- María Emilia Casas plantea una reforma legislativa para dar estabilidad hasta su jubilación al personal que ha encadenado contratos temporales o prórrogas sucesivas durante años en puestos que cubren necesidades permanentes
- Una solución excepcional para una situación excepcional. Un informe firmado por María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2011, plantea una reforma legislativa en España para convertir en trabajadores fijos "a extinguir" a los empleados públicos que han sufrido el abuso de la contratación temporal, una situación que afecta a más de 800.000 personas en todo el país. El dictamen propone la creación de una nueva categoría, la de "personal estabilizado" con carácter indefinido, para cumplir la directiva comunitaria 1999/70/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que instan a los estados miembros a prevenir y sancionar, con medidas efectivas y disuasorias, el uso indebido de los contratos temporales sucesivos.
El informe, encargado por asociaciones estatales de empleados públicos al estudio jurídico Ejaso, en el que ahora ejerce Casas, defiende que se trata de una vía "apropiada y constitucional" para resolver un mal endémico en la administración pública española y dar estabilidad mediante la continuidad en sus puestos, hasta la jubilación, al colectivo afectado. Aboga, además, por acometer esta reforma "con urgencia" ante la "infracción flagrante" y continuada del derecho europeo y la ausencia en el ordenamiento jurídico español de medidas "eficaces y efectivas" para sancionar el abuso de la temporalidad. Ni la organización de los escasos procesos selectivos para proveer de forma definitiva las plazas ocupadas temporalmente; ni la transformación de los trabajadores en "indefinidos no fijos", ni las indemnizaciones equivalentes a las de un despido improcedente se erigen, a juicio de la también catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en acciones adecuadas y suficientes para poner coto a esta situación y castigar a las administraciones públicas por los reiterados incumplimientos.
Casas niega, además, en su dictamen que la solución propuesta vulnere los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Recuerda que, a excepción de determinados casos, los interinos se han sometido a pruebas de acceso bajo estos parámetros y que el Constitucional ya ha ratificado la validez del reconocimiento de los servicios prestados y la antigüedad como mérito único en la fase de concurso para favorecer la consolidación del personal no permanente (contratados o interinos). Y es que el tiempo efectivo de servicios "puede reflejar la aptitud o la capacidad del aspirante para desarrollar las funciones públicas", recalca un dictamen que precisa, no obstante, que esta posibilidad "no es ilimitada" ni un "título de legitimación exclusiva".
La autora del informe alude también a la jurisprudencia del Constitucional para explicar que, "en determinados casos", la diferencia de trato puede considerarse como "razonable, proporcionada y no arbitraria", siempre que "se demuestre como un medio excepcional y adecuado para resolver una situación también excepcional, expresamente prevista en una norma con rango de ley y con el objeto de alcanzar una finalidad constitucionalmente legítima". Para Casas, en este caso la situación de excepcionalidad estriba en la obligación del Estado español de cumplir la normativa europea y las sentencias del tribunal de Luxemburgo. "La forma más simple de que España adapte su legislación en materia de empleo público a la directiva 1999/70/CE es incorporando la regla de transformación de contratos temporales abusivos en indefinidos", recoge el dictamen, que subraya que el derecho de la Unión Europea no prescribe "en modo alguno" la conversión en funcionario, sino que "deja abierta la posibilidad a la creación de figuras laborales dotadas de verdadera estabilidad".
La figura del trabajador "fijo a extinguir" aparece recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en una disposición sobre la integración del personal de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales o fundaciones del sector público, por lo que, en opinión de la presidenta emérita del Tribunal Constitucional, tiene "apoyo normativo" sobre el que sustentarse. La propuesta de Casas también plantea, de cara al futuro, la adopción de esta medida o de otras alternativas, como la imposición de indemnizaciones realmente disuasorias para las administraciones que incurran en un abuso de contratación temporal sucesiva.
La catedrática señala que, para el Tribunal de Luxemburgo, no es necesario que exista una obligación general, derivada de la directiva europea, de transformar los contratos temporales abusivos en indefinidos. Sin embargo, "esto no quiere decir en modo alguno que sea una medida descartable. Simplemente, no es la única posibilidad", afirma la autora del informe, que añade que, si no se aplica, tiene que haber una medida "igualmente efectiva" para disuadir a las administraciones públicas de mantener estas prácticas.
