que veían reconocida una menor protección social en materia de Seguridad Social y que ahora debe mejorar de manera clara.

TRIPLE ACTUACIÓN EN LOS PRÓXIMOS MESES

El secretario de políticas públicas y protección social ha indicado que en los próximos meses se va a llevara a cabo una triple actuación. Por un lado, se va a tramitar este proyecto ley, mientras que, por otro lado, se va a tener que abordar el desarrollo de algunos aspectos del acuerdo que no estaban incluidos en este proyecto Ley y que requieren desarrollo específico.

Por otro lado, la negociación de esta segunda fase, después de la primera, que ha sido compleja y difícil como todos conocemos; tiene que abordar cuestiones muy importantes, como la mejora de las pensiones mínimas, acordar un incremento de las bases máximas de cotización, establecer mecanismos que nos permitan garantizar la sostenibilidad y suficiencia de nuestro sistema de pensiones, mejorando las mismas, y, por último, acordar un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional , “que tenga una definición adecuada y no restrictiva como creemos que es posible”.

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Garantizar las pensiones a jóvenes y mayores

 

El acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales ofrece un amplio abanico de mejora

La Seguridad Social es un sistema de protección con el que nos relacionamos durante toda nuestra vida, no solo como pensionistas. Cuando cotizamos, pagamos la pensión de nuestros mayores, y construimos simultáneamente nuestro derecho a una pensión futura, a prestaciones por incapacidad temporal, nacimiento de hijos, etcétera. Durante nuestra vida activa o como pensionistas, financiamos con impuestos una parte, minoritaria pero relevante, de las prestaciones económicas de la Seguridad Social.

Frecuentemente aparecen quienes afirman la insostenibilidad de nuestras pensiones y que proteger a la población pensionista se hace a costa de las generaciones más jóvenes, negando que puedan tener una protección comparable. En ocasiones incluso se frivoliza cuantificando el supuesto expolio que supone para los jóvenes mantener nuestro sistema de pensiones. Se hace, con mayor insistencia, cuando se alcanzan acuerdos en esa materia que no se centran en reducir gasto. Suelen ser posiciones u opciones políticas poco partidarias de redistribuir las rentas, combatir desigualdades y mantener una estructura fiscal y de protección eficiente y suficiente.

Ocurre ahora tras el reciente acuerdo de reforma de las pensiones entre el Gobierno de España, organizaciones sindicales y empresariales, que se ha concretado en un amplio consenso parlamentario (75% del Congreso, con apoyos entre otros de PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos, y con solo dos votos en contra), aprobando las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo, a las que se ajusta el acuerdo alcanzado en el diálogo social. Acuerdos, ambos, que devuelven este asunto al marco de concertación política y social, que no debió perderse, corrigiendo el rumbo de la desdichada reforma de 2013.

El acuerdo no responde solo al interés de los pensionistas. Lo hace, claro, garantizando el poder adquisitivo de las pensiones que ya no tienen capacidad de reacción al haber finalizado su vida activa. Pero responde, en mayor medida, al interés de la futura población pensionista, con medidas tangibles, económicamente potentes y que pueden ser descritas con facilidad. Sin perjuicio de que la mejor garantía de pensiones futuras de nuestros jóvenes es el empleo de calidad y corregir la precariedad y dualidad actual en el mercado de trabajo.

El nuevo índice de revalorización de pensiones tiene alcance general para pensiones actuales y futuras. El factor de sostenibilidad aprobado en 2013 tenía como resultado, con certeza, que los jóvenes tendrían una pensión cada vez más baja. Su derogación tiene, así, impacto directo sobre los futuros pensionistas, mayor cuanto más joven se sea actualmente, al eliminar una reducción de la pensión futura en relación directa con el aumento de la esperanza de vida, situación constante en las últimas décadas que continuará como tendencia en el futuro. Veamos un ejemplo, partiendo de la esperanza de vida prevista por el INE.

Considerando una pensión media de 1.500 euros, derogar el factor de sostenibilidad significa que la pensión de quien hoy tenga 50 años será un 9% superior cuando alcance la jubilación: 135 euros de hoy por 14 pagas. Una persona de 40 años, mejora su pensión mensual un 16,8%, es decir 253 euros; para una de 25, 20,6% y 308 euros, y para quien hoy tiene 18, un 23%, y 345 euros mensuales, respectivamente. Tomando solo el último caso, quien hoy tiene 18 años, con esta medida, mejora su expectativa de pensión anual en 345 euros por 14 pagas, con una esperanza de vida media en el momento de la jubilación que superará los 20 años y una mejora de su renta de jubilación en más de 100.000 euros de hoy. Las personas más jóvenes son las principales beneficiarias de la derogación del factor de sostenibilidad.

