España plantea un máster de dos años para la élite de la Administración, modelo parecido al que ya funciona en otros países vecinos
El Gobierno planteó la semana pasada un volantazo en el acceso al alto funcionariado, a los puestos de más responsabilidad y mejor retribuidos. En concreto, el Ministerio de Función Pública propone un cambio en la vía de entrada a las categoría A1 y A2, en las que se circunscriben los abogados del Estado, la carrera diplomática, conservadores de museos, los ingenieros geógrafos, inspectores de Hacienda...
El planteamiento del Gobierno es el siguiente: en vez de acceder con las oposiciones tradicionales, a esos puestos se entraría pasando en primer lugar por institutos y escuelas de la Administración, donde se cursaría un máster específico de dos años. Para acceder a ese máster habría una prueba de acceso, que solo superaría una parte de los aspirantes. Los que mejores notas lograsen cursarían esos estudios durante dos años y al final harían otro examen, el que decidiría quienes obtienen las plazas como funcionarios.
Esta propuesta ha despertado críticas de los colectivos de funcionarios superiores. Fedeca, la asociación de cuerpos de élite del Estado, cree que esta idea del Gobierno “no garantiza la igualdad, es más costosa y menos transparente” que el sistema actual.
Ese modelo, el que opera actualmente en España, se parece al de otros países europeos, y el que plantea Función Pública también tiene semejanzas con el que rige en estados vecinos. A continuación repasamos cómo se accede al funcionariado en algunos de esos países.
Unión Europea y Bélgica: al menos dos lenguas oficiales
En el conglomerado de las instituciones europeas trabajan más de 60.000 personas procedentes de los 27 países que componen la UE. Aunque hay diferentes categorías —desde personal permanente (funcionarios) a personal contractual para tareas específicas y el temporal, con contratos por hasta seis años— todos los candidatos deben cumplir varios requisitos básicos: ante todo, ser “apasionados” del proyecto de la Unión Europea y creer en sus valores (aunque el dinero y la seguridad sean grandes incentivos). Y, también, hablar “al menos” dos de las 24 lenguas oficiales de la UE. Para convertirse en funcionario de la UE, que tiene a su vez tres categorías (administradores, asistentes y secretarios o personal administrativo), los aspirantes deben someterse a un proceso de oposiciones regulado por la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO).
Una vez superados los exámenes, que van desde pruebas de habilidades de razonamiento a una “prueba de conocimientos de la UE” que puede llegar a ser extremadamente específica, los seleccionados pasan a engrosar una bolsa de trabajo, oficialmente denominada lista de reserva, desde la que pueden postular a diferentes puestos. Los salarios varían enormemente en función de la categoría, los méritos y la antigüedad, yendo de una base de 3.000 a 5.000 euros brutos mensuales hasta los más de 20.000 en las categorías más altas, de director general.
Para ser funcionario en Bélgica, se debe pasar un examen de selección organizado en función de los puestos, accesibles por otra parte según el nivel de estudios del candidato. El salario medio de un funcionario belga está entre los 2.500 y 4.000 euros brutos mensuales, con aumentos por antigüedad e indexación.
Italia: a la Escuela Nacional de Administración para ser directivo
En Italia el acceso al empleo público está regulado por el artículo 97 de la Constitución, que establece que el personal no directivo debe ser seleccionado mediante oposiciones y el directivo, a través de oposiciones y de cursos ofrecidos por la Escuela Nacional de Administración, con distintos requisitos de titulación y antigüedad.
En la actualidad, el país transalpino cuenta con algo más de tres millones y medio de funcionarios. De ellos, en torno a 6.000 son considerados altos funcionarios, de los cuales 400 son de primer nivel. Es decir, ocupan puestos en la cúpula de los ministerios, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Protección Civil, la Agencia Italiana del Medicamento o las Delegaciones del Gobierno. Se trata de altos cargos con responsabilidades estratégicas y de coordinación sobre un gran número de recursos humanos y financieros.