Tres vías insuficientes
A lo largo de un documento de 55 páginas, Casas expone "el fracaso" de los legisladores españoles a la hora de trasponer la directiva comunitaria 1999/70/CE al ordenamiento jurídico nacional. En concreto, de las cláusulas 4 y 5 del acuerdo marco sobre trabajo de duración determinada, que hacen referencia a la "igualdad de trato y no discriminación" de los empleados temporales frente a los fijos y a la necesidad de establecer medidas para prevenir y sancionar el uso abusivo de estos contratos de duración determinada. El dictamen habla de un "incumplimiento generalizado" de estos preceptos que ha llevado a una "normalidad patológica" que se ha hecho resistente en la administración pública. La catedrática resalta que se ha "desnaturalizado por completo" la designación temporal de empleados públicos, "encubriendo relaciones de carácter indefinido". Un escenario que ha sumido a los profesionales en una permanente incertidumbre, "pendientes siempre de renovación", lo que, a su vez, ha incidido en su estabilidad personal y en el desempeño de su actividad laboral.
El informe remarca que la normativa de función pública en España no prevé ninguna consecuencia para el abuso de la temporalidad, ni para los contratados a través del Estatuto de los Trabajadores, ni para los interinos ni para los eventuales y que ha faltado "voluntad política" para materializar la directiva comunitaria mediante "soluciones técnicas adecuadas". Tres han sido las vías utilizadas hasta la fecha para tratar de atajar el problema. La primera ha sido la organización de procesos selectivos. Sin embargo, tal y como expuso la conocida sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 2020, los plazos de convocatoria (cada tres años, como máximo) no se han respetado y los procesos han sido poco frecuentes, sobre todo a raíz de la crisis económica de 2008 y la congelación de la tasa de reposición de efectivos, por lo que se ha creado una gran bolsa de empleo temporal. Casas recalca, además, que en las ofertas de libre concurrencia no se tiene en cuenta el abuso de temporalidad y que solo serían conformes a derecho, bajo este prisma, los procesos restringidos, para quienes hubieran sufrido esta situación, o generales pero con preferencias para el colectivo afectado.
La mencionada resolución del TJUE entierra también la figura del "indefinido no fijo", una creación jurisprudencial española para tratar de resolver el problema enquistado. "Es una falsa estabilidad. Fue una vía de remedio, pero no tiene recorrido", sostiene la expresidenta del Constitucional, que apunta que los contratos de los trabajadores a los que se les ha reconocido esa categoría siguen conservando el carácter de duración determinada, con la provisión definitiva sometida a la celebración de una prueba selectiva.
La tercera fórmula es la indemnización, que tiene que ser efectiva y disuasoria. Para evaluar el coste que esta vía supondría para las arcas públicas españolas, el dictamen hace una simulación con el caso de la sentencia de marzo de 2020 y calcula en 41.793,51 euros la cantidad que habría de recibir el trabajador en el supuesto de que se le otorgara una indemnización equivalente a la del despido improcedente, de 33 días de salario por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades. Aceptando esa cifra y una tasa de temporalidad en el servicio madrileño de salud (donde ejercía el empleado) del 20%, el coste total solo para esa administración sería de 417.935 euros, "una cantidad inasumible" y a la que habría que sumar la convocatoria de un proceso selectivo "de dimensiones desconocidas". Por todo ello, entiende que tampoco la indemnización "es la medida más oportuna".
El dictamen aboga en cualquier caso, por explorar esta vía de cara a un futuro, pero a través de fórmulas como la recogida en un procedimiento judicial en Italia, que podría servir "de inspiración" para España y que contemplaba no solo un baremo basado en la antigüedad del empleado, sino también una estimación de "lo que dejó de hacer mientras duró el abuso".
Casas apuesta por la vía legislativa frente a la resolución judicial del conflicto, máxime teniendo en cuenta que la jurisprudencia del TJUE ha dado lugar a "decisiones distintas de los órganos judiciales internos, cuando no contradictorias". Incluso el Tribunal Supremo "ha bendecido" en algunas de sus resoluciones el incumplimiento de la cláusula 5 del acuerdo marco europeo sobre contratos de trabajo de duración determinada, ha apostillado la catedrática de la UCM, que también recuerda en su dictamen que la Comisión Europea mantiene abierto un procedimiento de infracción contra el Gobierno de España por los incumplimientos en esta materia.