También lo serán del compromiso de financiación presupuestaria adicional por más de 22.000 millones de euros anuales, al desarrollar el tercer acuerdo de separación de fuentes de financiación. El primero (1996) garantizó la financiación presupuestaria de sanidad y servicios sociales públicos; el segundo (2001), de los complementos a mínimos de pensiones contributivas; ahora finalmente, de políticas de interés general (de empleo, igualdad, apoyo sectorial, …) que se financiaban con cotizaciones. No es cambiar de sitio el déficit, es llevarlo al lugar que le corresponde. Incluso con este fuerte compromiso presupuestario adicional, la principal fuente de financiación de las pensiones son las cotizaciones sociales.

Se beneficiarán, singularmente, nuestros jóvenes actuales y futuros cuando se incorporan más tarde al mercado de trabajo al estar formándose en la universidad o en la formación profesional. El acuerdo prevé que vean reconocidos como periodos cotizados a la Seguridad Social los periodos de prácticas no laborales, aun sin remuneración como son las curriculares, lo que beneficiará a cientos de miles de jóvenes cada año.

Finalmente, mejorar la pensión que van a percibir las personas que accedan a la jubilación anticipada es también una medida que beneficia, principalmente, a los futuros pensionistas. El reciente acuerdo de pensiones pretende, como los anteriores, pero este aún más, combinar garantías a la población pensionista con una fuerte apuesta por trasladar confianza y tranquilidad a las generaciones (personas jóvenes o de edades intermedias hoy), que deben recibir, cuando sean pensionistas, una protección comparable a la que contribuyen a financiar durante toda su vida.

Carlos Bravo Fernández es secretario de Políticas Públicas y Protección Social y miembro de la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras.

PENSIONES: Lo que se cobrará por retrasar la jubilación: entre 5.000 y 11.000 euros de bonus por año extra de trabajo

 La nueva ley de pensiones incluye penalizaciones por jubilarse anticipadamente y dobla las bonificaciones por seguir trabajando más allá de la edad legal de retiro

La reforma de las pensiones ha echado a andar con la aprobación del proyecto de ley con las primeras medidas para la reforma del sistema público de pensiones, que será remitido al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria, con lo que en unas semanas podría estar listo. Por ahora, sabemos que acaba con la subida del 0,25% por ley introducida hace unos años por el Gobierno de Rajoy y que ahora la revalorización será por IPC anual. Precisamente sobre lo que vamos a cobrar de pensión al jubilarnos el nuevo texto introduce incentivos para prolongar la vida laboral y penalizaciones para los que se jubilen anticipadamente, pero ¿sale a cuenta?

 

Según la nueva ley, las bonificaciones por alargar la vida laboral se van a duplicar pasando de un 2% a un 4% sobre el cobro de la pensión por cada año extra que la persona se mantenga activa. Ese incremento se podrá cobrar mes a mes o en un pago único anual, o combinando ambas formas. En todo caso, según los cálculos, la cuantía a percibir con esa 'paga extra' es variable en función de la pensión que nos corresponde, pero es una cantidad nada desdeñable.

 

Ese pago extra oscila entre los 4.800 euros y los casi 11.000 en función de si cobramos la pensión mínima actual (9.500 euros) o la máxima (37.000 euros al año), y siempre y cuando prolonguemos nuestra vida laboral y las cotizaciones: las cantidades son por cada ejercicio que se prolongue la actividad por encima de la edad legal de jubilación que nos corresponda, ya que está en un proceso de estirarse progresivamente hasta los 67 años. La cuantía dependerá del tiempo cotizado y del importe de la paga de jubilación.

Por poner otros ejemplos, una jubilación de 35.000 euros anuales da derecho a cobrar más de 10.500 extra de bonificación al año; y una de 30.000 euros al año da derecho a un pago único de más de 9.500 euros. En el caso de aquellos trabajadores que se jubilen tras haber cotizado más de 44 años y medio, el bonus oscila entre más de 5.000 euros y 12.000 por año.

