El muro digital de los trámites administrativos deja a los más vulnerables fuera de servicios esenciales

 

Tras la pandemia, solo una de cada diez personas ha mejorado sus habilidades digitales dentro del grupo con poca formación, menos renta y más de 65 años

EMANOELLE SANTOS

15 DIC 2022 - 16:02 CET

Las tecnologías son factores de inclusión y exclusión. La brecha digital en España potencia las desigualdades sociales y aleja a los más vulnerables de los trámites administrativos digitales, por ejemplo. El motivo principal es que, en una sociedad extremamente digitalizada, las personas que no acceden a este sistema quedan cada vez más lejos de poder realizar tareas esenciales para su función personal y social, según muestra un estudio dado a conocer hoy por la Fundació Ferrer i Guardia. Además, el estudio también desmiente la percepción de que la covid-19 ha disminuido esa brecha: solo una cuarta parte de la muestra cree que sus habilidades digitales han mejorado tras la pandemia. Este número desciende a uno en cada diez al fijarse en los grupos vulnerables digitalmente, como los que tienen poca formación educativa, menor renta y son mayores de 65 años.

Sandra Gómez, coordinadora de la investigación, explica a EL PAÍS que no es una cuestión meramente tecnológica o de infraestructura, sino que va más allá y se trata de la capacidad y posibilidad de hacer un uso benéfico de los dispositivos y de la internet. “Hay una serie de cosas que no se pueden ejecutar, y habilidades que no se pueden desarrollar, si la persona no tiene acceso al dispositivo”, afirma la investigadora. El informe concluye que solo un 16% de las personas con ingresos inferiores a 1.100 euros tienen un portátil o sobremesa, un número que asciende a 56% para los que tienen ingresos superiores al los 3.900 euros. Realizada con 2.500 residentes en España a partir de 16 años, la encuesta se llevó a cabo vía teléfono a un nivel estatal y muestra que un 91,6% de la población tiene acceso a la conexión a internet, sea de manera fija o a través de datos móviles. Aun así, la brecha de acceso todavía no está superada.

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Poseer el dispositivo es esencial, pero el punto clave del estudio está en el empleo y aprovechamiento de esos medios, es decir, la capacidad y posibilidad de usar las tecnologías de la información para ejercer diferentes funciones en el día a día, como informarse, efectuar trámites, acceder a servicios, estudiar y trabajar. “Afecta a absolutamente todas las esferas de la vida: las relaciones personales, pedir una cita, hablar con la escuela de los hijos, el tipo de contenido que consume”, ejemplifica Gómez y añade: “Las desigualdades sociales que ya conocemos se reproducen y se retroalimenta en el entorno digital”.

Brechas y brechas

Existe la brecha de género y la generacional. Pero los factores que más inciden son “los niveles de estudios y económico”, según insistió durante la presentación del trabajo el profesor de la Universidad Complutense de Madrid José Manuel Robles. El 68% de las personas que no han completado los estudios primarios nunca ha usado internet, mientras el grueso de personas que disponen de estudios secundarios y superiores la utilizan a diario.

La formación educativa muestra también la capacidad de realizar tareas administrativas: mientras que el 88% de las personas sin estudios no ha realizado nunca o casi nunca trámites como pedir citas y hacer transferencias por sí mismas, alrededor de un 80% de los que tienen estudios secundarios o estudios universitarios sí los realizan esporádicamente. Es el punto dónde se ha producido un gran abismo digital, debido al rápido proceso de transformación digital de las administraciones públicas y otros servicios. Por eso, el estudio concluye que la realización de trámites digitales “constituye el uso digital en el que se ha percibido una mayor necesidad de mejoría”.