viernes, 26 de marzo de 2021
Un informe de la expresidenta del Constitucional avala hacer fijos a 800.000 empleados públicos que han encadenado contratos temporales
lunes, 22 de marzo de 2021
CCOO INFORMA PLAN DE EMPLEO AUXILIARES DE CLINICA DIPUTACION DE VALLADOLID DE C2 A C1
Estimadas/os Compañeras/os
Auxiliares de Enfermería:
Después del compromiso que
arrancamos de la Administración el pasado 12 de marzo del año 2020 para ir
transformando las plazas de Auxiliar de Enfermería a C1, Hoy hemos dado un paso
mas en ese OBJETIVO, por el que llevamos luchando tanto tempo desde CCOO.
Hoy hemos mantenido una reunión
de trabajo en el que hemos estado trabajando junto con el Servicio de Personal
en el PROXIMO PLAN DE EMPLEO PARA LA TRANSFORMACIÓN de auxiliares de clínica
del nivel C2 al C1
Desde CCOO, os felicitamos
como colectivo, ya que este ha sido un logro y un objetivo, luchado y conseguido
por todas/os vosotras/os.
SECCION SINDICAL DE CCOO
jueves, 18 de marzo de 2021
La pandemia impulsa el teletrabajo en España: casi tres millones de empleados a distancia
Un millón de personas más se han sumado a esta fórmula en el último año, un 74,2% más. La media (14,7%) sigue por debajo de las cifras de otros países de la UE, según Adecco
Un año después de su implantación forzosa como consecuencia de la covid-19, el teletrabajo ya no es una fórmula de difícil encaje para muchas empresas en España. La necesidad de mantener la actividad productiva ha obligado a que, en aquellas compañías en las que es posible operar a distancia, se ofrezca esta alternativa a sus empleados. Según los datos del Adecco Group Institute, 2,86 millones de españoles teletrabajan desde su domicilio en estos momentos, 1,2 millones más que hace año, cuando llegó la pandemia. Esta cifra, récord en España ―supone un incremento de un 74,2% con respecto a los registros prepandemia―, se desinfla, sin embargo, en comparación con los volúmenes que manejan otros países europeos y advierte del retroceso en la flexibilidad laboral del mercado de trabajo nacional respecto al de sus principales competidores.
Estos casi tres millones de empleados que teletrabajan en España suponen el 14,7% del total de ocupados―19.344.300, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el cuarto trimestre de 2020―, un porcentaje muy inferior al de la media de la Unión Europea (21,5%). Los países que manejan mayores tasas de teletrabajo son Suecia (40,9%) y Holanda (40,1%), por delante de Luxemburgo (34,5%) y Finlandia (33,5%). En el entorno más cercano también hay vecinos con tasas más elevadas que la española: Francia (28,3%), Portugal (20,7%) y Alemania (18,5%); y solo Italia se encuentra por debajo de las cifras de España (9,8%). En el lado opuesto de la balanza aparecen países como Rumanía (5,4%) y Bulgaria (4,7%).
La implantación del teletrabajo también ha sido desigual en los distintos territorios del país. La presencia de empresas de mayor tamaño, más proclives a la implementación de esta fórmula, ha provocado que tanto la Comunidad de Madrid como Cataluña presenten las mayores tasas de aumento del teletrabajo del país: 200% y 118%, respectivamente. En términos absolutos, esos incrementos porcentuales significan que, durante 2020, la Comunidad de Madrid aumentó su número de teletrabajadores en 512.000 personas (hasta un total de 767.200), mientras que Cataluña lo hizo en 350.000 (elevando el total hasta 645.400 teletrabajadores). Ambas comunidades concentran siete de cada 10 nuevos teletrabajadores de toda España.
La llegada de la pandemia ha dado la vuelta al punto de partida de algunas comunidades autónomas con respecto a la posibilidad de trabajar a distancia. Madrid ha pasado a encabezar la lista (26,9% de los teletrabajadores de España), por delante de Cataluña (22,6%) y Andalucía (12,8%); y es la comunidad donde el incremento porcentual de los trabajadores acogidos a esta fórmula más ha crecido en todo este tiempo (14 puntos). Que el teletrabajo ha sido el recurso de gran parte de las comunidades para sobrellevar las restricciones de movilidad lo evidencia el dato de que hace un año 15 de los 17 territorios presentaban tasas de teletrabajo inferiores al 10%, mientras que ahora, 12 meses después, solo son tres: Canarias y Murcia (9,8% en ambos casos) y La Rioja (9,6%).
