Novedades para la jubilación anticipada en 2025 Autor: BANCO BILBAO

 Como principales cambios se encuentra el incremento de la edad mínima de acceso a la jubilación anticipada, tanto en el caso de la voluntaria como la involuntaria, debido al retraso para 2025 de la edad legal de jubilación ordinaria.

Además, suben los coeficientes de penalización para las personas con pensión teórica, una vez aplicados los coeficientes reductores generales, superior a la pensión máxima que accedan a la jubilación anticipada voluntaria en 2025.

Estas son, por tanto, las principales novedades:

Edad mínima de jubilación anticipada

La edad mínima de jubilación anticipada voluntaria se retrasará en 2025 dos meses hasta los 64 años y 8 meses para aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. En cambio, la edad mínima de acceso a la jubilación anticipada voluntaria será de 63 años en caso de contar con 38 años y 3 meses de cotización o más.

Lo anterior es consecuencia del retraso en dos meses, en 2025, de la edad legal de jubilación ordinaria, ya que es posible acceder a la jubilación anticipada voluntaria hasta 24 meses antes de la edad ordinaria de jubilación.

Para quienes accedan a la jubilación en 2025 la edad legal de jubilación ordinaria será de 66 años y 8 meses en caso de contar con menos de 38 años y 3 meses cotizados. En cambio, aquellos que cuenten con esos 38 años y 3 meses o más de cotización podrán jubilarse en 2025 con 65 años.

Asimismo, Es posible acceder a jubilación anticipada involuntaria o forzosa hasta 48 meses (4 años) antes de la edad legal de jubilación ordinaria.  Por tanto, en 2025 será posible acceder a esta modalidad de jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador, a partir de los 62 años y 8 meses si se cuentan con menos de 38 años y 3 meses cotizados, o a partir de los 61 años si se acumulan esos 38 años y tres o más de cotizaciones.

A estos efectos de cálculo de la edad para acceso a la jubilación anticipada, seguirán sin resultar de aplicación las bonificaciones de edad de las que puedan beneficiarse los trabajadores de algunos sectores profesionales por la realización de actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y las personas con discapacidad igual o superior al 45% o al 65%. 

Nuevos coeficientes reductores en 2025 para personas con pensión superior a la máxima

En el caso de la jubilación anticipada voluntaria para personas con pensiones teóricas que, después de aplicar los coeficientes reductores por anticipación, sean superiores a la pensión máxima, se está aplicando una transitoria desde el año 2024. De acuerdo a esta transitoria se eliminará gradualmente, a partir del 1 de enero de 2024 y durante un periodo de 10 años, la normativa anterior que aplicaba los coeficientes reductores sobre base reguladora.

Hasta 1 de enero de 2024 (por lo tanto, en 2022 y 2023) permaneció vigente el sistema aplicado hasta 31 de diciembre de 2021 para esos beneficiarios con pensión superior a la máxima. Hasta 2021, una vez aplicados los coeficientes reductores trimestrales que se aplicaban, si la pensión teórica resultante de la aplicación de esos coeficientes era superior a la pensión máxima, se aplicaba una reducción del 0,5% trimestral sobre la pensión máxima (un total de un 4% en caso de adelanto de dos años-24 meses).

A partir de 2024, los coeficientes reductores que se aplican durante este periodo transitorio, en función del año de acceso a la jubilación anticipada y de los meses de anticipación de la edad de jubilación, para aquellas personas con pensión teórica superior a la máxima, son los siguientes en el caso de que acrediten menos de 38 años y 6 meses cotizados:

Por ejemplo, para aquellas personas con pensión teórica superior a la máxima que se jubilasen en 2025, habiendo anticipado 24 meses su jubilación (el máximo posible) y contando con menos de 38,5 años cotizados, el coeficiente reductor que se le aplicaría sobre la pensión teórica es el 7,40%.

Para el caso de contar con más de 38 años y 6 meses cotizados, en este artículo vinculado informamos de los coeficientes aplicables para personas con pensión teórica superior a la pensión máxima que accedan a la jubilación anticipada voluntaria durante esta transitoria, en función del periodo cotizado, de los meses de adelanto de la jubilación y del año de acceso a la jubilación anticipada.

No obstante, hay que apuntar que la normativa establece que esos coeficientes reductores sólo resultarán de aplicación en la medida en que la evolución de la pensión máxima absorba completamente el efecto del aumento de coeficientes respecto a los vigentes en 2021 para aquellos trabajadores con pensión teórica superior a la pensión máxima, de manera que la pensión reconocida no resulte nunca inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas vigentes en 2021.