 

Jubilaciones anticipadas

Entre las medidas dirigidas a retrasar la edad de jubilación, se establece que en el caso de la jubilación anticipada voluntaria los coeficientes reductores de la pensión pasen a ser mensuales, no trimestrales, y solamente haya períodos transitorios de aplicación de los mismos en el caso de las pensiones máximas. En la mayoría de los casos estos coeficientes serán más bajos que los actualmente vigentes a cambio de retrasar el anticipo de la jubilación dos meses.

 

Los nuevos coeficientes reductores incluidos en esta reforma se aplicarán sobre la cuantía de la pensión, y siempre respetando la limitación máxima. Cuando la pensión supere el límite establecido para el importe de las pensiones, los coeficientes reductores se aplicarán de manera gradual, en un plazo de diez años, a contar desde el 1 de enero de 2024.

 

Por otro lado, en los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se pasarán a aplicar en determinación de la pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el que había hasta ahora. Respecto a las jubilaciones anticipadas por razón de actividad, se modifica el procedimiento de solicitud y se precisan más detalles de la peligrosidad y penosidad. 

Retrasar la jubilación

Asimismo, se establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes a partir del cumplimiento de la edad de jubilación que corresponda a un trabajador y, por cada año de retraso, se podrá bien obtener un porcentaje adicional del 4%, una cantidad a tanto alzada en función de la cuantía de la pensión o una combinación de ambas.

 

En la jubilación activa se exigirá como condición para acceder a la misma al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Esta modalidad se revisará en el mercado del diálogo social en un plazo máximo de 12 meses. Con el fin de favorecer la permanencia en el mercado laboral de trabajadores de más edad, se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de los trabajadores que hayan cumplido 62 años.

Abierto el plazo de solicitud de subvenciones a la vivienda joven 2021 que convoca la Diputación para fijar población joven en el medio rural

 370.000 euros es el presupuesto disponible, un 30% por encima de lo presupuestado el año anterior

 

Hasta el 31 de diciembre de 2021 se pueden presentar las solicitudes para acceder a las ayudas a la vivienda joven que convoca la Diputación para fomentar el establecimiento y fijación de la población joven en el medio rural de la provincia, uno de los objetivos del V Plan de Juventud 2020-2023. La nueva convocatoria de subvenciones a la vivienda joven con una consignación de 370.000 euros supone un crecimiento del 30% sobre lo destinado a este fin en 2020.

 Esta convocatoria, que también quiere fomentar la emancipación juvenil en el ámbito rural, se destina a jóvenes de la provincia, entre 18 y 36 años, para contribuir a la financiación de los gastos que les va a suponer su instalación en algún municipio de la provincia tanto si compran como si alquilan una vivienda.

  La convocatoria establece cuatro líneas de subvenciones. La primera de ellas, línea A, dotada con 30.000 euros, son subvenciones para ayudar en el coste de los honorarios técnicos de redacción de los proyectos de construcción o rehabilitación de viviendas unifamiliares autopromovidas y las ubicadas en pisos en régimen de propiedad horizontal u otro tipo de viviendas no autopromovidas.

 Una segunda línea B presupuestada con 115.000 euros contribuye a que los jóvenes puedan financiar las cuotas de los préstamos hipotecarios cuando se trata de la adquisición de una vivienda.

 La que tiene mayor presupuesto es la línea C financiada con 200.000 euros que ofrece ayuda para el pago de alquiler de la vivienda, exceptuando las viviendas de protección pública de promoción directa, los subarriendos, arriendos de habitaciones o parciales de viviendas, los locales que se usan como vivienda y los arrendamientos para uso distinto del de vivienda.

 Y por último una línea D que apoya la financiación de las obras de reformas para la mejora energética, conservación y mejoras en la accesibilidad de la vivienda para lo que se consignan un total de 25.000 euros.

 

Jóvenes CCOO advierte de la situación límite de la juventud trabajadora y exige al Gobierno que cumpla sus propios compromisos

Con ocasión del Día Internacional de la Juventud, que se celebra el 12 de agosto, CCOO llama a que la juventud se organice sindicalmente para defender sus derechos laborales y sociales y combatir la precariedad.

Las cifras siguen siendo implacables con la juventud trabajadora en España. El 30% de las personas de entre 16 y 29 años de edad que trabaja lo hace a tiempo parcial (727.600), cuatro puntos más que hace un año, y de ellas 402.100 se ven obligadas a aceptar un contrato a tiempo parcial ante la imposibilidad de conseguir uno a jornada completa. Esta parcialidad involuntaria afecta de forma especialmente grave a las mujeres jóvenes, que representan un 63% de quienes no encuentran un empleo a tiempo completo y tienen que firmar un contrato por menos horas.

