jueves, 29 de abril de 2021

Según un estudio de CCOO; Uno de cada seis hombres cree que las mujeres “disfrutan” cuando ellos se les insinúan en el trabajo

 Un informe monográfico sobre el acoso sexual en las empresas, de Igualdad y CC OO, encuesta a más de un millar de mujeres para analizar los patrones, las dificultades para denunciar y buscar soluciones

La trabajadora lo resumió así: “He sufrido comentarios sobre mi culo y mi peso (o falta de él). Y uno de mis jefes, quien me llamaba ‘rubia peligrosa’ o ‘la rubia’ me dijo que el jefe que me hacía mobbing, me trataría mejor si le practicase sexo oral. Siempre entre risas. Pero no por ello menos desagradable”. El testimonio, recogido en un informe monográfico sobre acoso sexual en el trabajo, señala exactamente eso, una forma de acoso y de violencia machista. Se trata de una de las violencias más silenciadas y opacas que sufren las mujeres, en este caso en el ámbito laboral, y con una percepción social que sigue estando distorsionada. Uno de cada seis hombres (16,8%), de hecho, considera que las mujeres “disfrutan” cuando se insinúan sexualmente ante ellas en el trabajo y uno de cada tres (30%) entiende que el hecho de fijarse sexualmente en una compañera es un “halago” para ellas.

Son datos y testimonios del informe Acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral en España, presentado este jueves, impulsado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y elaborado por el sindicato Comisiones Obreras (CC OO). El trabajo recoge las encuestas y sentencias existentes sobre este asunto y entrevista a 1.119 mujeres de todas las comunidades autónomas de España que han sufrido algún tipo de acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo. Según el informe, el 72,7% de las mujeres y el 60,9% de los hombres rechazan que las trabajadoras se sientan halagadas cuando se fijan sexualmente en ellas y el 82,4% de las mujeres y el 74,1% de los hombres niegan que ellas disfruten cuando sus compañeros se les insinúan en el plano sexual, según los datos que provienen de la Encuesta de Percepción Social de la Violencia Sexual de 2018, recogida entre otras en este informe.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha explicado que el informe se ha presentado en fechas previas al 1 de Mayo, día internacional de los trabajadores, “para visibilizar un problema que nos seguimos encontrando: el acoso sexual y acoso por razón de género”. La delegada recuerda que estas actitudes “atentan contra la dignidad, la salud y los derechos de las mujeres”.

El trabajo incide en que existe un elevado porcentaje de infradenuncia, como ocurre con muchos de los delitos cometidos contra las mujeres por el hecho de serlo. Pasa en los casos de violencia en el seno de la pareja —cerca del 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas no habían denunciado previamente a sus agresores— o en las agresiones sexuales: Menos del 10% de las víctimas de agresiones sexuales denuncian a su atacante. En el ámbito del acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo, el 72% de las 1.119 trabajadoras que han presentado su testimonio directo no lo pusieron en conocimiento de su empresa. De ellas, el 62% no lo hicieron por temor a sufrir represalias, vergüenza, o miedo al señalamiento y comentarios despectivos de los compañeros o a perder su empleo. “Una de las primeras acciones a abordar es que las mujeres tienen que ser escuchadas y creídas”, ha pedido Elena Blasco, secretaria de Mujeres e Igualdad de CC OO. Blasco incide en que el mensaje que hay que transmitir a estas mujeres es: “Estamos aquí, te escuchamos, te creemos y vamos a intentar ayudar”.

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Los tipos de acoso más habituales, según el trabajo, son chistes de carácter sexista (83,1%), piropos y comentarios sexuales (75%), gestos o miradas insinuantes (73%), y contacto físico (67%). Estas actuaciones las realizan principalmente superiores jerárquicos (47%), personas de la misma categoría laboral (32%) y otras personas (9%) entre las que se señalan familiares y amistades del jefe (2%) y clientes (2%). No existe un perfil claro de las víctimas pero sí situaciones que aumentan el riesgo. Por ejemplo, si las mujeres son jóvenes, si no tienen pareja estable, si trabajan en entornos muy masculinizados o en los que predomina una cultura de grupo marcadamente sexista, si están en situaciones laborales, sociales y económicas especialmente precarias, informales o inestables o si son migrantes.