Al margen de los cargos de nombramiento directo como jueces de altos tribunales, delegados del Gobierno o directivos de autoridades independientes como la Oficina Anticorrupción, el resto de altos funcionarios deben realizar un curso de la Escuela Nacional de Administración de un año de duración, combinado con cuatro meses de prácticas en distintas oficinas públicas. Para acceder a este periodo de formación, deberán superar previamente una oposición.
Numerosos observadores han señalado que estos cursos son demasiado teóricos y que no sirven para evaluar suficientemente la capacidad real de liderazgo, la toma de decisiones bajo presión o la gestión de equipos complejos de los candidatos. El coste de este sistema y la desigualdad son también algunos de los puntos más criticados, ya que los funcionarios internos mantienen su salario durante el curso, mientras los candidatos externos deben pagar una cuota de 5.000 euros para participar, además de correr con los gastos de estancia durante el periodo de estudio. Además, las administraciones que envían a sus empleados a participar en la formación, deben afrontar costes de misión y costear convenios con la Escuela, una condición que se aprecia como un obstáculo para la igualdad de oportunidades.
Aunque el sistema se basa en el concurso público, son numerosas las denuncias por nombramientos a dedo o filtraciones internas que favorecen a candidatos con padrino político o contactos en la Escuela o los ministerios.
Francia: acceso por oposición y altos cargos a una escuela elitista
En Francia hay 5,7 millones de funcionarios, que representan alrededor del 20% del empleo total, según el último informe del Ministerio de la Función Pública publicado en 2024. Son 61.900 personas más que en 2022, un incremento que se justifica por el aumento de contrataciones en hospitales. Según el instituto nacional de estadística francés (Insee), desde 1997 el empleo público ha crecido un 23%, nueve puntos más que el avance de la población (14%), mientras que los trabajadores del sector privado han aumentado un 18%. Del total de funcionarios, el 45% pertenece a la administración del Estado, el 34% a los organismos territoriales y un 21% se emplea en los servicios públicos de salud.
El acceso es por oposición. Muchos de los altos cargos del Estado se forman en el Instituto Nacional de Servicio Público, la antigua ENA, la elitista escuela donde se han instruido muchos de los presidentes franceses, así como ministros. También se hacen contratos externos, sobre todo en la educación, cuando no se pueden cubrir todas las vacantes. Se reparte en tres categorías, A, B y C, que van en función de los estudios.
Para poder acceder a una plaza hay que tener nacionalidad francesa o ser europeo. En el primer caso es imprescindible para para los sectores considerados clave (Justicia, Interior, Defensa o Exteriores).
Reino Unido: sin la seguridad laboral del funcionario español
Los amantes de la política y del sentido del humor británicos recordarán la serie televisiva Yes Minister (Sí, ministro), en la década de los ochenta. El secretario permanente del ministerio, Sir Humphrey Appleby, es un personaje astuto y sibilino que maneja a su antojo al político de turno. Es la imagen por excelencia del llamado civil servant (servidor civil), la figura del trabajador de la administración obligado a ser políticamente imparcial, nombrado por el Servicio Civil Interior del Reino Unido, cuya tarea es dar apoyo —legal, burocrático o analítico— a los distintos ministerios, departamentos o agencias del Gobierno.
A diferencia del término “funcionario” o “empleado público” español, el servidor civil británico tiene una tarea mucho más definida que la de otros trabajadores del sector público como policías, maestros, médicos, enfermeros o miembros de las fuerzas armadas, a los que no se conoce con ese nombre. Con datos del pasado marzo, procedentes de la Oficina Nacional de Estadística, se cuentan actualmente en el Reino Unido un total de 516.455 servidores civiles. El Ministerio de Justicia, del que depende el departamento de Prisiones, y el Ministerio de Trabajo y Pensiones suman entre ambos casi un 30% de esa cifra.
Hay varios modos de acceder a esta carrera profesional. El más habitual es el programa de Vía Rápida de Aprendizaje del Servicio Civil: dos años de formación a los que pueden tener acceso los graduados escolares. El Civil Service Fast Stream, o Servicio Civil Acelerado, supone cuatro años de aprendizaje para los licenciados universitarios que aspiran a ocupar los escalafones más elevados de la carrera pública.