Por tanto, quien se jubile anticipadamente en 2025 con una pensión teórica superior a la máxima no debería sufrir apenas merma respecto a haberlo hecho en 2023, teniendo en cuenta que:

• En primer lugar, la revalorización de la pensión máxima en 2024 respecto a 2023 ha sido de un 3,8%.
• En segundo lugar, con una estimación de revalorización de la pensión máxima en 2025 respecto a 2024 s de en torno a un 3,175% (producto de la suma de la estimación de variación media del IPC interanual entre diciembre de 2024 hasta noviembre de 2025, más un 0,115% adicional que se aplicará cada año, a partir de 2025 y hasta 2050, a la revalorización de la pensión máxima).
• Que esa revalorización de la pensión máxima de 2024 más la estimada de 2025 sí absorbería el incremento de coeficiente en 2025 respecto al aplicado con las normas vigentes hasta 2021.
• Por ejemplo, un coeficiente de 7,40% en 2025 (aplicable en el caso de adelanto de la jubilación 24 meses y contar con menos de 38,5 años de cotización) supone un 3,40% más que el 4% total (0,5% trimestral) que se aplicaba hasta 2021 (y que el que se aplicó en 2022 y 2023), por lo que queda perfectamente absorbido por la revalorización de la pensión máxima.

La única merma que sufriría sería el importe de la revalorización de la pensión máxima respecto a 2023 (último año que se aplicó el sistema antiguo) que haya tenido que aplicarse a absorber el incremento de coeficiente (por ejemplo, 3,40% en el caso tratado).

En cambio, aquellas personas que accedan a la jubilación anticipada involuntaria, y una vez aplicados los coeficientes reductores que se aplican sobre el importe de pensión para el caso de jubilación anticipada involuntaria, les resultase un importe de pensión mayor que la pensión máxima, se les aplicará el mismo régimen que se aplicaba hasta 2021 (con anterioridad a la Reforma de las Pensiones). Por lo tanto, se les aplicaría el coeficiente reductor trimestral del 0,5% sobre la pensión máxima, por cada trimestre o fracción de trimestre de adelanto, con un máximo de un 8% de reducción.

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Pobreza: Las prestaciones sociales salvan de estar en riesgo de pobreza a casi 11 millones de españoles

 “La vivienda se ha convertido en un instrumento de generación de pobreza”, señala el director de la la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social, que alerta de que la vulnerabilidad social empeora pese al aumento del PIB.

Un banco de alimentos en Lugo, Galicia, en mayo de 2023.

Europa Press News (Europa Press via Getty Images)

La lucha contra la pobreza avanza con lentitud en España. A pesar del crecimiento económico en todas las comunidades autónomas, los indicadores de exclusión y desigualdad están por encima del promedio de la Unión Europea. En la última década, los principales indicadores de pobreza mejoraron para el conjunto del país. No ocurrió lo mismo con el acceso de bienes que garantizan una calidad de vida digna. Así lo recoge el último informe de Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) presentado este lunes y que hace especial énfasis en las prestaciones sociales: si en 2023 las transferencias del Estado se hubieran limitado a las pensiones, tres millones de personas más habrían estado en riesgo de pobreza, sumándose a los 9,7 millones de personas que viven bajo el umbral de pobreza. Pero si no hubiera ninguna transferencia por parte del Estado, esta cifra subiría en otros 10,8 millones de personas. Para una persona sola, vivir bajo el umbral de la pobreza quiere decir ingresar menos de 10.990 euros al año. Para una familia con dos adultos y dos menores de 14 años, por ejemplo, implica percibir menos de 23.077 euros anuales.

“Hasta ahora hemos tenido el mantra de que la pobreza se reducía por el mero crecimiento [económico], pero se está demostrando que esto no es así, no existe una correlación directa”, explica Carlos Susías, presidente de EAPN-ES. Una comparación que refleja la falta de correlación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza es el caso de Madrid y de Cantabria. El PIB por habitante de la capital es 12.000 euros más alto. Sin embargo, ambas regiones registran un 15% de riesgo de pobreza.

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El caso de la vivienda, dice Susías, es paradigmático. “Se ha convertido en un instrumento de generación de pobreza”, señala. Para él, la obligación de contener la escalada del mercado inmobiliario es del Gobierno central, pero sobre todo de las comunidades autónomas. “No solo hay que reclamar al Estado más y mejores recursos, también hay que hacerlo a las comunidades autónomas, porque es su competencia y responsabilidad”. Por ello, insiste en el desarrollo de prestaciones focalizadas y eficientes.

La organización alerta de una importante desigualdad entre el norte y el sur de España, hasta tal punto de que entre ambas zonas el riesgo de pobreza llega a multiplicarse por 2,5. En Andalucía, por ejemplo, el riesgo de pobreza o exclusión social se eleva al 37,5%, mientras que en el País Vasco es del 15,5%. Juan Carlos Llanos, coautor del estudio, explica que si ambas regiones fueran países diferentes, la segunda estaría por debajo de la media europea, que se sitúa en el 21,4%, mientras que la primera superaría esa media en más de 15 puntos.