La temporalidad juvenil sigue en cotas escandalosas, rozando el 55%, y el salario medio anual de los jóvenes de entre 18 y 25 años apenas supera —según la Agencia Tributaria— los 7.300 euros (20.566 euros es el salario medio general).

Estas cifras, sumadas al abuso —en muchas ocasiones fraudulento— de las prácticas no laborales, al fenómeno de los falsos autónomos (vinculados, o no, a plataformas digitales), al empleo sumergido, al fraude en la contratación, al paro —que aún afecta al 29% de la juventud menor de 30 años— o al riesgo de pobreza o exclusión social (30%, según la Encuesta de Condiciones de Vida, lo que convierte a este grupo de edad en el segundo más vulnerable, solo por detrás de los menores de 16 años, con un 31%), reflejan, a juicio de Jóvenes CCOO, una precariedad inaceptable que lejos de mitigarse sigue golpeando en su día a día a la inmensa mayoría de las personas jóvenes, que se ven de este modo incapacitadas para planificar y desarrollar proyectos de vida a medio y largo plazo. Esta circunstancia se evidencia también en el continuado descenso de la tasa de emancipación juvenil: en la actualidad, según datos recopilados por el Consejo de la Juventud de España, sólo el 17% de la población menor de 30 años ha logrado emanciparse.

“El Gobierno debe cumplir ya”

Jóvenes CCOO considera que el Gobierno debe atender de inmediato y con valentía sus propios compromisos y asegurar los intereses y las condiciones de vida de la mayoría, sobre todo en materias que no admiten más dilación como la subida del salario mínimo, la derogación de la reforma laboral o la regulación de la vivienda entendida como derecho humano y constitucional y no como bien de mercado.

El sindicato reclama un año más que se refuerce la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para perseguir eficazmente la temporalidad injustificada, el empleo sumergido y el fraude en el trabajo por cuenta propia, entre otros abusos empresariales, así como que el Gobierno se siente a negociar un estatuto que regule las prácticas no laborales para dotar de derechos aquellas que formen parte del currículo académico y laboralizar las que no se vinculen a ningún programa formativo.

Por último, CCOO llama al conjunto de la juventud trabajadora a organizarse sindicalmente —junto con las 50.000 personas jóvenes que ya forman parte del sindicato— para defender sus derechos dentro y fuera de las empresas y sea cual sea su situación laboral concreta. “Solo uniéndonos y apoyándonos mutuamente tendremos fuerza para dar la batalla por la mejora de nuestras condiciones de vida, y de esa fuerza que seamos capaces de acumular dependerá nuestro presente y nuestro futuro”, concluye CCOO.

 

Sanidad impulsa un Plan de Listas de Espera para volver a cifras pre-pandemia en 2022

 

La Consejería dará prioridad a medidas de de organización interna, planificación y recursos propios y sólo de manera extraordinaria acudirá a los centros privados

EL NORTEDomingo, 15 agosto 2021, 15:27

Se llama POLE, Plan de Ordenación de Listas de Espera; nace para atacar las presiones asistenciales originadas por el COVID-19, y su objetivo a cierre de 2022 es regresar a las cifras pre pandemia: 30.000 pacientes en lista estructural con una demora media de 90 días. Y todo con organización interna y correcta planificación; con recursos propios ordinarios, recursos propios extraordinarios y, si hay un problema estructural y no fuera posible, «sólo de manera extraordinaria», con recursos de la privada.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, muestra en 'Los desayunos de Ical' sus cartas en la partida contra el COVID que ha disparado las listas de espera en Castilla y León, en España y en el resto del mundo.

El plan, que arrancó en abril, tiene dos fases. La primera concluirá en diciembre, siempre que «no haya nada que lo ponga del revés», como una nueva ola. A finales de año, la previsión es que ningún paciente en prioridad 1 estructural, los más graves, espere más de 30 días para ser intervenido; ninguno en lista estructural, por el motivo que sea, esté más de 300 días, y no haya ningún paciente subsidiario de acogerse al Decreto de garantías de espera máxima, que le permitiría elegir el centro donde ser intervenido.

Además, la demora media estructural para todo el sistema de Sacyl se fija en 90 días, por lo que deberá recortarse intensamente en el segundo semestre ya que en junio, se encontraba en 129, 43.278 pacientes. En marzo era de152 días y 42.887 pacientes.