Las entrevistadas, de entre 16 y 74 años, “quieren soluciones para que el acoso se extinga de sus empresas o de sus vidas”, ha señalado la técnica de Comisiones responsable del trabajo, Raquel Gómez Merallo, que añade que para las encuestadas “la formación es clave”. “Tendríamos que establecer un sistema de sensibilización para que se entienda que ellas no son culpables de lo que les está sucediendo”, ha añadido.


CCOO ha recordado, este 28 de abril, a las personas trabajadoras fallecidas y afectadas en su salud por la Covid-19

 Las personas trabajadoras que se han visto afectadas por la Covid-19 han sido hoy el centro de atención en las concentraciones realizadas para conmemorar el Día de la Salud Laboral que se celebra cada 28 de abril.


Las personas trabajadoras que se han visto afectadas por la Covid-19 han sido hoy el centro de atención en las concentraciones realizadas para conmemorar el Día de la Salud Laboral que se celebra cada 28 de abril. Se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas, se ha mostrado la solidaridad con las familias, pero, sobre todo, se ha exigido que el coronavirus se reconozca como enfermedad profesional a todas las personas que se han infectado en su puesto de trabajo, especialmente al personal sanitario.

domingo, 25 de abril de 2021

CCOO exige al Gobierno una regulación ambiciosa en materia de vivienda que ponga coto a la especulación

 El presente y el futuro de la ciudadanía, especialmente de la juventud trabajadora, y el propio cumplimiento de un derecho constitucional y humano, como es el acceso a una vivienda digna, no pueden depender de las leyes del mercado.

Ante el grave problema de la población con el acceso a la vivienda y el debate abierto por la Ley de Vivienda que se está negociando, CCOO considera que el Gobierno debe priorizar políticas públicas que doten de seguridad y certezas al conjunto de la población trabajadora y, particularmente, a la generación de personas jóvenes asfixiadas por la imposibilidad de acceder a un empleo estable, a unos ingresos suficientes y a una vivienda digna.

En este sentido, CCOO considera que uno de los primeros pasos para evitar el naufragio de varias generaciones debe ser la aprobación de una Ley de Vivienda que asegure los derechos de la mayoría y ponga coto a los “tiburones de la especulación”, en coherencia con las reivindicaciones que el sindicato está poniendo sobre la mesa y que pretende reforzar con el despliegue de una campaña específica en redes sociales bajo el hashtag #ViviendaXDerecho.

El acceso a la vivienda es un derecho reconocido en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, y que en consecuencia no puede quedar a merced de las leyes del mercado, sino que ha de ser regulado y asegurado por los poderes democráticos. 

Así, en marzo de 2020 CCOO presentó, de forma conjunta con UGT, la “Iniciativa sindical por el derecho a la vivienda”, en la que se plantean, entre otras medidas, fijar precios máximos de alquiler, maximizar el uso del amplio parque de viviendas construidas a través de diversas fórmulas de alquiler público y social, la rehabilitación del parque residencial y un mayor esfuerzo público en materia de vivienda. Como recordaba en su presentación el secretario general de CCOO, Unai Sordo, “es necesario que la vivienda se convierta en un derecho y no en un negocio. España destina uno de los presupuestos públicos más bajos de Europa a política de vivienda (apenas el 0,1% del PIB). Por ello, pedimos al Gobierno que sea valiente, que asuma sus competencias e impulse actuaciones decididas en materia de vivienda pública, social y de alquiler asequible”. 

Recientemente CCOO también ha presentado un informe sobre “La vivienda de alquiler en España”, que incide en que “regular y rebajar los precios del alquiler es una medida fundamental para reducir los niveles de pobreza y exclusión”. Alrededor de tres millones de inquilinos, el 41% de la población que vive de alquiler, dedican más del 30% de sus ingresos a pagar el arrendamiento. “Un esfuerzo excesivo que supera los criterios de solvencia y capacidad de pago que utilizan las entidades financieras”.