La organización recalca que, si bien el PIB aumentó en todas las autonomías entre 2015 y 2022, en pocos casos ha contribuido a paliar la pobreza. En comunidades como Cataluña, Navarra o Aragón, entre otras, donde creció entre el 12% y el 30%, también lo hicieron las tasas de riesgo de pobreza. Desde 2015, en Cataluña incrementó un 9,8%, en Navarra un 23,7% y en Aragón un 15,9%. En función de estos datos, Susías argumenta que la carrera contra la pobreza “se da a través de las políticas dirigidas a su erradicación” y no solo a través del desarrollo económico.

Uno de los principales problemas es el encarecimiento de los productos básicos. Solo en 2023, la renta media por persona aumentó un 8,2% respecto del año anterior, alcanzando los 14.082 euros, pero la recesión producida por la pandemia, la inflación causada por la guerra en Ucrania y la crisis energética a escala global han tenido un impacto en el bolsillo de los españoles. Considerando la inflación, el valor real de la renta media cae a los 10.866 euros.

El encarecimiento de la vida y la cantidad de dinero que los españoles deben destinar a bienes como la vivienda hacen, de hecho, que casi la mitad de las personas con carencias materiales no vivan bajo el umbral de la pobreza. Es decir, según las estadísticas, no están en el grupo con menos ingresos en comparación con el resto de la población. Sin embargo, no pueden acceder a al menos siete bienes que se consideran necesarios para una vida digna, de una lista de 13, que incluye aspectos como no poder comer carne o pollo al menos cada dos días, tener dos pares de zapatos en buen estado, no poder pagar una conexión a internet, no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada, no poder disponer de un automóvil, tener retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca o no poder ir de vacaciones una vez al año. Este indicador se situó el año pasado en el 9%, y la organización alerta de que ha empeorado significativamente en los últimos años, en 2015 se situaba en el 7,4%.

Para Susías es esclarecedor comparar el efecto de políticas enfocadas en el ciudadano, como las desarrolladas durante la pandemia, y las políticas orientadas al mercado y al crecimiento económico, como las implementadas después de la crisis del 2008. “Solamente cuando se han tomado medidas claras de protección social hemos tenido resultados significativos”, dice el presidente de EAPN-ES. Y remata: “Es importante focalizar y tener claro lo qué se quiere conseguir, no estar a expensas de que ocurra ningún tipo de milagros, los milagros no suelen ocurrir”.

Con otra política de vivienda España contaría con un parque asequible de cinco millones de inmuebles

 DÉCADAS DE DOMINIO DEL MERCADO NO HAN ABARATADO EL PRECIO DE LA VIVIENDA NI REDUCIDO EL ESFUERZO PARA ACCEDER A ELLO

El Gabinete Económico Confederal de CCOO ha elaborado un informe que pone de manifiesto que España arrastra cuatro décadas fallidas de política de vivienda desde el punto de vista de garantizar este derecho ciudadano, pero muy exitosas para el negocio inmobiliario, financiero y constructor a costa de la necesidad de vivienda de la población. 

De 1980 a 2023 se han construido 2,7 millones de de viviendas protegidas en España, el 23% de todas las viviendas construidas en el período y se han gastado de forma poco eficaz 200.000 millones de euros (de 2023) que hubieran permitido edificar dos millones de viviendas públicas de alquiler. La mayor parte de este gasto corresponde a desgravaciones fiscales en el IRPF, donde solo en la deducción fiscal por inversión en vivienda se han gastado 162.000 millones de euros en estos cuarenta años. 

Así pues, con el mismo volumen de esfuerzo público realizado durante el periodo democrático, España podría tener hoy un parque de vivienda asequible de cerca de cinco millones de viviendas (propiedad/alquiler).

Por otra parte, en las últimas décadas, el esfuerzo económico necesario para acceder a la vivienda ha aumentado, afectando especialmente a los hogares con ingresos por debajo de la media. Los trabajadores y trabajadoras, las familias, tienen que dedicar en promedio 6,1 salarios anuales íntegros a la compra de una vivienda de 90 m2, mientras que en 1985 eran 3,1 y en los años noventa menos de 5. El esfuerzo al pago de una hipoteca también se ha incrementado. Entre 1986 y 2000 representaba el 25% y en 2023 alcanzó el 34%.