La realización de trámites digitales “constituye el uso digital en el que se ha percibido una mayor necesidad de mejoría”

La edad resulta especialmente llamativa al analizar la capacidad de comprobar la veracidad y fiabilidad de la información que encuentra en la red, además de los aspectos relacionados con la formación educativa. El perfil de inclusión digital baja se caracteriza por una mayor presencia de mujeres (63%), con una edad superior a los 65 años (59,5%), jubilados/as (61%); con ingresos inferiores a los 1.100€/mes (32%) y con estudios primarios (35%). En este grupo, casi el 90% no dispone de ninguna de las competencias para resolver problemas a través de la internet; solo alrededor de un 20% pueden comprobar la veracidad y fiabilidad de la información que encuentra; menos de un 10% saben decir si las webs que consulta son seguras; y cerca del 90% no ha usado nunca la tecnología para la ofimática ni han expresado su opinión en procesos participativos (consultas, peticiones, votaciones, etc.) a través de internet. “El ámbito digital aumenta las desigualdades, porque aquellos más posicionados sacan mejor rendimiento del internet, y los menos posicionados sacan menor”, asegura Robles.

Estas dificultades generan sensación de rechazo. El 27% del grupo con menores capacidades considera que se ha sentido excluidas con cierta frecuencia, porque no han sabido, querido o podido utilizarlas en alguna ocasión. Además, un 42% afirma que la mayor dificultad es no tener a alguien alrededor para ayudar en el manejo de las tecnologías.

Del otro lado, el perfil de inclusión digital alta es casi paritaria (53% de hombres); con una edad entre los 30 y los 44 años (40%); con ingresos entre los 1.800 y 2.700€ (22,5%) y con estudios superiores (54%). Son los que, además de emplear de los beneficios de la red, son capaces de entender los riesgos que presenta.

Revalorización de las pensiones para 2023: pensiones mínimas y máxima de jubilación, viudedad e incapacidad

Las pensiones contributivas en 2023 se revalorización en un 8,5%, teniendo en cuenta el dato de inflación interanual media entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, La inflación anual media ha sido del 8,46% pero se redondearía al 8,5%, según confirma la Seguridad Social. 

Este incremento del 8,46% es consecuencia del índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

Esa revalorización de las pensiones del 8,5% se aplica a todas las pensiones contributivas del sistema de Seguridad Social: Jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia (viudedad, orfandad…) etc. Asimismo, será la misma para los pensionistas del Régimen de Clases Pasivas.

La revalorización se ha calculado considerando el indicador adelantado de inflación de Noviembre (6,8%), publicado. por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato definitivo se conocerá el miércoles 14 de diciembre, aunque no se esperan cambios significativos.

De acuerdo a la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, las pensiones de Seguridad Social  , en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los doce meses previos a diciembre del año anterior.

Pensiones mínimas para 2023

Teniendo en cuenta esa revalorización del 8,5%, las pensiones mínimas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente se sitúan en los siguientes importes:

Jubilación con más de 65 años

• La pensión mínima por jubilación, para titulares con 65 años o más, con cónyuge a cargo, se incrementaría hasta los 13.526,70 euros anuales (966,19 euros mensuales, en 14 pagas).
  
• La pensión mínima por jubilación, para titulares con 65 años o más, con cónyuge NO a cargo, se incrementaría hasta los 10.405,15 euros al año (743,22 euros mensuales).
• La pensión mínima de jubilación, para titulares con 65 años o más, sin cónyuge (unidad económica unipersonal) se situaría en 10.962,62 euros anuales (783,04 euros mensuales).
  

Jubilación con menos de 65 años:

• Con cónyuge a cargo: 12.682,13 euros al año (905,86 euros mensuales).
  
• Sin cónyuge: 10.256,29 euros anuales (732,59 euros mensuales).
  
• Con cónyuge no a cargo: 9.694,26 euros al año (692,44 euros mensuales).
  

Viudedad

• La pensión de viudedad mínima para titulares con cargas familiares, se situaría en 12.682,13 anuales (905,86 euros mensuales).
  
• Pensión mínima de viudedad para mayores de 65 años o con discapacidad igual o superior al 65%: 10.962,62 euros anuales (783,04 euros mensuales).
  
• Pensión mínima de viudedad para titulares de entre 60 y 64 años: 10.256,29 euros anuales (732,59 euros mensuales).
  
• Pensión mínima de viudedad para menores de 60 años sin cargas: 8.305,89 euros anuales (593,27 euros mensuales).
  