lunes, 15 de marzo de 2021
Victoria Rosell: “Por primera vez el servicio 016 atenderá a todas las víctimas de violencias sexuales”
La Delegada ha presentado los datos del 016 del mes de febrero y ha anunciado que el servicio 016 se amplía a ofrecer información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia contra las mujeres
11 de marzo de 2021.- La Delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación a través de videoconferencia para presentar los datos del 016 del mes de febrero, valorar la situación de la violencia machista en España y exponer las novedades del servicio 016 a partir de marzo, que presenta mejoras a sus servicios sin precedentes.
Victoria Rosell ha manifestado que a partir del mes de marzo el servicio 016, el cual se presta desde la Delegación del Gobierno desde el año 2007 y que estaba limitado a la violencia de género en la pareja o expareja, amplía su atención a todas las formas de violencia de género expuestas en el Convenio del Consejo de Europa, sobre prevención y lucha contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul de 2011, que fue ratificado por España en el año 2014.
martes, 9 de marzo de 2021
CCOO va a hacer una campaña para el reconocimiento como enfermedad profesional de la Covid-19 entre el personal de las residencias públicas
CCOO va a llevar a cabo una campaña para lograr el reconocimiento como enfermedad profesional de la Covid-19 entre los trabajadores y trabajadoras de las residencias públicas de personas dependientes de Castilla y León. Para ello, la Federación de Servicios a la Ciudadanía ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que la Junta, de oficio, reconozca la enfermedad profesional a los 2.124 trabajadores y trabajadoras que han sido afectados por la Covid-19 en las residencias públicas de la Comunidad.
Igualmente asesorará al personal afectado para que soliciten ante el INSS este reconocimiento que comporta una mejora en las prestaciones si las personas sufren secuelas por el coronavirus.
“Ninguno de los que han dado positivo por la Covid-19 ha tenido el reconocimiento que otorga la ley y eso que ha sido el 60% del personal de las Residencia Públicas” ha señalado el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Carlos López Inclán. Por eso la responsable de Salud Laboral de la Federación, Raquel Martín, ha señalado el desamparo en el que ha dejado la Junta a este personal “que ha estado todo el tiempo en la primera línea de la pandemia cuidando a nuestros mayores y nuestras personas dependientes”.
Por su parte el responsable del sector autonómico de la FSC, Ernesto Angulo, ha denunciado que los servicios de prevención, que hubieran tenido que actuar desde el primer momento estableciendo listas de contactos directos, “han estado desaparecidos durante la pandemia”. Aunque la Covid-19 ha afectado enormemente a las y los residentes en las Residencias de Tercera Edad dependientes de la Junta de Castilla y León y a mas el 60% del personal no ha habido en ningún momento listados de contactos directos, que hubieran servido para demostrar que el contagio por coronavirus se había producido en el trabajo, paso previo a lograr el reconocimiento como enfermedad profesional. Para Raquel Martín ha habido poco interés por parte de las direcciones de los 23 centros dependientes de la Junta de Castilla y León, pero si alguno ha tenido interés “se ha encontrado con que los servicios de prevención de riesgos laborales, que son externos al Gobierno Regional, no han atendido las llamadas que se les hacían”. En este sentido Carlos López Inclán ha señalado que CCOO lleva años denunciando que los servicios de prevención externos no funcionan y exigiendo a la Administración autonómica que tenga servicios propios.
El caso es más sangrante desde el mes de mayo de 2020 cuando un Decreto Ley estableció la declaración de accidente de trabajo el contagio por coronavirus. Ahora, una norma de febrero de este año permite que se reconozca como enfermedad profesional, a lo que se acogerá la Federación de Servicios a la Ciudadanía para exigir su reconocimiento a todas las personas que han sufrido el virus por estar trabajando. El motivo es que comporta ventajas a las personas afectadas especialmente si se derivan secuelas del contagio en los próximos 5 años. Las pensiones a percibir y las indemnizaciones posibles son más cuantiosas si se trata de enfermedad profesional que si es una enfermedad común, además de que son las Mutuas de riesgos laborales las que tienen que hacerse cargo de las bajas en lugar de la Seguridad Social. Este reconocimiento permite, además, el acceso a indemnizaciones por accidente de trabajo, el reconocimiento de lesiones permanentes no invalidantes y no es necesario haber tenido cubierto un periodo de cadencia ya que cubre inmediatamente.