El precio de venta ha crecido mucho más que los salarios, lo que limita fuertemente la accesibilidad a la vivienda. Los datos sugieren que la promoción y construcción de nuevas viviendas ha reorientado a segmentos de mercado de mayor rentabilidad y precio. El alquiler libre privado se consolida como la única alternativa para gran parte de la población sin vivienda en propiedad. La proporción de hogares en régimen de alquiler ha pasado del 13% en 2005 a casi el 19% en 2023, con una incidencia muy superior entre los hogares de menos de 45 años de edad.

El estudio de CCOO demuestra, entre otras muchas cosas, un dato sumamente curioso: cuanta más vivienda de precio libre se ha construido en nuestro país, mayor ha sido el esfuerzo de las familias para acceder a una vivienda. Eso es lo que ocurría en el año 2007, inmediatamente antes del estallido de la burbuja y en plena fiebre constructora, cuando el esfuerzo hipotecario para las familias era del 47% -actualmente, es del 34%- y se tenían que dedicar íntegramente 10 salarios anuales medios a la compra de la vivienda.

Revertir esta situación y crear un parque permanente de vivienda asequible en alquiler requerirá tiempo y recursos, tanto públicos como privados. No obstante, políticas que movilicen vivienda vacía y turística hacia el alquiler podrían incrementar el parque de alquiler en un 66% en las capitales de provincia y las ciudades de más de 50.000 habitantes, ganando tiempo mientras se avanza hacia una solución estructural

Las claves para prevenir el consumo de cannabis en adolescentes son la información y la comunicación

 La naturalidad a la hora de hablar sobre esta droga y sus efectos, evitar las charlas moralistas y poner límites claros son algunos de los consejos que ofrecen los expertos a los padres y madres para tratar de evitar, o ya afrontar, que su hijo la consuma

Cerca del 27% de los jóvenes entre 14 y 18 años admite haber consumido cannabis alguna vez.

Shawn and Sally Weimer (Getty Images)

CRISTINA BISBAL DELGADO

Madrid - 07 OCT 2024 - 05:24 CEST

2El cannabis es la droga ilegal más consumida en España, también entre los adolescentes, según el Ministerio de Sanidad. En 2023, según la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES), en España cerca del 27% de los jóvenes entre 14 y 18 años admitió haber consumido cannabis alguna vez en su vida, siendo la edad media de inicio los 18 años. El consumo de esta droga está muy por encima de cualquier otra porque la los menores tienen la idea de que no es peligrosa. “De todas las sustancias ilegales, es la que tiene una percepción de menor riesgo por parte de los jóvenes. De hecho, tiene buena prensa, se ha creado en torno a ella la idea de que se trata de una droga buena, natural, que se relaciona con la naturaleza. Esta idea errónea la hace más atractiva y eso sugiere efectivamente un repunte en el consumo”, afirma Guillermo Fouce, presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras, una organización que presta asistencia sociosanitaria y psicosocial a personas desfavorecidas y en situación o riesgo de exclusión social.

El estudio Percepción del consumo de cannabis en población adolescente: metasíntesis de estudios cualitativos, publicado el pasado mes de julio por un equipo de expertos y financiado por del Plan Nacional sobre Drogas, afirma que el consumo de este estupefaciente constituye un grave problema de salud pública. De sus conclusiones se extrae que el consumo de esta sustancia se relaciona con problemas de salud mental, trastornos de la memoria y del aprendizaje, bajo rendimiento escolar e incremento de las conductas de riesgo, como el consumo de otras sustancias o la delincuencia. “Siempre se ha hablado del cannabis como una droga de acceso a otras drogas, lo que se llama una droga de escalada”, prosigue Fouce, “y, si bien es cierto que es un efecto más o menos contrastado que no aparece en todos los casos, sí es verdad que es una droga inicial”.

La complejidad de educar a un niño de voluntad firme: poner límites claros en lugar de castigos y trabajar la paciencia y empatía

Ana Teijeiro, del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela y una de las autoras del citado estudio, asegura que la percepción de los menores es que los beneficios son superiores a los prejuicios: “Se refieren a la relajación y al alivio del estrés como beneficios emocionales; así como también al placer, la sensación de felicidad y a la desaparición de miedos y preocupaciones. En cuanto a los sociales, se refieren a que, como el consumo de cannabis ocurre principalmente en situaciones de ocio nocturno, constituye una parte importante de la socialización, la expresión de identidad y la formación de lazos de grupo”. “Es un consumo muy ligado a la socialización”, reitera Teijeiro.

De hecho, la investigación afirma que la razón que más frecuentemente esgrimen los jóvenes para consumir cannabis es la presión social por parte de los iguales, junto con sentimientos de temor a la marginación o a la exclusión; además del consumo dentro del ámbito familiar (hermanos mayores o los padres). También influye la aparición de jóvenes fumando en páginas web y redes sociales. Mientras se quejan de que no se les informa debidamente de los perjuicios en el ámbito escolar ni, probablemente, en el familiar.