La segunda fase, que abarca todo el año 2022, con previsión de tener capacidad de utilización de todos los recursos por haber cesado ya la pandemia, los retos planteados son mantener los objetivos de prioridad clínica y de garantías de espera; y que haya objetivos individualizados para cada hospital, tanto de número de pacientes como de tiempo medio de espera. Éstos se plantearán al finalizar el año 2021 de forma personalizada para cada centro.

Casado explica que la estrategia beberá de los recursos propios, con una correcta organización y planificación, para que, por ejemplo, no haya quirófanos vacíos, cuando existan profesionales que puedan entrar. Aunque no es la prioridad, si fuera necesario, se aplicarían recursos propios extraordinarios que, aunque no precisa, suelen ser quirófanos a pleno rendimiento en jornada de mañana, pero también de tarde. La última opción será derivar pacientes a la sanidad privada, teniendo en cuenta que todos los sistemas sanitarios asumen unos mínimos de concertación, lo que redunda en la propia calidad de sistema.

Mejora la demora

Casado defiende que el segundo trimestre del año refleja una mejoría en la demora media de las listas de espera sanitarias, tanto en las demoras medias de consultas externas como en las de pruebas diagnósticas y cirugías, gracias a las medidas puestas en marcha en abril, con el el 99,6% de prioridades 1 operadas antes de los 30 días.

En estos momentos, los procesos clínicos que suman más esperas, casi el 40%, son cataratas, artrosis de rodillas y hernias inguinales, y la especialidad que más lista de espera acumulaba a 30 de junio era traumatología, seguida de oftalmología.

En el caso de consultas externas, se produjo un ligero aumento de las personas en listas de espera, al pasar de 172.000 a 196.000, aunque las demoras bajaron, de 113 días a 62 días, casi un 50%.

Las técnicas diagnósticas tuvieron un comportamiento similar. Aumentaron las personas, pero la demora media cayó en TAC, de 63 a 59 días; en resonancias magnéticas, de 204 a 136 días, y en ecografías, de 77 a 64 días. En estos momentos hay 7.460 personas en espera para un TAC, 11.950 para una RNM y 16.890 para una ecografía.

Expertos debaten la obligatoriedad de la vacuna contra el covid para sanitarios

 Las instituciones sanitarias y sociales tienen el deber de emplear sólo a trabajadores cuya presencia no suponga un riesgo innecesario de daños graves para éstos, argumenta Michael Parker, de la Universidad de Oxford

EUROPA PRESSJueves, 5 agosto 2021, 10:59

Italia, Francia y Grecia han hecho obligatoria la vacunación contra el covid-19 para el personal sanitario, y Reino Unido la está haciendo obligatoria para los trabajadores de las residencias de ancianos y está consultando sobre si ampliarla a los trabajadores sanitarios y a otro personal de asistencia social. Los expertos debaten en 'The BMJ' l obligatoriedad de vacunarse de los trabajadores sanitarios y sociales de primera línea, en caso de que fracasen los esfuerzos por alentarlos.

La seguridad de los pacientes es, en última instancia, responsabilidad de las instituciones sanitarias y sociales, y éstas tienen el deber de emplear sólo a trabajadores cuya presencia no suponga un riesgo innecesario de daños graves para los pacientes, argumenta Michael Parker, de la Universidad de Oxford, en Reino Unido.

El personal también tiene responsabilidades y debería estar dispuesto a vacunarse si se demuestra que ayuda a proteger a los pacientes y que sólo supone un bajo riesgo para ellos mismos, señala. «El personal sanitario que no esté vacunado supone un riesgo para los pacientes tiene la obligación de aceptar la vacunación», añade.

Aunque hay que animar al personal a que se vacune, los que no lo hagan, por una contraindicación médica o porque sean reacios, deben ser apartados de las funciones de primera línea, idealmente de forma inmediata, afirma Parker.

La preocupación de que el traslado del personal pueda poner en mayor riesgo a los pacientes, debido a los problemas de contratación, «no es una justificación para no hacer nada», añade. Si no es posible garantizar rápidamente que los pacientes sean atendidos por personal vacunado, para cumplir con su obligación de proteger a los pacientes, los empleadores deberían hacer obligatoria la vacunación de todo el personal de primera línea que no tenga una contraindicación médica grave.

Helen Bedford, del Great Ormond Street Institute of Child Health de Londres, y sus colegas sostienen que la vacunación obligatoria es «un instrumento contundente para abordar un problema complejo. No es necesaria, ni aceptable, ni la forma más eficaz de lograr una alta aceptación, y plantea serias cuestiones éticas sobre la libertad de elección», aposilla.