Incapacidad permanente

Incapacidad absoluta o total con 65 años o más:

• Con cónyuge a cargo: 13.526,70 euros anuales (966,19 euros mensuales).
• Sin cónyuge: 10.962,62 euros anuales (783,04 euros mensuales).
  
• Con cónyuge no a cargo: 10.405,15 euros anuales (743,22 euros mensuales).

Incapacidad total para titulares de entre 60 y 64 años:

• Con cónyuge a cargo: 12.682,13 euros anuales (905,86 euros mensuales).
  
• Sin cónyuge: 10.256,29 euros anuales (732,59 euros mensuales).
  
• Con cónyuge no a cargo: 9.694,26 euros al año (692,44 euros mensuales).
  

Incapacidad total derivada de una enfermedad común para menores de 60 años:

• Con cónyuge a cargo: 8.081,08 euros anuales (577,22 euros mensuales).
  
• Sin cónyuge: 8.081,08 euros anuales (577,22 euros mensuales).
  
• Con cónyuge no a cargo: 8.011,21 euros anuales (572,22 euros mensuales).
  

Gran invalidez (mínimos también aplicables a Jubilación con 65 años procedente de gran invalidez):

• Con cónyuge a cargo: 20.290,80 euros anuales (1.449,34 euros mensuales).
  
• Sin cónyuge: 16.444,69 euros anuales (1.174,62 euros mensuales).
  
• Con cónyuge no a cargo: 15.607,73 euros anuales (1.114,83 euros mensuales).
  

Pensión máxima para 2023

Con una revalorización del 8,5%, la pensión máxima en 2023 se situará en 3.059,23 euros mensuales (42.829,29 euros anuales).

Revalorización de las pensiones no contributivas en 2023

En cambio, los perceptores de pensiones no contributivas (PNC de jubilación y PNC de invalidez ) y los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV), conservaran durante todo el año 2023 la subida del 15% en sus prestaciones, que ya se les venía aplicando, con carácter extraordinario, desde el pasado mes de julio de 2022.

Por lo tanto, ese incremento del 15% es el que se aplica sobre las cuantías de pensiones no contributivas que se pagaban desde inicio de 2022, no sobre el importe que, con carácter extraordinario, se revalorizó inicialmente desde de julio hasta diciembre de 2022, importe que continuará siendo el mismo a partir de enero de 2023.

Este año 2023 ya no se abonará la “paguilla”

  La llamada paguilla consistía en un abono compensatorio, que se pagó por última vez a inicios de 2022 (en enero). Al cambiar el método de revalorización de las pensiones y pasar de tenerse en cuenta para revalorización de las mismas la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) medio de los 12 meses previos, en lugar del IPC estimado para el año entrante con una posterior regularización a cierre de cada año si el IPC definitivo a cierre de año fuera mayor (como se hacía hasta 2021), ya no procederá para este ejercicio 2023 esa regularización y paguilla compensatoria.

CCOO defiende las cláusulas de revisión salarial para hacer frente a la inflación

 Pensiones, salario mínimo interprofesional y el escenario laboral de cara al año 2023 han sido algunas de las cuestiones que se han tratado este miércoles durante la asamblea de delegadas y delegados de CCOO en Ceuta, celebrada en el marco de una serie de encuentros con el activo sindical de los diferentes territorios.

El secretario general de CCOO de Ceuta, Emilio Postigo, ha enumerado las principales reivindicaciones que afectan a los trabajadores en la ciudad autónoma, que tienen que ver con la revisión del plus de residencia tanto en el sector público como en el privado, que dicho plus no se sume a la cuenta total del salario mínimo interprofesional y que los exámenes para empleo público en Ceuta, se realicen en Ceuta, y no en otras ciudades.

Sordo ha comenzado destacando el trabajo sindical que se hace en los lugares pequeños y se ha comprometido a trasladar las reivindicaciones en torno al plus de residencia en la negociación del SMI para el año que viene. “Este no es un problema expreso de Ceuta y Melilla. Este es un problema que tiene que ver con una interpretación que se está haciendo de la ley, según la cual, los pluses tanto salariales como extrasalariales se incorporan dentro de las subidas del salario mínimo interprofesional, de manera que algunas empresas lo que hacen es absorber esos pluses”.

