El Banco de España hace una llamada de atención sobre el reto de las pensiones. Ni la llegada de inmigrantes, ni las subidas de cotizaciones, ni los incentivos a demorar la jubilación serán suficientes por sí solos para abordar un problema de “extraordinaria envergadura” y “uno de los mayores desafíos a los que se enfrentarán las principales economías en los próximos años”, señala en su informe anual publicado este martes. En España, además, el envejecimiento será incluso más acusado que en otros países: haría falta que en 2053 se triplicaran las previsiones que hace el Instituto Nacional de Estadística sobre los extranjeros residentes para que pueda permanecer igual la relación entre el número de personas en edad de trabajar y el de pensionistas. Para dentro de tres décadas, el INE espera que en España haya 14,8 millones de pensionistas, 18 millones de nacionales en edad de trabajar y 12 millones de extranjeros activos. Con estas cifras, la proporción entre ocupados y jubilados se estrecharía mucho. Así que para mantener la tasa de dependencia actual, situada en el 26%, el Banco de España explica que la población inmigrante trabajadora tendría que subir en más de 24 millones hasta un total de 37 millones. Habría bastantes más trabajadores foráneos que españoles. E implicaría que se tendrían que crear unos 800.000 puestos de trabajo al año solo para acoger estas llegadas.
Con más de un 17% de los residentes nacidos fuera, España ya está entre los cuatro países del mundo con una mayor proporción de extranjeros tras Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. A la luz de estos números y a pesar del elevado dinamismo de los flujos migratorios hacia España, “no parece probable que la inmigración pueda evitar el proceso de envejecimiento en el que se encuentra inmerso nuestro país”, concluye. Por otra parte, aunque contribuyen de forma decisiva a paliar la escasez de mano de obra, los inmigrantes no presentan la formación de los nacidos en España y no servirían en esa medida para responder a las necesidades que creará la transformación tecnológica, alerta el organismo que dirige el gobernador Pablo Hernández de Cos.
El supervisor también cuestiona las proyecciones del Gobierno y de la Comisión Europea sobre la partida de pensiones: en primer lugar recuerda que los desembolsos en prestaciones siempre han superado las cifras que se preveían y que, en consecuencia, estas se han estado revisando continuamente al alza. Y, por otro lado, cuestiona directamente una de las principales medidas de ahorro que ha planteado el Ejecutivo y que ha aceptado Bruselas como buena: los incentivos para demorar de forma voluntaria la jubilación más allá de la edad legal. Los cálculos del Gobierno sostienen que en 2050 el gasto puede bajar en unos 1,4 puntos de PIB porque la mitad de los trabajadores van a retrasar por voluntad propia su retiro durante tres años. El Banco de España ni siquiera cuestiona el número de ciudadanos que vayan a posponer su jubilación, que ha aumentado desde el 4% al 8% de las jubilaciones en los últimos años y que, por lo tanto, dista mucho del 50% de ellas. Respecto a esto, el supervisor simplemente afirma que hay mucha incertidumbre sobre cuántos retrasarán su retiro.
Pero lo que sí pone en duda es la cifra de ahorros que se pueden obtener tomando la muestra de vidas laborales de la Seguridad Social. Con estas apunta que el ahorro podría ser bastante más reducido: al menos la mitad de lo que calcula el Ejecutivo, en parte porque después tendrían que pagarles más prestación por los incentivos. Estos consisten en un 4% más de pensión por año demorado o una cifra bastante menor en un solo desembolso. Por cada año que se logre posponer la jubilación, el Gobierno calcula un ahorro de nueve décimas de PIB, mientras que el Banco de España lo estima entre dos décimas si todos toman el 4% anual y seis décimas si todos cogen el pago único. En consecuencia, en lugar de la mitad de los trabajadores, todas las altas ordinarias tendrían que producirse tres años más tarde tomando el pago único para acercarse a la cifra de ahorro esperada por el Gobierno. Si un porcentaje importante tomara el 4% anual como sería lógico, el ahorro acabaría siendo bastante inferior. “Tendría un efecto limitado en la reducción del gasto en pensiones”, asegura el gobernador Pablo Hernández de Cos en la presentación del informe.
Como ha argumentado otras veces, la institución recuerda que la reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023 ha aumentado las obligaciones de gasto sin elevar en la misma medida los ingresos. Y apunta que en 2025, con una alta probabilidad, se pondrá en marcha la cláusula de revisión de las pensiones que impuso Bruselas. Esta obliga a que, si no se acuerdan otras medidas alternativas, se tengan que subir las cotizaciones por valor de la desviación prevista en el gasto. Sin embargo, el Banco de España desaconseja tomar la vía de subir las cuotas sociales: según sus estimaciones, por cada punto que suban las cotizaciones se pierde un 0,25% del empleo al cabo de cuatro años. Unos 50.000 trabajos por cada punto. La reforma aprobada ya contempla una subida de casi tres puntos sin poner en marcha la cláusula de revisión de 2025. Podría ser perjudicial para el empleo, la competitividad de la economía y tener consecuencias sobre la equidad intergeneracional, afirma el supervisor.