 

LA JUVENTUD LIDERA LA TASA DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

La larga crisis económica y social derivada del crack financiero de hace más de una década y las políticas impuestas en España a partir de 2010 truncaron las trayectorias y expectativas vitales y laborales de toda una generación que hoy, tras la nueva crisis provocada por la pandemia, se ve abocada a una situación de precariedad insostenible, compartida con quienes ahora son aún más jóvenes.

El panorama sociolaboral es crítico, a juicio de CCOO, como lo acredita el hecho de que las personas de entre 16 y 29 años lleven liderando la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en España desde el año 2012 (31,7% frente al 25,3% del conjunto de la población, según datos del INE correspondientes a 2019, previos a la pandemia y sus efectos).

Por otra parte, en el primer semestre de 2020 la tasa de emancipación residencial de la población joven en España se redujo en 1,3 puntos porcentuales, pasando del 18,7% al 17,3%, el peor dato desde 2001, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.


jueves, 22 de abril de 2021

“El sistema público de pensiones es sostenible y debe garantizar pensiones dignas y suficientes”

 Para CCOO “el sistema público de pensiones es sostenible y debe garantizar pensiones dignas y suficientes”, hoy y en el futuro. Además, "representa uno de los mayores logros de la reivindicación del movimiento sindical".





Para el sindicato lo más urgente es revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC, garantizar su poder adquisitivo, corregir la reforma del año 2013 y empezar a tomar medidas concretas de reequilibrio financiero de la Seguridad Social, comenzando poco a poco a eliminar los gastos impropios que soporta el sistema.

Por ello, el sindicato ha elaborado diferentes materiales para reivindicar la continuación del actual modelo de reparto, mejorar las pensiones más bajas y reforzar las contributivas, así como alcanzar un acuerdo político sobre las pensiones que contemplen las recomendaciones del Pacto de Toledo

lunes, 19 de abril de 2021

Escrivá, contra todos: impone su ajuste de las pensiones sin consenso a la vista

 Los planes del ministro de Seguridad Social para retrasar la edad de jubilación se topan con el rechazo en bloque de la patronal y los sindicatos, de los socios del Gobierno e incluso dentro de la propia coalición.

  • Escrivá retrasa la parte más dura de la reforma de las pensiones al año 2027
  • La CEOE enmienda la reforma laboral de Díaz y avisa del riesgo para las empresas
  • El Gobierno tirará de préstamos de la UE para financiar el nuevo sistema de ERTE

  • El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, avanza en el diseño de su reforma del sistema público de las pensiones ante la atónita mirada de los agentes sociales, que critican la ausencia de diálogo en una materia capital. El artífice defiende que los cambios planteados cumplen con las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero los socios del Gobierno en el Parlamento recelan de la letra pequeña de las modificaciones previstas, que implican de facto el retraso de la edad de jubilación. Incluso dentro de la propia coalición, en el área de Unidas Podemos, han surgido voces que han cuestionado la reforma propuesta. Otra semana complicada para Escrivá, que tendrá que limitarse a dibujar solo el perímetro de las medidas a adoptar en el Plan de Recuperación que el Ejecutivo enviará a Bruselas en los próximos días. La Comisión Europea, hay que recordar, exige consenso en las reformas. Así las cosas, se antoja complicado.

    Un "monólogo social". Es lo que está haciendo Escrivá, a juicio del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. El dirigente empresarial se pronunciaba en estos términos tras la intervención del titular de Seguridad Social el pasado lunes en la Comisión del Pacto de Toledo, donde avanzó algunas propuestas de su departamento para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, entre ellas el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y la puesta en marcha de un cheque anual para incentivar el retraso de la jubilación. "Si vamos a jubilar a la gente a los 68 años que lo digan, que no lo maquillen", sentenciaba tajante el jefe de la patronal.

    El comentario no es baladí, pues el rechazo político y social generalizado a la reforma de Escrivá gira en torno al asunto del retraso de la edad efectiva de jubilación, que en estos momentos se sitúa en 64,6 años, frente a la edad legal, que en 2021 está entre los 65 y los 66 años y llegará a una horquilla de entre 65 y 67 años en 2027. Para lograrlo, el ministro lleva meses debatiendo varias medidas con la patronal y los sindicatos, aunque estos le acusan de lanzar anuncios a la opinión pública sobre temas que no se han negociado, ni mucho menos acordado. Sucedió este mismo lunes, cuando Escrivá cifró el pago único por cada año de retraso en la jubilación en un máximo de 12.000 euros; sin embargo, La Información ha comprobado que los agentes sociales ya tenían un borrador sobre la mesa antes del fin de semana y, por tanto, eran conocedores de la propuesta desvelada ante el Pacto de Toledo.

