Pablo Linde
Madrid - 26 ENE 2025 - 05:30 CET
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Las enfermeras están hartas. Cansadas. Saturadas. Se sienten maltratadas. Ninguneadas. No pueden más. Son las palabras que usan para describir sus condiciones laborales, la “carrera de obstáculos” que es su profesión, una irremediablemente vocacional que, sin embargo, tiene a cuatro de cada diez planteándose dejarlo: irse al extranjero, cambiar de trabajo, jubilarse anticipadamente. EL PAÍS ha hablado con una docena de ellas, de distintos puntos de España, con realidades muy distintas, pero sensaciones ―las descritas unas líneas atrás― compartidas.
Una de las piedras angulares de todo esto ―que no la única― es que son pocas (el colectivo se suele autodenominar en femenino porque el 85% son mujeres). Un informe del Ministerio de Sanidad ponía la semana pasada números a este déficit, del que llevan años quejándose: harían falta 100.000 más para llegar a la ratio media de la Unión Europea de enfermeras (8,5 por cada 1.000 habitantes frente a 6,5 en España). En otras palabras: por cada tres profesionales que hay en la sanidad (pública o privada) haría falta otra más para llegar a los estándares comunitarios y, según dicen, prestar la atención que los pacientes necesitan.
La enfermera rural Inés Olandía, en Medina de Rioseco, Valladolid.
La enfermera rural Inés Olandía, en Medina de Rioseco, Valladolid.
Emilio Fraile
Que tres personas hagan un trabajo que requeriría de cuatro, cuando en sus manos están las vidas (en los casos más extremos) y el bienestar de los pacientes, puede tener muchas consecuencias de distinta gravedad, pero ninguna buena. Como reconoce una enfermera que prefiere no identificarse del Hospital La Paz, en Madrid, “la sobrecarga” puede redundar en “errores en la administración de la medicación”, lo que “pone en peligro la seguridad de los enfermos”. Su trabajo con neonatos críticos hace que sea necesaria una vigilancia constante, muy cercana, ininterrumpida, que se hace imposible si faltan compañeras, si no se cubren las bajas, “algo muy frecuente”.
Es un ejemplo de muchos. Inés Olandía, enfermera rural en la provincia de Valladolid que trabaja con población que mayoritariamente está en el otro extremo de la pirámide demográfica, pone otro: “Si no somos suficientes para visitar cada día a un paciente con una herida, y lo hacemos cada dos o tres, puede sobreinfectarse, dar problemas, que en casos críticos haya que amputar algún miembro por no tratarlo a tiempo”.
En una UCI con pacientes críticos, “la medicación siempre se da”, dice Daniel Fernández, que trabaja en la del hospital Son Espases, en Palma de Mallorca. Pero cuando las cargas de trabajo son grandes, fallan otros cuidados. “Vas a lo urgente y a lo mejor no tienes tiempo para sentar a un paciente que debe pasar algún tiempo fuera de la cama, no puedes hablar con ellos lo suficiente, tampoco informar a las familias de cómo han pasado el día”, relata.
El enfermero Daniel Fernández, el viernes en Palma de Mallorca.
El enfermero Daniel Fernández, el viernes en Palma de Mallorca.
Francisco Ubilla
La falta de enfermeras da lugar a más listas de espera. “Si hay dos quirófanos de maxilofacial, pero no somos suficientes enfermeras para atenderlos, no se pueden utilizar a la vez aunque haya médicos suficientes. Tenemos demoras de seis meses para quitar las muelas del juicio”, dice otra de la Comunidad de Madrid que también prefiere mantener el anonimato.
Las plantillas insuficientes también obligan a doblar turnos. “Y no es lo mismo trabajar 8 horas que 16. Por muy buena que seas, la capacidad de atención baja”, continúa esta sanitaria. Una encuesta que hizo el sindicato mayoritario (Satse) en 2023 reflejaba que el 85% de las profesionales considera que tiene a su cargo más pacientes de lo que considera seguro.
Para dar solución, los sindicatos llevan años reclamando una ley de ratios: topar por ley el número de pacientes que una enfermera puede tener a su cargo. Tras la interrupción abrupta de la anterior legislatura, quedó pendiente de tramitarse en el Congreso, donde llegó gracias a una Iniciativa Legislativa Popular que recogió 700.000 firmas.
La normativa europea que el Gobierno adoptó para regularizar al personal público está ampliando el número de personal fijo, pero, todavía, la estructura en prácticamente todas las comunidades autónomas se basa en buena medida en trabajo precario, contratos por días o semanas, cambios constantes de servicio para cubrir las necesidades donde se requieren. Las enfermeras se tienen que incorporar a servicios que quizás nunca han pisado antes, con protocolos diversos en cada caso. Victoria Martínez, que ha desarrollado su carrera en Granada, asegura que en muchas ocasiones las llaman de un día para otro y que en mitad de un contrato les pueden cambiar varias veces de destino. “He tenido que aprender de dos sitios distintos, con lo que eso conlleva: necesidades distintas, medicaciones distintas, pacientes con perfiles distintos. Eso puede repercutir en errores”, lamenta.