Por este motivo, propone analizar alternativas a las alzas de cotizaciones. Y entre ellas pone sobre la mesa evaluar las llamadas tasas de reemplazo. O lo que es lo mismo: cuánto porcentaje de su salario se lleva el trabajador a su pensión. Esta es una medida de la generosidad del sistema y es una cifra que se encuentra en cotas superiores a la media de los países del entorno, apunta el Banco de España. Rebajarla supondría un recorte de la pensión inicial pero ayudaría a la sostenibilidad del sistema. También reclama que se examine la evolución del ahorro privado y su capacidad para completar el sistema público de prestaciones.
Aumenta la presión fiscal del IRPF por la inflación
Por otra parte, el supervisor pone cifras al aumento de los ingresos públicos debido a la inflación. Calcula que desde 2019 cerca de un tercio del aumento de recaudación en el IRPF se debe a no haber actualizado la tarifa con los precios. Son 11.000 millones de euros. Esta dinámica ha elevado el tipo medio que se paga por el impuesto de la renta desde el 12,8% de 2019 hasta el 14,7% en 2023. Un 70% de este incremento en el tipo abonado lo explica la no actualización, es decir, con la subida salarial el trabajador da un salto de tramo y paga más, lo que en la jerga se llama la progresividad en frío.
Aunque ha subido más el tipo efectivo para tramos entre 16.300 y 28.500 euros, estos pagan poco por IRPF. De modo que los más afectados en cantidades son rentas más altas porque son las que tributan más y así se reduce la desigualdad. El 20% de los contribuyentes con mayor renta, que empieza a partir de los 42.000 euros, paga el 73% de la recaudación, indica el organismo. Esta subida de la presión fiscal ha reforzado los ingresos públicos, es un fenómeno que ha sucedido en todos los países y, según explica el banco, seguirá ocurriendo si no se actualizan los parámetros de la tarifa del IRPF, llegando a un tipo efectivo del 15,3% en 2025.
A pesar de este empuje en los ingresos, el agujero de las cuentas públicas ha aumentado de forma estructural. Este déficit lo calculaba el banco en el 3,1% del PIB en 2019 y ahora lo sitúa en el 3,7%, el equivalente a casi la mitad de lo que se recauda por IRPF. Se trata de una cifra muy elevada, tanto en términos históricos como en comparación internacional, explica el supervisor. Y en buena medida ha aumentado por las pensiones. Pero también por el consumo público debido al incremento del empleo y de las compras corrientes. Esta rúbrica del consumo público ha supuesto siete décimas de crecimiento para el PIB en el último año, un tirón que ha ayudado a la actividad, pero que eleva el reto de corregir la desviación de las cuentas públicas.
El banco calcula que con las nuevas reglas fiscales europeas hará falta un ajuste anual del entorno del 0,5% del PIB durante siete años. Unos 7.000 millones de euros al año con el PIB actual. De forma acumulada serían 3,5 puntos de PIB entre 2025 y 2031. Por dar una idea del esfuerzo que supone, entre 2010 y 2013 se hizo un ajuste anual cercano al 2,5% del PIB. Es decir, en el acumulado fueron más de 7 puntos del PIB de corrección estructural.
Y la institución avisa de que este ajuste del déficit que hay que emprender afectará al crecimiento. Precisamente por ello pide una recomposición de los ingresos y gastos para que tengan mayor eficiencia y calidad. Sobre todo insiste en reordenar los impuestos para que sean más favorables al crecimiento económico. El organismo recuerda que la literatura académica establece que es mejor poner una mayor carga en los impuestos al consumo y los medioambientales, que distorsionan menos la actividad que los impuestos directos como el IRPF o Sociedades. Estos desincentivan más el trabajo y la inversión, advierte el organismo.
Aumento de la incertidumbre política
El gobernador Pablo Hernández de Cos ha puesto además el énfasis en la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones. La percepción de su calidad se ha deteriorado de forma más acusada que en otros países del entorno, subraya en la presentación del informe anual. Y esta es fundamental para generar confianza en los agentes económicos. En los últimos trimestres, en las encuestas que hace el banco, las empresas están declarando que perciben un aumento de la incertidumbre sobre la política económica. Hasta un 58% de estas compañías señala que le está afectando negativamente y que se ha convertido en el primer factor condicionante de su actividad. “De mantenerse, estas dinámicas podrían llegar a incidir negativamente sobre las decisiones de inversión empresarial, en un contexto en el que esta se ha mantenido muy débil en los últimos años”, advierte Hernández de Cos. Y, por supuesto, esta menor inversión se traduciría en una peor senda de crecimiento en el futuro.
El gobernador recuerda que el FMI ya ha alertado sobre los riesgos de la falta de estabilidad política: “La falta de estos consensos, en un contexto de elevada fragmentación política, dificultaría el diseño y la implementación de las reformas estructurales y del plan de consolidación fiscal, y afectaría negativamente a las perspectivas de crecimiento. La prórroga de los Presupuestos de 2024 evidencia este riesgo y confirma que la incertidumbre que muestran las encuestas empresariales es real”, dice Hernández de Cos.