miércoles, 3 de marzo de 2021
8 Marzo, Día Internacional de las Mujeres
Desde CCOO todos los días luchamos por los derechos de las mujeres, por la igualdad efectiva, por una sociedad basada en la justicia y en la calidad democrática. Una lucha que reivindicamos este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, bajo el lema 'Vivas, libres, unidas en acción y reivindicación' y con las etiquetas #VivasLibresUnidas #Acción8M. VIVAS. Porque los asesinatos y otras violencias machistas cercenan nuestro derecho a una vida plena y segura. LIBRES. Porque reivindicamos el derecho a una vida con plena autonomía. UNIDAS. Porque juntas somos más y más fuertes.
martes, 2 de marzo de 2021
CCOO y UGT destacan el poder de la negociación colectiva y del diálogo social para avanzar sin retorno hacia una sociedad igualitaria
Diseñar una ley de igualdad salarial, derogar la reforma laboral, incrementar el SMI, dignificar el cuidado y políticas efectivas con perspectiva de género en diversos ámbitos están entre las medidas prioritarias a exigir para UGT y CCOO.
Mediante su labor incesante, los dos sindicatos con más representación de nuestro país ponen en valor, una vez más, el poder de la negociación colectiva y del diálogo social para avanzar sin descanso hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, hito que, a su vez, supondría una sociedad más justa, sostenida y solidaria para el conjunto de la población.
PRINCIPALES MEDIDAS
UGT y CCOO coinciden en la necesidad imperante de negociar colectivamente, a través del diálogo social, una ley de igualdad salarial que combata la discriminación retributiva entre mujeres y hombres. Así mismo, es irrenunciable el diseñar (y exigir que se cumplan) planes de igualdad que se adapten a la legislación vigente como la Ley de Igualdad 2/2007 o el Real Decreto ley 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Ambas legislaciones fueron aprobadas gracias a la presión y al apoyo de estos sindicatos.
En este sentido, la reforma laboral aprobada por el Gobierno de la crisis económica, cuyos recortes de derechos y de gasto público supusieron un grave perjuicio en contra de la igualdad de oportunidades de las mujeres, debe ser derogada mediante el diálogo social.
Los sindicatos también lucharán por situar el SMI en el 60% de la media salarial para el final de esta legislatura como medida para apoyar a los sectores más afectados por la crisis sanitaria, entre los que se encuentra el de las mujeres. De hecho, las trabajadoras son las que más sufren los contratos a tiempo parcial, así como las tasas de paro y de temporalidad más altas.
CCOO y UGT no ignoramos que se ha producido una grave crisis de cuidados que ha puesto de manifiesto tanto la precariedad de este sector como los prejuicios que se siguen manteniendo acerca del papel que mujeres y hombres tienen en el cuidado de personas mayores y de infantes, tareas que suelen recaer injustamente sobre las mujeres. Esta situación de falta de medios y regulación también afecta a las empleadas del hogar, cuyos derechos debemos equiparar, comenzando por la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo digno de las trabajadoras del hogar.
UGT y CCOO recordamos también el compromiso del Gobierno para ratificar el Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Resultará de vital importancia, pues, instaurar unas políticas efectivas con perspectiva de género en educación, en derechos laborales, en la lucha contra la violencia machista y en materia de corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Desde CCOO y UGT no renunciaremos tampoco a dignificar el sector cuidados a través de una infraestructura de servicios públicos de calidad, a exigir mayores políticas de compatibilidad de la vida familiar y laboral y a luchar por establecer medidas de protección social igualitaria.
“El salario anual de las mujeres debería incrementarse un 27% para equipararse al de los hombres”
La brecha salarial existe y CCOO lo ha cuantificado: Los salarios medios de las mujeres son inferiores a los de los hombres por igual trabajo o trabajo de igual valor, de manera que el salario medio de las mujeres debe incrementarse un 27% para equipararse al salario medio de los hombres. Es una realidad que se repite en todas las comunidades autónomas, en todos los tramos de edad, sectores y ocupaciones, según han asegurado durante la presentación del Informe “Las cuentas claras para romper la brecha salarial” la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco Martín, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo. “Las mujeres ocupan mayoritariamente los empleos temporales, a tiempo parcial, en los sectores y los puestos de trabajo con los salarios más bajos”, recalcaron.
lunes, 1 de marzo de 2021
MIGRACIONES
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JUEVES 25 DE MARZO, JORNADA SOBRE LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL
Este delito existe en Castilla y León. No se ve porque las mafias que están detrás evitan que así sea. Es un delito difícil de juzgar porque conseguir víctimas que denuncien es casi misión imposible. Comisiones Obreras organiza una jornada en línea para visibilizar estos casos y ofrecer recursos a la ciudadanía para detectarlos.