Pese a que en Enfermería existen especialidades, como sucede en medicina (aunque son muchas menos), no se suelen respetar. De las 345.969 enfermeras que hay en España, 46.114 tenían alguna de las siete especialidades reconocidas: Familiar y Comunitaria, Matrona, Salud Mental, Trabajo, Geriatría y Pediatría. Pero la mayoría no ejercen en su disciplina, según una encuesta del Ministerio de Sanidad. Carmen Rosa Hoyos, de 55 años, pidió la convalidación de su especialidad en 2007, después de muchos años trabajando en Primaria. La resolución llegó en 2022, y de poco sirvió, porque para ese entonces su plaza ya estaba en un hospital. “El sistema está formando y pierde oportunidad de integrar esos recursos. Pierde conocimiento y motivación”, dijo en la presentación del sondeo Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad.
Carmen Rosa Hoyos, enfermera en Palencia.
Carmen Rosa Hoyos, enfermera en Palencia.
Ana Frechillas
Más allá de los pacientes, son las enfermeras las primeras en sufrir este sistema, en una profesión en la que se pasan años (a menudo décadas) sin una plaza fija, que llega de media pasados los 40 años, según Satse. Por medio, además de infinidad de minicontratos, hay ofertas públicas de empleo (Opes) cuyas vacantes son prácticamente imposibles de ocupar sin los méritos que dan precisamente estos años previos de precariedad.
Maite Falcón, de 50 años, consiguió por fin una plaza fija después de 25 de carrera. Pero aunque el proceso terminó en 2022, todavía no ha tomado posesión de ella. Espera que sea en Ourense, donde trabaja, pero no tiene garantías de esto; en teoría, podrían mandarla a cualquier lugar de Galicia. Su situación se repite, con peculiaridades y matices, en el relato de muchas compañeras: “Te vas presentando a todas las Opes, los exámenes que la administración te exige tener para obtener tu plaza. Los vas aprobando y nunca consigues llegar. Al principio porque sacas notas muy buenas, pero como es concurso oposición, no tienes suficiente tiempo trabajando. A medida que pasan los años y vas haciendo tu vida, el nivel de notas empieza a bajar. Llegan los hijos, una serie de responsabilidades que vamos teniendo personas con la edad, compitiendo con otras que pueden estudiar diez horas al día. Nunca te guardan la nota, el haber aprobado y superado fase no sirve para nada en siguiente ejercicio. Luego empiezas a sacar notas más bajas, te ganan otras personas, cada año las reglas del juego cambian: unas veces los puntos valen un 60% y la nota un 40%, otros 70-30, otros 50-50...”.
Maite Falcón, frente al centro de salud de O Couto, en Ourense.
Maite Falcón, frente al centro de salud de O Couto, en Ourense.
ÓSCAR CORRAL
Ella sacó plaza de interina hace seis años, el tiempo que lleva con pagas extra, vacaciones pagadas y capacidad para organizar su vida, algo que no había podido hacer en las dos décadas previas de profesión, porque siempre debía estar disponible por si la llamaban, para que no le penalizasen y se lo pusieran todavía más difícil para sacar plaza fija. “Vivía en un limbo. Tuve que pedir ir a la boda de mi hermana como favor personal; tuve que bautizar a mis hijos muy pequeños porque se terminaba la baja laboral y no sabía qué disponibilidad tendría después, si yo misma podría asistir”, recuerda.
Se plantean dejarlo
Ante estas condiciones, son muchas las que se plantean dejarlo. Olandía, la enfermera de Valladolid, está estudiando Psicología. “La enfermería para mí es vocacional. Me encanta, pero me he visto tan maltratada y precarizada que me tengo que plantear otro futuro”. Martínez, la de Granada, estudió incluso la carrera de Filosofía, se doctoró en bioética y aspira a compatibilizar academia con clínica, algo que es “prácticamente imposible”, son dos mundos estancos que no se hablan, en los que los méritos de un lado no cuentan para el otro.
Fernández, el de la UCI de Mallorca, que se fue de su tierra andaluza porque allí no había forma de encontrar algo decente, también tiene estos pensamientos con frecuencia, buscar algo que “no tenga nada que ver” con la sanidad. “No quiero despreciar a ninguna profesión, pero conozco camareros que cobran más o menos lo mismo que yo, que tengo vidas en mis manos”, argumenta.
Otro frente que tienen abierto las enfermeras es precisamente el reconocimiento de una categoría profesional que hoy por hoy está por debajo de lo que se corresponde con el plan de estudios de Bolonia. Antes de su implantación, hace 15 años, la carrera era una diplomatura, por lo que su techo en la administración era un nivel A2, mientras que las licenciaturas podían optar a ser A1. A pesar de ser ya un grado de cuatro años, los contratos en la administración todavía registran esta “discriminación”, tal y como la tildan los sindicatos. En estos días, Sanidad está negociando un estatuto marco de los sanitarios en el que este será uno de los puntos. Según dijo el pasado miércoles la ministra, Mónica García, habrá una “reclasificación” que sitúe a cada profesional en una categoría acorde a su formación, sus créditos y sus másteres.
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