Como cualquier estructura de función pública, la británica tiene niveles jerárquicos que se pueden ascender a lo largo de la trayectoria profesional. Asistente administrativo, oficial ejecutivo, oficial ejecutivo senior, grado 6, grado 7 o servidor civil senior. Estos últimos incluyen los puestos de director, director general o secretario permanente, como Sir Humphrey, el personaje de la serie. En esos niveles, su papel es clave en las decisiones políticas y saltan de un Gobierno a otro, con colores políticos diferentes, heredados por el ministro entrante.
Bajo la legislación actual, solo los exministros, exsecretarios de Estado o altos funcionarios (servidores civiles del nivel de un secretario permanente) deben informar al regulador público de su salto al ámbito privado, ante posibles incompatibilidades durante los dos primeros años de la transición. Pero hay cientos de servidores civiles que han estado implicados en tareas de adquisición o licitación de servicios que pueden cambiar de trabajo a través de unas puertas giratorias muy poco controladas. Cada año se producen unos trescientos de estos saltos a la empresa privada.
Los servidores civiles no gozan de la seguridad laboral que tienen los funcionarios en España. Sus contratos son similares a los del ámbito privado: indefinidos, temporales, parciales o de obra. La capacidad del Gobierno de turno de prescindir de ellos es más amplia, pero también es cierto que su especialización les convierte en indispensables para cualquier ministro recién llegado, en muchos de los casos. Cuando el actual primer ministro, Keir Starmer, estaba aún en la oposición, pero tenía cada vez más claro que podía ser el nuevo inquilino de Downing Street, contrató como jefa de gabinete a Sue Gray, hasta entonces la segunda secretaria permanente del Gabinete (entonces bajo control de los conservadores). El fichaje causó un breve escándalo, por la supuesta imparcialidad política reclamada a los servidores civiles. Pero Starmer necesitaba desesperadamente la experiencia y conocimientos de una alta funcionaria como Gray, capaz de organizar desde el primer día un nuevo Gobierno para evitar sorpresas y fallos de recién llegado.
Alemania: tantos accesos como administraciones
A la imagen de su federalismo, Alemania no dispone de un sistema centralizado y único en la formación de los altos funcionarios. En cada ministerio y en cada nivel de la Administración, federal o estatal, las vías de formación y reclutamiento son distintas.
En un artículo comparando ambos países, Cornelia Woll, actual presidenta de la Hertie School, recordaba que, después de la II Guerra Mundial, las autoridades en la zona que ocupaba Francia en la Alemania derrotada fundaron en la ciudad de Speyer la Universidad de ciencias administrativas. La inspiración en Escuela Nacional de Administración (la ENA francesa), fundada poco antes, eran evidentes.
Pero, aunque Speyer, u otros centros como la Alta Escuela de la Federación para la Administración Pública con sede en Brühl, puedan guardar algún parecido con la ENA, ni ocupan el mismo lugar ni tienen la misma función. Para ser un alto funcionario alemán, las vías son plurales. Pasan por los estudios universitarios comunes. Y es exigible, según la página oficial del Ministerio de Interior, un nivel de máster o similar, aunque “resulta igualmente muy ventajoso acabar los estudios con un título de doctorado”. El título de doctor otorga en este paíd un estatus social particular y resulta muy habitual en los altos escalafones del sector público y privado.
En Alemania, país de 83 millones de habitantes, hay unos 5,3 millones de empleados de los servicios públicos en la Federación, los Estados federados o länder, los municipios y los organismos de la seguridad social. De estos, un 33,5% son funcionarios o jueces, un 63,4% empleados del servicio público y un 3,2% soldados profesionales.
Con información de Silvia Ayuso (Comisión Europea y Bélgica), Lorena Pacho (Italia), Raquel Villaécija (Francia), Rafa de Miguel (Reino Unido), Marc Bassets (Alemania) y Emilio Sánchez Hidalgo (España).