    Pero fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que Unidas Podemos no ha puesto objeciones a los planes de Escrivá en el seno del Gobierno. Llueve, en cualquier caso, sobre mojado, pues los socios 'morados' ya pusieron pie en pared cuando el ministro planteó -de manera silenciosa- el incremento del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 35 años. Una opción que después ha sido difuminada, pero que mantiene la esencia de adecuar la ecuación a las nuevas carreras profesionales, en las que las lagunas de cotización son cada vez menos excepcionales. La medida, de llevarse a cabo, supondría un recorte en la cuantía de la pensión en muchos casos, algo que rechazan de plano tanto Podemos como la patronal y los sindicatos.

    Los socios externos del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos también han manifestado su recelo ante la reforma de Escrivá. El portavoz de Más País-Equo, Íñigo Errejón, ha criticado la "obsesión" del Ejecutivo por "intentar que la gente se jubile más tarde". En esas línea, la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, ha cuestionado la penalización a la jubilación anticipada y el diseño de los incentivos a la jubilación demorada por no tener en cuenta la actividad laboral. Desde Compromís han reclamado una evaluación sobre el impacto de estas medidas en el empleo juvenil y han acusado a Escrivá de actuar de manera "unilateral". Mientras el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, se ha mostrado "a la expectativa" y ha recordado que la orientación de la reforma condiciona la llegada de fondos europeos.

    A las organizaciones sindicales tampoco les convence el nuevo índice de revalorización de las pensiones con el IPC que ha diseñado Escrivá y que implica una subida anual con la inflación del año anterior, que se compensaría en caso de ser negativa en los incrementos de los tres ejercicios siguientes, sin afectar a las pensiones mínimas. Tanto CCOO como UGT apuestan por una fórmula más sencilla, que garantice el poder adquisitivo anualmente bajo la fórmula de la paguilla compensatoria. Pero no es el único aspecto que no comparten de la reforma planteada, ya que tampoco están de acuerdo con el esquema de penalización a las jubilaciones anticipadas ni con los incentivos al retraso en la edad de retiro del mercado laboral.

    El nuevo índice de revalorización implica una subida con el IPC del año anterior, que se compensará en caso de inflación negativa en los tres años siguientes

    En la patronal tampoco gustan las propuestas perfiladas el pasado lunes por el ministro Escrivá. Primero, por las penalizaciones al retiro temprano de las rentas altas -algo que, por cierto, tampoco comparten los sindicatos- y segundo, por el destope previsto de las cotizaciones sociales, especialmente de llevarse a cabo sin repercusión en la pensión máxima. También existen muchas dudas sobre el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos y en cuanto al fondo público de pensiones que prepara el Gobierno. Todo ello es visto como "un castigo a las clases medidas, que desincentiva el ahorro, fomenta la economía sumergida y frena el empleo", afirman desde la organización empresarial.

    Con todo, Pedro Sánchez salió a echar un capote a Escrivá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes. Tras las primeras reacciones en contra de la reforma planteada por el titular de Seguridad Social, el presidente del Gobierno aseguró que las medidas son "positivas" y cuentan con consenso dentro del Ejecutivo. Eso sí, enmarcó cualquier modificación legislativa en el marco de la negociación con los agentes sociales. En el Plan de Recuperación, por tanto, no aparecerá la reforma detallada, sino el perímetro de los asuntos a abordar, a saber: además de las medidas para alinear la edad real de jubilación con la edad legal y a mantener el poder adquisitivo de las pensiones; el nuevo sistema de cotización de los autónomos y la adecuación de la base máxima, la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional y el impulso a los sistemas complementarios de pensiones.