En 2020, el 30 de julio, día Mundial contra la Trata de Seres Humanos, lanzamos una campaña sobre la trata con fines de explotación laboral. Se suele hablar de las víctimas de trata con fines de explotación sexual pero no cuando el fin es el laboral. Sin embargo, existe: En marzo del año pasado se detuvieron catorce personas acusadas de trata en la poda en la vendimia en Tordesillas (Valladolid); en septiembre saltaba la noticia en León de la desarticulación de una organización que explotaba mujeres captadas en Honduras como empleadas de hogar; veinte víctimas fueron liberadas en octubre en Toro y Fresno de la Ribera (Zamora) a los que se explotaba realizando tareas agrícolas; en diciembre se ha celebrado el juicio por delitos de trata de seres humanos a quienes tenían hacinadas 200 personas en una nave en Canicosa de la Sierra (Burgos) para la recogida de setas… La gravedad de los hechos nos obliga como a sociedad a luchar contra este delito contra los derechos humanos.
Desde que el ordenamiento jurídico recogió este delito en 2010, se ha ido avanzando en la dotación de recursos humanos y formación de personal especializado para luchar contra ella. En la actualidad tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil cuentan con operativos específicos para este delito. Precisamente, con estos contaremos para la próxima jornada, que tendrá lugar el jueves 25 de marzo. También participará Beatriz Sánchez Álvarez, Fiscal Adscrita de la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado. La jornada se celebrará de 11 a 13:30 h. a través de la plataforma de zoom. Si quieres participar, inscríbete en el siguiente formulario.
Esta jornada se enmarcada en el Acuerdo del Diálogo Social para la Integración Social y Laboral de las personas inmigrantes y emigrantes porque la mayoría de las víctimas son personas extranjeras con poco conocimiento del idioma y escasa formación. Las técnicas de manipulación psicológica a las que son sometidas deterioran sus facultades psicológicas, lo que puede explicar la sumisión con la que a veces asumen estas situaciones. Por eso es tan importante que la ciudadanía aprenda a reconocer esta realidad y ayude a las víctimas.
El lugar donde normalmente suceden los hechos, casas particulares y localidades pequeñas, dificulta su detección y el contacto con las víctimas. En muchos casos, estas no saben exactamente los derechos que tienen y no saben identificar qué les está pasando. No es fácil ayudarlas pero los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ofrecen recursos que tenemos que conocer.
Dentro de esta campaña organizada por los CITES (Centros de Información a las Personas Trabajadoras Extranjeras), hemos repartido material divulgativo y realizado acciones de formación a cuadros sindicales y a personal técnico para aprender a distinguir la “explotación laboral” del delito de “trata con fines de explotación laboral”. El primer caso se refiere a la comisión de un delito contra los derechos de los y las trabajadoras donde se puede incurrir en contratar personas sin permisos de trabajo, en no cotizar a la Seguridad Social, en favorecer la entrada ilegal de personas en el país… En la trata laboral, a mayores de todo esto, hay una captación engañosa que implica un traslado y alojamiento. Y, para mantener los abusos laborales en el tiempo, se practica la violencia, la intimidación y el engaño. Es un delito contra los derechos humanos.
El material que hemos difundido desde el sindicato contiene también pistas para detectar posibles casos de trata laboral. Por ejemplo: las personas trabajadoras no tienen contacto con otras personas y lo rehúyen, a quienes se trata con violencia verbal, física o psicológica o que no abandonan el lugar de trabajo que se convierte en su residencia. Se les practica la retención de la documentación con lo que se limita su posibilidad de movimiento. Además se suele imponer una deuda por el traslado que nunca acaban de pagar porque les detraen cantidades excesivas en concepto de alojamiento y manutención o traslados. De esta manera “sujetan” a la víctima al trabajo en el que les explotan.
Os animamos a difundir y participar en esta jornada.
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