Incovenientes

En Reino Unido, la aceptación de la vacunación contra el covid-19 entre el personal del NHS y de las residencias de ancianos es generalmente alta, argumentan: El 90% y el 87%, respectivamente, han recibido al menos una dosis.

Los expertos admiten que se sabe que la aceptación es menor entre algunos grupos étnicos minoritarios, muchos de los cuales trabajan en los sectores de la salud y la asistencia social, y en funciones de cara al paciente.

«La vacunación obligatoria puede parecer una solución sencilla, que requiere menos recursos que otras intervenciones, pero tiene inconvenientes. En particular, puede aumentar la resistencia a la vacunación al dañar la confianza en el gobierno y otras organizaciones», advierten.

Explorar las razones de las dudas sobre las vacunas entre estos trabajadores es fundamental para informar sobre las intervenciones para mejorar la aceptación, y un enfoque de «escucha activa» para proporcionar información junto con los defensores de las vacunas y los embajadores de las minorías étnicas y los colegas clínicos de alto nivel ayuda a construir la confianza, dicen.

Estas estrategias también pueden ayudar a mejorar la confianza en la vacuna entre la población en general, ya que el personal sanitario, junto con el SNS, es la fuente de información más fiable para el público sobre la vacuna antivariólica.

En un comentario adicional, Michael Mittelman describe los riesgos que el personal no vacunado supone para los pacientes inmunodeprimidos como él. Ha sido sometido a tres trasplantes de riñón por una rara enfermedad renal.

La vacunación obligatoria debería incluir a todo el personal que esté en contacto con los pacientes, incluidas las personas que reparten comidas, el personal que ayuda a los residentes de la tercera edad, los técnicos de emergencias, el personal de limpieza, etc., además de los médicos y las enfermeras, afirma. «No poder confiar en el trabajador sanitario que me atiende, o en la persona que me trae la comida, genera ansiedad al propagarse las variantes del covirus», añade.

Por otro lado, Nadra Ahmed, presidenta de la National Care Association, advierte que el sector de las residencias sanitarias en el Reino Unido ya se encuentra en un estado «frágil» debido a los problemas de contratación y la «suposición más peligrosa es que el personal que se vaya será fácilmente sustituido». Si el personal que aún no se ha vacunado se marchara, potencialmente un 13% adicional de los servicios asistenciales sería insostenible, afirma.

La transmisión en la comunidad sigue siendo elevada, y el personal vacunado puede ser portador del virus, así como los visitantes no vacunados, incluidos familiares, amigos y personal sanitario, añade.

CCOO lanza una campaña para que delegados y delegadas conozcan la tramitación de los Planes de Igualdad

 La Secretaría de Mujeres e Igualdad de CCOO Castilla y León ha elaborado unos vídeos breves sobre los Planes de Igualdad a modo de píldoras informativas. Son 14 videos sobre todas las fases de la elaboración de los Planes de Igualdad, para que delegados y delegadas tengan una primera información sobre los mismos y las reformas que la normativa más actual ha introducido en su tramitación. Esta información se hará llegar, sobre todo, a los Comités de Empresa que van a iniciar o están negociando ya su Plan de Igualdad, aunque el objetivo es llegar a los delegados y delegadas del mayor número de empresas posible.

La secretaria de Mujeres e Igualdad, Yolanda Martín, y el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente, Fernando Fraile, realizan también una presentación en la que se expone el objetivo y la principal función de esta formación.

Los videos han sido elaborados por la Secretaría de Comunicación en colaboración con la Secretaría de Mujeres, interviniendo en ellos la agente de Igualdad de Salamanca, Virginia Carrera. A pesar de su brevedad la información que contienen estos vídeos pone las bases de una futura formación más extensa y concreta de cada parte que se organizará dentro del itinerario formativo sindical y del Servicio de Asesoramiento en Igualdad del sindicato.

La campaña se completa con un cartel sobre Planes de Igualdad en el que aparece un código QR donde se podrá acceder a estos videos a través de nuestro canal de Youtube.

https://castillayleon.ccoo.es/noticia:596855--CCOO_lanza_una_campana_para_que_delegados_y_delegadas_conozcan_la_tramitacion_de_los_Planes_de_Igualdad&opc_id=61952cfe7ba2f6fbe0db539f6f403dbc#

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