  • En la comisión parlamentaria tampoco cayeron bien los planes de Escrivá. Especialmente entre las representantes de los socios de coalición. La portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, acusó a Escrivá de "enturbiar" el acuerdo que ya existe sobre la revalorización de las pensiones, a través de una "fórmula extraña, que no acabamos de entender y puede terminar de ser además injusto". En este sentido, le exigió una reforma integral que blinde el poder adquisitivo de los pensionistas. Además, defendió que el cheque de incentivo a la jubilación demorada debería destinarse a contratos de relevo que garanticen la entrada de los jóvenes al mercado laboral.

jueves, 15 de abril de 2021

¿Estás quemado en el trabajo? Síntomas y consecuencias de un trastorno agravado por un año de pandemia

 El estrés laboral crónico puede ocasionar graves problemas en la salud física y mental de los trabajadores, además de afectar negativamente a la productividad de las empresas

No se trata de un fenómeno surgido a raíz de la pandemia, pero sin duda ha contribuido a empeorarlo: la incertidumbre y los cambios en el entorno laboral, junto con el uso (y abuso) del teletrabajo, han difuminado aún más la separación entre la vida personal y profesional de las personas, hasta el punto de que casi tres de cada cuatro españoles reconocen ser incapaces de desconectar del trabajo y casi la mitad de ellos (el 45 %) sufren estrés laboral, según un estudio de la aseguradora de salud Cigna sobre el impacto global del coronavirus. Si ese estrés se hace crónico, puede dar lugar al burnout o síndrome del trabajador quemado, una condición reconocida por la OMS desde 2019 y que si no se trata puede degenerar en trastornos de tipo físico, emocional e incluso conductual.

Independientemente del colectivo al que se pertenezca, “la pandemia ha aumentado los niveles de estrés en todas las profesiones (…). El cambio drástico de rutinas y hábitos y la disminución de recursos personales y colectivos para hacerles frente han provocado un desgaste emocional que no se debe solo al burnout laboral, sino también a cuadros de ansiedad, depresivos o ansioso-depresivos que muchas veces pueden solaparse”, explica Andrés Córdoba, psicólogo de BluaU en Sanitas. Un fenómeno que se ha producido con mayor intensidad “en aquellas profesiones con mayor trato al público, como Enfermería, Medicina, Psicología, Profesorado o Trabajo Social” incluso con anterioridad a la covid-19.

¿Dónde empieza el ‘burnout’?

Este trastorno tiene su origen en la exposición prolongada a situaciones de estrés por factores como una excesiva carga de trabajo, falta de motivación y reconocimiento y unos compañeros o un ambiente de trabajo tóxicos, entre otros. Circunstancias que se traducen “en una sensación de cansancio tanto físico como emocional, de insatisfacción laboral y de pérdida de compromiso en relación con la empresa”, afirma Carmen Rodríguez, directora del área de Intervención Psicológica de Affor, especialistas en bienestar psicosocial. Unos síntomas que suelen aparecer de forma más habitual entre aquellos especialmente implicados con la compañía, al sentir que su dedicación no se ve suficientemente recompensada.

La falta de concentración y la debilitación de rutinas a consecuencia de la pandemia pueden producir niveles elevados de estrés “que se pueden manifestar en una intolerancia mayor, en dificultades para la comunicación social o en aspectos relacionados con la salud, como alteraciones del sueño, la alimentación o la forma física”, argumenta Roel Koppens, director general en España de la empresa de e-learning Goodhabitz. El fenómeno, ahora agravado, afecta en mayor o menor grado a la mayoría de los trabajadores, hasta el punto de que el 67,58 % de la población activa en España presenta síntomas de ansiedad como nerviosismo, irritabilidad y tensión (presentes en el 86 % de los trabajadores); alteración del sueño (84,7 %); dolor de cabeza (68,8 %) y sensación de agobio (61,5 %), según un reciente estudio de Affor. Todo ello se deja ver también en el uso de medicamentos ansiolíticos y antidepresivos, que experimentaron un aumento del 4,8 % en 2020 (con picos de hasta el 14 % durante el confinamiento), más del doble que el año anterior (cuando crecieron un 2 %).