Pugna por la subida de los salarios

En un plano más general, Sordo se ha centrado en la pugna por la subida de los salarios y las pensiones para combatir la inflación. “Lo que nos está pasando en un periodo muy corto de tiempo, en menos de tres lustros, es que ha habido tres crisis inéditas”, ha dicho el secretario general en referencia a la crisis financiera del 2008, a la pandemia de coronavirus y ahora a los incrementos de los precios como consecuencia, entre otras cosas, de la guerra en Ucrania.

La pandemia, supuso un antes y un después, al ponerse en marcha los ERTE para evitar reducciones salariales y puestos de trabajo, se ha destacado en el encuentro. “Con un ejercicio inédito de solidaridad compartida, salvamos al país”, ha recordado.

Sordo ha defendido el aumento del salario mínimo profesional como herramienta para crear empleo y para salir de la actual crisis, y espera dicho aumento continúe y sea acorde a la inflación de 2022.

“Los precios se han disparatado. Os lo digo como persona que va a un supermercado o que tiene que viajar. ¿Por qué? Porque desde que estalla la guerra se incrementan los precios de la energía, materias primas y alimentos como los cereales, y esto contagia al conjunto de la cesta de la compra”, ha explicado Sordo. “Pero no solo por eso. También porque esos costes de la energía que sufren las empresas los han trasladado los precios al consumo. Esto no tendría por qué ser necesariamente así”.

Al mismo tiempo, se critica desde CCOO, las empresas están intentando congelar salarios. “Esto va de cómo se distribuyen los costes de la inflación y qué parte asume cada uno”. Sordo ha defendido las cláusulas de revisión salarial en las negociaciones de los convenios de cara a los tres próximos años como mecanismo para combatir la actual crisis de inflación. “El concepto de recuperar el poder adquisitivo es fundamental”.

CCOO lucha contra la desinformación y los bulos en Castilla y León

Los expertos en comunicación Ana Pardo, Ignacio Escolar, Verónica Fumanal y Jesús Maraña debaten sobre el papel de los medios de comunicación ante la irrupción de la extrema derecha 

Cerca de 350 personas acudieron al acto “Los medios de comunicación y la irrupción de la extrema derecha”, organizado por CCOO Castilla y León, en el que debatieron sobre información veraz, responsabilidad ciudadana y redes sociales la directora corporativa de Público, Ana Pardo; el director de elDiario.es, Ignacio Escolar; la politóloga Verónica Fumanal, y el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña.

Esta jornada tuvo lugar el 29 de noviembre en la Sala Fundós Forum, en la Plaza Fuente Dorada de Valladolid, de 18.30 a 20:00 horas. Laura Cornejo, periodista de elDiario.es Castilla y León, y Mario Alejandre, periodista de la cadena Ser Castilla y León, moderaron el evento que presentó el secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, y clausuró el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Vicente Andrés definió esta jornada como “un acto importante para el mundo sindical y para el de los medios de comunicación”. “El objetivo es analizar y conocer el impacto el arma de destrucción masiva que son las mentiras y los bulos que están haciendo mucho daño en Castilla y León. La extrema derecha dice, por ejemplo, que va a eliminar 20 millones de euros a los sindicatos y a los agentes del Diálogo Social, cuando lo que en realidad hacen es quitárselo a las personas porque los acuerdos van hacia los parados, hacia los inmigrantes o hacia la prevención de riesgos laborales en las microempresas”.

Por su parte, Unai Sordo, declaró que su presencia en este acto, al igual que en la manifestación del 27N en defensa de la democracia, fue para mostrar su apoyo a las actividades y actos de denuncia que se hacen en Castilla y León ante la irrupción de una estrategia política que “cuestiona de base los principios constitucionales y de convivencia”. “Lo que ocurre en Castilla y León es un breve preludio de lo que podría ocurrir en España si el neofascismo alcanzarse el poder”, indicó el secretario general de CCOO.