“En Goodhabitz hemos visto un mayor consumo de cursos relacionados con el estrés y la incertidumbre, y por eso elaboramos un curso interactivo para que, en poco más de tres horas, una persona pueda aprender lo que es el burnout, sepa reconocer las señales y qué hacer para prevenirlo”, cuenta Koppens. En poco más de dos meses, más de 50.000 trabajadores españoles han accedido a esta formación a través de sus respectivas empresas y sectores. “Como Recursos Humanos y como empresas, tenemos una responsabilidad social con el bienestar de los empleados, pero también para garantizar la productividad y la continuidad de su organización”, añade.

El estrés, no obstante, puede ser bueno si se experimenta de una manera controlada: “Cuando se mantienen en unos niveles adecuados, las respuestas de estrés nos ayudan a concentrarnos mejor e incluso a ser más productivos. Pero cuando superamos esos niveles —bien por intensidad o por duración—, producen el efecto contrario: se convierten en bloqueadores, en generadores de malestar”, argumenta Rodríguez. Conviene recordar que el estrés laboral provoca casi el 30 % de las bajas en España, y que las incapacidades laborales por este motivo (el 6 % del total) se extienden durante una media de 83 días, según el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Dentro del marco de la Estrategia 2030, algunos Gobiernos ya están poniendo en marcha acciones dirigidas al cuidado de la salud mental de sus ciudadanos. Así, por ejemplo, destaca el Protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo, empleado en Chile desde 2013 y que contempla cotizaciones adicionales para aquellas empresas con índices de absentismo por encima de la media nacional, al reconocerlo como indicador de riesgo psicosocial. Una situación muy diferente a la que, por ejemplo, se vive en España, donde la ratio de psicólogos por cada 100.000 habitantes (6) es tres veces más baja que la media europea (18). Ya en enero de 2020 (antes del inicio de la pandemia), el Defensor del Pueblo pidió un aumento de los recursos de atención psicológica en el Sistema Nacional de Salud.


martes, 13 de abril de 2021

Unos 230.000 funcionarios de la Administración del Estado podrán teletrabajar tres días a la semana

 Cuerpos de seguridad, sanitarios, docentes y personal de Justicia quedarán fuera de la medida. Cada departamento negociará con los sindicatos los puestos que podrán acogerse

El Gobierno quiere que el teletrabajo pase de ser una modalidad forzada por la pandemia a una opción a considerar entre sus funcionarios una vez se supere el virus. El Ministerio de Función Pública y Política Territorial ha anunciado este lunes que ha alcanzado un acuerdo con los principales sindicatos —CSIF, CC OO, UGT y CIG— para desarrollar el trabajo a distancia para el personal de la Administración General del Estado, que permitirá a la plantilla trabajar a distancia de manera voluntaria tres días a la semana y otros dos de trabajo presencial. “Esta regulación viene para quedarse”, celebra Carlos Martínez, responsable de CSIF. “Cuando llegue la normalidad, esta es la normativa que se aplicará”, añade.

El acuerdo, cerrado tras cinco meses de negociación, tendrá carácter voluntario y reversible, y estará supeditado siempre a que se garantice la prestación presencial de los servicios a la ciudadanía. Además, este trabajo a distancia se podrá autorizar de forma “forzosa” en situaciones excepcionales de fuerza mayor que supongan una restricción de la movilidad, como ocurrió el pasado enero con la borrasca Filomena o durante el confinamiento.

Los firmantes del acuerdo destacan que hasta 230.395 funcionarios podrán beneficiarse de este pacto, si bien habrá que restar a esta cifra diferentes organismos estatales que se quedarán fuera por cuestiones organizativas. No entran en el pacto las Fuerzas Armadas, la policía, el personal sanitario, los profesores y los jueces, los fiscales y otro personal de Justicia. “Estos colectivos se regirán, en su caso, por su normativa específica en materia de teletrabajo”, explicita el documento.

Igualmente, dentro de los organismos que sí están suscritos al acuerdo, habrá que determinar qué puestos pueden teletrabajar, por lo que la cifra final de funcionarios con opción de empleo a distancia podría ser muy inferior a 230.000, apuntan desde los sindicatos. “Va a costar implementar el teletrabajo”, reconoce Carlos Álvarez, responsable de la Administración General del Estado en UGT. “Hace un año, desde luego no estábamos preparados para asumir este cambio. Ahora la situación ha mejorado, pero es pronto para que se implemente a gran escala”, añade.

El acuerdo alcanzado este lunes reemplaza otro suscrito en junio de 2020, que se firmó para guiar el trabajo a distancia durante la pandemia. Aunque a ese marco también optan 230.000 funcionarios de la Administración, las cifras demuestran que no tiene un seguimiento masivo. Frente al pico durante los meses de marzo y abril de 2020, cuando se calcula que dos tercios de este personal teletrabajó (de manera forzada), en marzo de 2021 lo hicieron 46.760 de 178.128. Es decir, uno de cada cuatro.

Una vez entre en vigor, que se espera para septiembre a través de un Real Decreto, cada departamento y organismo de la Administración del Estado realizará un estudio de los puestos que puedan ser desempeñados mediante teletrabajo previa negociación con los sindicatos. Para cada puesto se identificarán varios objetivos de trabajo y se evaluará su cumplimiento, conforme a criterios generales negociados, estableciendo un horario fijo de disponibilidad y localización, así como mecanismos de control para su cumplimiento, como el fichaje y el seguimiento de la gestión y los trabajos encomendados.

Mismos derechos que los trabajadores presenciales

El acuerdo garantiza que los derechos del teletrabajador serán los mismos que los de sus compañeros de modalidad presencial, incluyendo retribución, tiempo de trabajo, formación o carrera profesional, además del derecho a la intimidad y a la desconexión digital. El Gobierno aprobó el pasado otoño una ley para regular el trabajo a distancia que reconoce la igualdad de condiciones para todos los empleados.

El pacto también suscribe que la Administración tendrá que proporcionar los equipos informáticos a los empleados que trabajen a distancia, aunque no concreta si esto conllevará una inversión destinada a la compra de equipos. Carlos Álvarez, de UGT, asegura que, según una encuesta del sindicato de mayo del pasado año, a dos de cada tres funcionarios de la Administración General del Estado no se le había facilitado un equipo para teletrabajar. “A día de hoy sería al revés, lo tienen dos de cada tres”, mantiene Álvarez, aunque con una gran brecha entre organismos: la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el SEPE serían algunos de los mejor preparados.

Así lo demuestran los datos de empleados a distancia en la citada Administración el pasado mes de marzo. De lejos, Hacienda es el organismo con más teletrabajadores: 18.200. Le sigue el Ministerio de Ciencia e Innovación (4.100) e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (3.300).

Teletrabajo en la España vaciada

Una de las principales novedades que contempla el acuerdo es el impulso del trabajo a distancia para mejorar la cobertura de servicios a la ciudadanía en la España vaciada, así como en puestos de difícil cobertura por el elevado coste de la vida, como Baleares.

En estos casos, se podrá establecer una prestación de servicios de carácter presencial de al menos un 10% mensual, de forma que se podrá trabajar a distancia 20 de 22 días laborables. En el acceso al teletrabajo en la Administración se tendrán en cuenta además a las víctimas de violencia de género, discapacidad, otras razones de salud o víctimas de terrorismo.

Acuerdo de teletrabajo

Las condiciones para la prestación de servicios bajo la modalidad de teletrabajo para la persona solicitante y el puesto concreto se incluirán en un acuerdo de teletrabajo, que deberá incluir las condiciones de la prestación del servicio: jornadas en formato remoto y presencial; horario de disponibilidad, tareas, objetivos, criterios de evaluación, ubicación o duración de la autorización, referencia a las causas de suspensión y revocación, así como las posibles condiciones para su prórroga, que no superará en total un tiempo máximo de dos años para la modalidad general.

El acuerdo de teletrabajo podrá ser objeto de renuncia o de revocación y objeto de modificación, previo acuerdo de las partes. En todo caso, el empleado público deberá comunicar cualquier modificación que se produzca en su situación laboral.

martes, 6 de abril de 2021

BECAS AL ESTUDIO

AMPLIACION DEL PERIODO DE DISFRUTE DE VACACIONES Y MOSCOSOS DEL AÑO 2020

  INFORMA        2ª Ampliación disfrute días permiso 2020 Se amplía el período para disfrutar los días correspondientes a las vacaciones...

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